Por: Rafael Rincón Patiño – octubre 25 de 2007
El parrafito que derramó la copa, el del editorial del New York Times, afirmó que el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Colombia debía ser demorado porque el gobierno no había hecho lo suficiente para juzgar a los criminales violadores de derechos humanos.
En momentos en que se rumoraba una conspiración de los poderes Legislativo y Ejecutivo contra el poder judicial en Colombia, para restarle legitimidad a las investigaciones de la parapolítica, apareció iracundo el presidente Uribe V., en entrevista radial, afirmando airadamente que existe un complot contra él.
La Corte Suprema de Justicia adelanta actualmente una investigación por las alianzas de políticos con narcotraficantes y paramilitares. El último de los implicados fue el primo del presidente Uribe V., Mario Uribe Escobar.
“La mejor defensa es un buen ataque” ha sido la estrategia militar que ha utilizado el oscuro general Rito Alejo Del Río en los estrados judiciales para defenderse, con éxito, de los cargos que se le atribuyen como violador de derechos humanos. Esa misma estrategia del intocable general Del Río, experto en usar testigos dudosos, de anticiparse a imputar acusaciones a sus potenciales denunciantes, es la que ahora emplea el presidente Uribe Vélez para blindarse de las investigaciones preliminares que adelanta la justicia.
Teme el presidente resultar implicado, como autor intelectual, en la muerte de un paramilitar del suroeste antioqueño: parece que la Corte Suprema de Justicia no lo sabía, pero que el presidente lo temía. El presidente pareciera sentir pasos de animal grande.
Su estrategia de defensa consiste en poner al investigador o al juez a la defensiva, en lo que ellos, los potenciales investigados, denominan la ‘guerra jurídica’. El objetivo es obstruir la justicia, quitarle legitimidad a la Corte Suprema de Justicia y despojarla de su competencia. Se trata de hablar duro, gritar si es del caso, asustar, intimidar y finalmente recusar e inhabilitar a los investigadores y juzgadores.
“El que nada debe nada teme” era la consigna del presidente Uribe V. para justificar las capturas masivas de campesinos en municipios como Ituango (Antioquia), Cartagena del Chairá (Caquetá), Florencia (Caquetá), Viotá (Cundinamarca), etc. Hoy, el presidente teme ser investigado y quiere inhibir a sus investigadores con llamadas telefónicas, con acusaciones de complot. Si nada debe, ¿a qué le teme el presidente?
Llamar telefónicamente a un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene competencia para investigarlo, es un acto descomedido e indebido cuando el camino es poner en conocimiento de sus superiores la presunta conducta irregular. ¿Por qué se apresuró el presidente Uribe V. a salirle al paso a las investigaciones? ¿Por qué una defensa antes de tiempo?
Días antes, el ex presidente Belisario Betancur C., ante un requerimiento de la Fiscalía General de la Nación, ofreció todo su apoyo a la investigación que se adelanta para esclarecer los hechos relacionados con la toma del Palacio de Justicia en 1985. Con el presidente Uribe V. no ocurrió lo mismo: al contrario, salió a calificar las acciones preliminares como un complot y pidió la investigación del investigador.
Que se aclare quien mató y quién mandó matar, en el año 2003, a alias ‘René’, jefe paramilitar del suroeste antioqueño, es lo que el presidente debe respaldar. Sin embargo, lo primero que hizo el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue convalidar la dudosa prueba –una carta de alias ‘Tasmania’ al presidente Uribe V., en donde se hablaba de una conspiración contra él, contra el cafetero del suroeste Ernesto Garcés y contra su primo Mario Uribe–. Según el DAS, la carta es un 95% auténtica. ¿Quién le cree al DAS?
El ‘ataque’ presidencial a la Corte Suprema de Justicia ha sido una defensa infructuosa, que ha dejado más dudas que certezas.
Mientras el presidente se defiende, el parrafito que derramó la copa, el del editorial del New York Times, se erige como la punta del iceberg con el que choca el mandatario.
Uribe V. ya no convence en Estados Unidos como convencía cuando estaba Luis Alberto Moreno como embajador en Washington. Su tesis de ausencia de conflicto armado no cala y su guerra contra las drogas está tan desgastada como lo está el gobierno de George Bush.
Es posible que la Corte Suprema de Justicia esté pagando los platos rotos de la no aprobación del Tratado de Libre Comercio, y es posible porque ella está poniendo en evidencia la preeminencia ilegal del narcotráfico y del paramilitarismo en Colombia.
“Uribe V. y su gobierno no han hecho lo suficiente para llevar ante la justicia a los criminales”, sentenció el influyente editorial.
_________
* Director de Hábeas Corpus, consultorio de derechos y gobernabilidad.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
