Por: Yuri Leveratto* – enero 30 de 2012
En la actualidad, las empresas multinacionales están compitiendo silenciosamente por el acaparamiento de los lugares estratégicos del planeta, contando con el beneplácito de algunos países que han cedido parte de su soberanía a entidades externas, a menudo por motivos supuestamente humanitarios, ambientales o indigenistas. En Brasil, por ejemplo, desde hace ya varios decenios, la inmensa zona fronteriza con Colombia, Venezuela y Guyana se ha delimitado oficialmente con el fin de reservarla para algunos pueblos indígenas. Los colonos brasileros fueron obligados a abandonar sus tierras y fueron indemnizados, como en el caso del área indígena Raposa Serra do Sol.
No obstante, según muchos brasileros, entre los cuales se encuentra el comandante militar de la Amazonía, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, el verdadero objetivo de estas demarcaciones es otro: poder disponer de inmensas tierras vírgenes –más de 300.000 kilómetros cuadrados casi totalmente deshabitados–, permitiendo a entidades externas, como ciertas ONG, entrar y llevar a cabo estudios específicos de biodiversidad, exploraciones mineras y explotación de recursos hídricos.
Mientras que en territorio brasilero la zona fronteriza está ‘blindada’ y nadie puede entrar sin la autorización de la Fundacion Nacional do Indio (Funai), la región de la Amazonía que corresponde a Colombia y a Venezuela, así como el departamento colombiano de Vichada, ha sido durante muchos años el centro de operaciones de grupos armados de narcotraficantes que controlan aún hoy parte del área en cuestión.
Cuando, hace cinco años, se anunció al mundo el descubrimiento de un gran yacimiento de coltán en la Amazonía venezolana, se inició una peligrosa competencia con el fin de asegurarse territorios amazónicos, por lo general ancestrales para algunos grupos de indígenas, como los Tukano. Mientras que en Venezuela el gobierno militarizó el área, justamente para evitar el surgimiento de grupos armados ilegales que pudieran controlar el comercio, en Colombia se originó un flujo de traficantes y especuladores que se dirigieron a los departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés, que limitan con el Área Indígena Alto Río Negro, en Brasil.
El coltán, una aleación de columbita (niobio) y tantalita, es un mineral importantísimo para la producción de aparatos electrónicos como teléfonos celulares, computadores, televisores de plasma, videojuegos, reproductores de música y video, GPS, satélites artificiales y sistemas electrónicos para armas de alta precisión, como los llamados ‘misiles inteligentes’. El tantalio es fundamental porque es utilizado en la construcción y miniaturización de condensadores electrolíticos.
En África, la competencia por la apropiación de las reservas estratégicas de coltán ha provocado una guerra en la que, hasta hoy, han muerto 5 millones de personas. El Congo posee oficialmente el 60% de las reservas mundiales, pero el mineral es procesado en su mayoría en Ruanda y Burundi, países desde donde se exporta al norte del mundo. El resto de los yacimientos está situado en un área estratégica entre Brasil, Colombia y Venezuela.
Comúnmente, en Colombia, la autorización para extraer el mineral debe darla Ingeominas. Sin embargo, en lo que respecta al coltán, hasta hoy se han concedido sólo cinco títulos mineros, mientras que el resto de la explotación parece ser ilegal.
La mayoría de los comerciantes ilícitos de coltán está obligada a pagar una especie de ‘impuesto’, de aproximadamente 2.500 dólares por tonelada, a grupos armados ilegales que controlan el territorio, pero una vez que el mineral es transportado a Bogotá se puede vender a unos 60.000 dólares la tonelada. Es grande la preocupación de que los departamentos de Guainía y Vaupés se transformen en lugares sin ley, donde los traficantes de oro y coltán trabajen a sus anchas.
Las áreas donde se encuentran estos dos ambicionados minerales son a menudo lugares ancestrales para indígenas como los Cubeos, Tukano y Puinaves, y la explotación minera indiscriminada e ilícita podría provocar una alta contaminación de los ríos con mercurio y cianuro, además del trastorno de los usos y costumbres de las poblaciones autóctonas. Algunos periodistas colombianos informan, en efecto, que en Puerto Inírida, la capital de Guainía, hay ya casos de prostitución de menores y aumento de la delincuencia común. Sería oportuno que la explotación de los yacimientos de coltán presentes en el territorio colombiano estuviera reglamentada por normas precisas, pero la lejanía de Guainía y Vaupés del centro de Colombia y la falta absoluta de carreteras aumenta la dificultad de implementar serios controles.
Del otro lado de la frontera, en Brasil, se encuentra la enorme Área Indígena Alto Río Negro, que es conocida como la ‘cabeza del cachorro’ por su forma y ocupa una extensión de unos 106.000 kilómetros cuadrados en una zona de selva amazónica atravesada por el río Negro y por uno de sus afluentes, el río Vaupés. Allí, donde está absolutamente prohibida la entrada a los ciudadanos normales brasileros o extranjeros, hay importantes yacimientos de oro, como los ubicados en la serranía del Taraira, y considerables reservas de coltán, como las halladas cerca del llamado Morro do Seis Lagos.
Según algunos periodistas brasileros, dentro del Área Indígena Alto Río Negro se está efectuando búsqueda y explotación ilícita de coltán y de otros minerales que están siendo luego contrabandeados en Colombia, dado los pocos controles presentes a lo largo de la extensísima frontera amazónica entre ambos países. También en este caso sería oportuno que el gobierno de Brasil llevara a cabo rigurosas inspecciones sobre las actividades desarrolladas al interior del área en cuestión para evitar que grupos de mineros ilegales contaminen el ambiente, alterando las costumbres de los pueblos originarios.
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