Por: Rafael Rincón Patiño – octubre 15 de 2007
La corrupción administrativa es una modalidad de corrupción política que se caracteriza por la apropiación de los bienes públicos. Es una práctica torcida que daña lo público, genera un detrimento patrimonial, le quita legitimidad al Estado y a los gobiernos y lesiona los mínimos sociales de la población más vulnerable.
Esta corrupción genera escándalos y repudio social. Es una corrupción identificada y tipificada en los códigos penales y en los estatutos anticorrupción. Lleva los nombres de peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias. Es la corrupción que tiene principalmente por autores a funcionarios.
Es una corrupción medida internacionalmente con fundamento en variables de percepción, cuenta con indicadores que generan un ranking mundial de estados corruptos, elaborado por una ONG: Transparencia Internacional (TI).
Pero, existe otra corrupción, más perversa que la administrativa y más letal para los derechos de las personas: es la corrupción que captura las decisiones públicas. Es la corrupción que se apropia de las decisiones estratégicas, de la información privilegiada y de las políticas públicas.
Una corrupción fundada en la capacidad de influir, que se hace por cabildeo en los centros de poder, con halagos en los medios de comunicación –premios, portadas–, con reparto de privilegios y estatus sociales en los clubes –venta de humo– y con el ir y venir de los altos directivos, sin escrúpulo alguno, de lo público a lo privado y viceversa –puerta giratoria–.
Es la corrupción silenciosa que no genera escándalos, que, aunque grave, tienen una cobertura blanda y blanca en los medios de comunicación.
Decidir el diseño de un sistema de transporte masivo –un Metro, un Transmilenio–, la compra de una empresa de larga distancia, la privatización o el cambio del régimen legal de una empresa pública de telecomunicaciones, la refinanciación de la deuda pública y el desistimiento de una demanda son decisiones que toma un grupo privilegiado de personas y que se ‘recomiendan’ al gobernante de confianza. Esas decisiones no son deliberadas en los cuerpos colegiados de la democracia.
La autoría de estas decisiones estratégicas radica en una elite que apalanca sus negocios privados en el patrimonio público.
En Colombia, el Grupo Santo Domingo y el Grupo Aval eran dueños del 50% de Orbitel, no porque fueran empresas del sector de las telecomunicaciones sino porque el municipio de Medellín las favoreció con un 50% de inversión; eran socias de EPM y, posteriormente, en 2006 durante la administración de Sergio Fajardo Valderrama, sin debate público alguno, el mismo Municipio de Medellín les compró el 50% del cual eran titulares en una suma tan desproporcionada que hoy es materia de investigación por la Contraloría General de la República.
La ‘captura del Estado’ es una colusión entre particulares y ‘neo políticos’, políticos vergonzantes que, por un lado, abanderan la lucha contra la corrupción administrativa, mientras que por el otro, controlan e influyen las decisiones estratégicas del Estado.
Es un modelo de gestión pública que genera infraestructura social, como consecuencia del enriquecimiento de unos pocos, produce rentabilidad social y asistencia, pero no desarrolla equidad. Es el modelo de gestión que produce un desarrollo por contrato. Es el modelo de gestión municipal en donde el alcalde es gobernado por los contratistas.
La ‘captura del Estado’ no sólo es la apropiación de las decisiones sino también de los procedimientos y de las formas de producción de las leyes. Así, por ejemplo, las empresas captoras, por medio de sus organizaciones cívicas, generan un pacto de gobernabilidad, códigos de buen gobierno y libros blancos para dejar programados los procedimientos de producción de las decisiones públicas.
Mientras en la corrupción administrativa los beneficiarios son los contratistas, en la ‘captura del Estado’ los beneficiarios no son contratistas. El equipamiento urbano, por ejemplo, puede ser presentado como de beneficio social, pero, muchas veces, está generando una plusvalía a las ’empresas captoras’ que los contribuyentes no perciben. Así, un parque lineal al lado de un hotel puede ser vendido públicamente como un proyecto ambiental de recuperación de una quebrada, pero es también una obra al servicio de una empresa captora.
El modelo de gestión pública por ‘captura del Estado’ termina siendo perjudicial para las empresas, pues ellas se dedican a incentivar sus contactos, conexiones y palancas y descuidan la competitividad y la innovación en la producción.
Los empresarios tan metidos en política, con tanto exceso de influencia, son una forma de echarse a dormir, de conseguirse una ventajita para no tener que trabajar más. La ‘captura del Estado’ es una forma de pereza empresarial, un síntoma del temor a competir.
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Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.
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