Octubre 12 de 2007
Desde que el superintendente financiero, Augusto Acosta Torres, comunicó su renuncia al ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, en julio de este año, se desataron diferentes hipótesis acerca de los motivos de su salida, la mayoría apuntando a la presión de los gremios afectados con las medidas adoptadas durante su gestión. Ahora que a su lado figura la renuncia del superintendente de Industria y Comercio, Jairo Rubio Escobar, parece que las sospechas están siendo confirmadas y que los inconformes amigos del presidente consideran oportuna la ‘oxigenación’ de estas entidades.
A través de los medios oficiales se vendió la idea de que la salida de Acosta obedecía a su inflexibilidad, notablemente nociva para la dinámica demandada por el sector financiero y bursátil. Según estas versiones, las tensiones provenían del resentimiento por sus fricciones con algunas firmas comisionistas cuando ejercía como funcionario de la Bolsa de Valores de Colombia. Mientras, el Gobierno Nacional realizaba ingentes esfuerzos por justificar la salida de Rubio como una decisión personal, fruto de la finalización de su ciclo en la Superintendencia.
No parece una simple coincidencia que dos de los personajes más importantes en el intervencionismo estatal sobre la actividad de los gremios económicos salgan de escena. Veamos: en el caso de Acosta se afirmó que las 380 investigaciones adelantadas por la entidad eran un indicador de su radicalidad como policía administrativa, pasando por alto que la acumulación de casos obedece a la congestión generada con la fusión de las entonces Supervalores y Superbancaria, originada con el Decreto 4327 de 2005.
Se le reprochó la mora en la expedición de la nueva normatividad sobre operaciones preacordadas, que finalmente nació como un decreto del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no se anota que la urgencia se debía, precisamente, a la necesidad de los actores del mercado bursátil de una nueva definición que condicionara el concepto a un punto que fuera imposible sancionar por este tipo de actuaciones.
También se calificó de exagerado el término de dos meses y medio dedicado a la aprobación de la fusión entre la firma Interbolsa e Inversionistas de Colombia. Crítica que olvida que el trámite se adelantó dentro de los tiempos previstos en la normatividad aplicable y cuya fuerza se entiende más cuando se analiza que la primera es una de las sociedades comisionistas más grandes e importantes del país.
Particularmente, llama la atención el escándalo presentado frente a la multa de 1.000 millones de pesos impuesta a Compañía Suramericana de Seguros SA por exceder el cupo máximo permitido para algunos créditos bancarios otorgados a Portafolio de Inversiones Suramericana SA y a Suramericana de Construcciones. Una vez expedida la resolución que definió la suerte del caso se dijo que la multa era extravagante, ignorando que la cifra fijada, conforme replicó Acosta, constituía a penas un 0.77% de lo que lo que estaba habilitado para establecer y que, comparada con lo percibido por la entidad en virtud de sus actuaciones, resulta irrisoria.
Finalmente, los establecimientos de crédito se mostraron insatisfechos con el incremento de las provisiones, planteado en la nueva normatividad, medida que está encaminada a fortalecer su labor de intermediación en la captación y colocación de recursos. Pero ahora que esta actividad –a pesar de constituir la razón de ser de los mismos– ha pasado a un segundo plano en sus portafolios, se explica por qué la medida les resulta tan incómoda.
En el caso de Rubio, éste afirma que la prensa le obligó a salir dos meses antes de lo previsto al difundir el rumor sobre sus intenciones de renunciar, que su salida no obedece a presión alguna y que en todas sus decisiones tuvo el apoyo incondicional del presidente. Pero todo este conjunto de explicaciones no termina de convencer, más cuando parece una estrategia para contener planteamientos como los surgidos con la salida del ex superintendente Acosta y cuando las tensiones por sus investigaciones sobre el sector financiero, que se encaminaron directamente hacia las comisiones que cobra en las operaciones con tarjeta de crédito y por las cuales se estaban viendo afectados Davivienda, Banco Santander, BBVA y Bancolombia.
Bien se dice que donde manda capitán no manda marinero. Y en este país donde elites económicas y políticas son la misma cosa, donde el interés de los gremios y el gubernamental es el mismo, no es de extrañarse que las recomendaciones del sector privado hayan hecho eco en las decisiones de nuestro parcializado presidente.
Ahora, en reemplazo de Acosta, ha sido nombrado el abogado César Prado Villegas, quien, entre otras cosas, fue vicepresidente jurídico de la Administradora de Fondos de Pensiones Colfondos. En reemplazo de Rubio ha asumido el cargo Gustavo Valbuena Quiñones, también abogado, que por su parte fue gerente jurídico nacional de la Compañía de Seguros La Previsora. Personajes que, como la mayoría de los que ocupan importantes cargos al interior del Estado, han saltado del sector empresarial al público con una facilidad que es complicado diferenciar cuando actúan en uno u otro cargo.
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