Por: Yohanna Guerrero – enero 21 de 2012
El pasado 17 de noviembe, miles de estudiantes catalanes salieron a als calles de Barcelona (España) para rechazar la privatización de la educación que ha traído consigo la aplicación del Plan Bolonia en las universidades de toda Europa. La cita por la educación fue cumplida por jóvenes de 25 ciudades del Estado español, que se sumaron a manifestaciones y huelgas similares por todo el Viejo Continente que buscaban parar la implantación de esta política y unirse a las luchas de los estudiantes en otras partes del mundo, como Chile y Colombia.
La avenida Diagonal, una de las arterias principales de la capital catalana y donde se encuentran varios centros universitarios, fue bloqueada durante varias horas de la mañana, según informó el semanario catalán La Directa. La huelga del 17N fue precedida por la ocupación de varias facultades por los estudiantes. En la Universitat de Barcelona siete facultades pararon labores, mientras en la Universidad Autónoma tres cesaron actividades; y tanto en La Politécnica como en el campus Ciutadella de la Pompeu Fabra fueron dos las facultades que se sumaron a la jornada, según indicó la Coordinadora de Asambleas de Facultad, una de las organizaciones convocantes.
Así mismo, en horas de la tarde ese mismo día,más de 15.000 personas participaron en una manifestación que partió de Plaza Universitat, en la zona céntrica de la ciudad, para dirigirse a Plaza Cataluña, dondelos organizadores de la protesta anunciaron que “las aulas vacías de los campus universitarios de Cataluña demostraron el éxito de la jornada de huelga y lucha, convocada en defensa de la universidad pública”. La concentración sirvió para realizar una enorme asamblea, en la que los universitarios acordaron acciones para defender la educación pública, en momentos en que desde el gobierno autónomo catalán se imponen recortes que, de acuerdo con los manifestantes, tienen como objetivo la mercantilización de este derecho.
El llamado Proceso de Bolonia viene implementándose en toda Europa desde 1998 y sus críticos advierten que pretende someter a las universidades públicas a las relgas del mercado, lo que las obligaría a nutrirse de una financiación procedente de agentes privados. Esto ha hecho que las tasas de interés bancario se hayan disparado, especialmente para los préstamos relacionados con la educación. En la Comunidad de Madrid, el gobierno de Aguirre ha decidido estrangular los presupuestos de las instituciones esatales de educación superior para acelerar su ‘ajuste a las condiciones del mercado’ y, en 2009, los recortes se tradujeron en la reducción del 20% de las inversiones en investigación, la congelación de los gastos corrientes y del 70% de las inversiones.
Adicionalmente, se pretende desarrollar el plan llamado España EU 2015, que tiene principalmente tres objetivos: de una parte, la reducción del gasto público en educación, lo que llevaría a la competencia entre universidades por presupuesto, al aumento de los pagos por matrícula y a condicionar el ingreso de estudiantes a la capacidad económica de sus familias; en segundo lugar, el aumento de los ingresos privados hacia las instituciones, lo que condiciona la investigación a los intereses de los mercados y a reemplazar los recursos estatales por recursos del sector empresarial; y, por último, la privatización de la gestión, con la que la financiación dependerá de los resultados económicos y la administración será controlada por empresas privadas, por lo que desaparecerá la democracia universitaria.
La muy posible profundización del Plan Bolonia y la implementación de estas medidas, muy similares a la reforma educativa impulsada en América Latina por los gobiernos de Chile y Colombia, viene motivando la airada respuesta de los universitarios, quienes siguen organizándose e ingeniendo nuevas iniciativas para enfrentar una política que consideran que puede significar el fin de su modelo de educación pública actual. Una de estas iniciativas consiste en educar y formarse en las calles: la llamada Universidad Indignada viene realizando una serie de clases populares en centros culturales y en plaza públicas de distintos barrios, con una media de 80 a 100 asistentes. En ellas se tratan temas como: cooperativismo, medios de comunicación, políticas económicas respecto a la deuda y evolución de los mercados. Todas ellas cuentan con participación de personas que hacen parte de distintas plataformas de lucha social, como la de los afectados por las hipotecas, quienes luchan por la alud pública, etc.
A pesar que desde los gobiernos se repite una y otra vez que no hay más opciones que los recortes, a la vez que se fomentan los beneficios privados, los estudiantes y profesores que han realizado huelgas en colegios, institutos y universidades entienden lo público como un sistema basado en principios de equidad, universalidad y acceso por concurso. Además, mediante los ceses de actividades y las clases populares hacen un llamado para que se desarrollen más movilizaciones por la educación, al tiempo que rechazan el trato de la educación como una mercancía y el analfabetismo funcional que se deriva del debilitamiento del sistema educativo.
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