Por: Marcos Silva Martínez – octubre 7 de 2007
La amenaza cierta de privatizar el patrimonio público debe preocupar a todos los colombianos, pero especialmente al 70% de bajos ingresos.
La amenaza sobre el sector salud es dramática. Como lo prueban los hechos, la decisión del actual gobierno, para acatar las órdenes del patrón imperialista, es entregar el patrimonio público de todos los colombianos en mísera subasta, para calmar la avaricia plutocrática de los comerciantes de la salud.
Al Instituto de Seguros Sociales (ISS) lo hicieron aparentemente inviable económica y operativamente, especialmente los dos últimos gobiernos nacionales, a base de sanciones, desidia e irresponsabilidad en el control de la politiquería y la corrupción administrativa. La inviabilidad económica no es real porque, de acuerdo a la información aportada en el debate parlamentario convocado por el senador Iván Moreno Rojas en 2006, el sector salud tiene congelados más de $4.2 billones en títulos de deuda pública (TES), $400.000 millones de la subcuenta de promoción y $800.000 millones de riesgos catastróficos.
La Ley 100 de 1993 y las decisiones de los últimos gobiernos nacionales se encargaron de hacer colapsar la otrora mayor empresa de salud de Colombia. En 1996, el ISS contaba con 11 millones de afiliados y 240.000 Saludcoop. En 2005, los afiliados eran 3 millones en el ISS y 5 millones en Saludcoop. El gobierno asfixió al ISS para garantizar el negocio privado de los comerciantes de la salud.
Ante esta realidad, los alcaldes y gobernadores del país deberían gestionar lo necesario para adquirir, en calidad de propiedad, el patrimonio del ISS que el señor Uribe decidió feriar. De esta manera, se fortalecería la red pública hospitalaria y se le pondría coto al propósito privatizador del Gobierno Nacional.
Si tantos alcaldes y gobernadores incurren en endeudamiento público con destino a obras no prioritarias e inversiones folclóricas, y a veces dudosas, ¿por qué no invierten en infraestructura y dotación del sector salud y fortalecen la red pública hospitalaria? Los candidatos tienen la palabra al respecto. No se oyen.
Ante la arremetida privatizadora del presidente Uribe Vélez, da grima conocer la actitud y posición de los congresistas, diputados, concejales y gremios económicos. ¿Acaso sólo esperan dividendos?
La mayor gravedad de la dramática amenaza estriba en la indolencia de la sociedad civil y, en especial, de ese 70% de pobres consumidores colombianos que, en actitud parecida a la estupidez, continúan apoyando al gobierno y a políticos rapaces, a quienes del elector sólo les interesa el voto para mantenerse en el festín de sus consuetudinarias irresponsabilidades y perversidades.
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