Por: Camila Ramirez – febrero 25 de 2012
El 27 de octubre de 2011, la multinacional Pacific Rubiales Energy dio la orden de desalojo en los campamentos de Villa Gómez, Oasis y Campo Rubiales. En los hechos fueron detenidos 11 obreros y fueron despedidos 10.000 trabajadores. Norlay Acevedo, uno de quienes perdieron su trabajo, declaró que “después del desalojo, 16 trabajadores hemos sido pedidos por la Fiscalía Séptima de Puerto Gaitán, por los cargos de daño en bien ajeno y obstrucción de las vías. Cuatro de nosotros estamos amenazados: yo vivía en Puerto Gaitán y me toco salir con mi familia”.
Después de que se levantara la mesa de negociación por las negativas de la multinacional canadiense a atender las demandas de los trabajadores, el 24 de octubre de 2011, los obreros del sector petrolero se declararon en asamblea permanente y, frente a esta tercera heulga, Pacific Rubiales tomó duras medidas de represión contra los trabajadores. El presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Rodolfo Vecino, manifiestó que “allí se desarrolló la más salvaje arremetida que puede haber contra el derecho de asociación y libertad sindical, allí se condenó a miles de familias enteras por el sólo hecho de estar afiliado la cabeza de familia a la Unión Sindical Obrera”.
Del 24 al 27 de octubre de 2011, Campo Rubiales estaba cercado por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y del Ejército, que se encargaron de intimidar y engañar a los trabajadores, de acuerdo a las denuncias de los sindicalistas, para desmontar el movimiento que exigía a Pacific Rubiales Energy el cumplimento de sus obligaciones. Gildardo Yacumal, trabajador en el campo, afirmó que “la multinacional mandó unos grupitos para que se camuflaran entre nosotros y reunían a los trabajadores para engañarlos. Le decían a la gente: ‘miren, ¿uds que sacan con esto? Van a perder el trabajo’. Entre el Ejército y la Policía de civil hacían esto, mandados por la misma multinacional. Eso lo descubrimos nosotros, así comenzaron a sacar a la gente”.
El 26 de octubre, la multinacional se declaró en alerta roja: supuestamente, 30 personas encapuchadas entraron a la fuerza a las instalaciones, que ya estaban fuertemente militarizadas. A este respecto, Federico Restrepo, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Pacific Rubiales afirmó que “los encapuchados quemaron los contenedores de alojamiento, se hallaron 120 bombas molotov y otros artefactos explosivos”, y agregó que “detrás de estos hechos hay grupos armados ilegales, porque se trata de gente que ingresa encapuchada a la zona”.
Los trabajadores iniciaron la huelga teniendo en claro, según lo acrodaron en sus asambleas, que no se iban a enfrentar con los uniformados sino que su objetivo era que Pacific Rubiales Energy se sentara a negociar con ellos. De acuerdo con Gildardo Yacumal, su idea “protestar pero no dañar nada: como no estábamos dañando nada, ellos estaban rabones por eso”.
En los últimos días de paro se mantenían en los campos de explotación petrolera unos 3.000 trabajadores, a los cuales les quitaron el agua, la luz, la comida y no había comunicación con el mundo exterior. De acuerdo con los obreros, los celulares se encontraban sin señal e, incluso, se contaminó la comida con combustible. Yacumal denunció que “unas personas fueron al restaurante a rociarle gasolina a toda la comida delante de la señoras [cocineras]. De allí sale la comida para todos los campamentos. Además, el 26 de octubre en horas de la tarde, la Policía dijo que la gente que se encontraba en los campamentos eran unos delincuentes y que tenían la orden de desalojarlos: comenzaron a subir a las malas a los trabajadores [a los buses] y, de esta manera, sacaron a más de 200 trabajadores”.
El 27 de octubre en la madrugada, la seguridad prestada por el gobierno colombiano a la multinacional canadiense llegó a los campamentos a desalojar a los trabajadores que se mantenían en huelga. Algunos fueron conducidos en camionetas y buses para llevarlos al aeropuerto de la multinacional, donde fueron obligados a firmar unas constancias de despido. Al respecto, Yacumal relata: “yo salgo el 27 de octubre a las 4:00 pm. En el aeropuerto nos hicieron firmar una constancia de por qué uno sale de la empresa. En la hoja decía en la parte de abajo que por seguridad, porque a los campos habían ingresado grupos armados. Muchos firmaron porque ya estábamos perdidos y lo único que querían era salir. Nosotros, los trabajadores, podemos decir que no había gente armada, lo único que había eran obreros”.
Por su parte, Rodolfo Vecino denunció que los líderes sindicales que se sentaron con las directivas de Pacific Rubiales a negociar fueron engañados, pues los ejecutivos de la multinacional “dividieron a las comunidades y corrompieron a los representantes de Asojuntas”, dado que, como habían venido denunciando, la intervención de la organización llevó “a los trabajadores a pagar cotas altísimas para tener acceso al derecho fundamental al trabajo”. Como consecuencia del despido masivo de trabajadores, Pacific Rubiales Energy habría aumentado el desempleo en la región, pues “hay entre 2.000 y 3.000 trabajadores que se encuentran en el casco urbano [de Puerto Gaitán], esperando una posibilidad de empleo que hoy es negada por la multinacional. A varios trabajadores los tienen vetados, a otros, como si fuera un perdón, los aceptan después de haber renunciado a la USO”, señaló el presidente de la USO.
El dirigente del sindicato petrolero manifestó que hasta el momento no se ha llegado a pacto definitivo frente al pliego de los trabajadores y recordó que hay compromisos firmados “en un acta de acuerdo donde Pacific Rubiales y el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior y el Ministerio de protección social” señalan las obligaciones de las partes para resolver el conflicto laboral.
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