En El Quimbo, primero la obra y después la licencia

Por: Carlos Valbuena* – febrero 22 de 2012

Amor al río. Cientos de huilenses que creyeron en los anuncios gubernamentales al aceptar la instalación de diversas mesas de trabajo para ‘discutir’ la problemática desprendida del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, una vez burlados en su confianza y dignidad, de nuevo se movilizaron ante el anuncio que confirmaba el desvío del río Magdalena para el pasado 14 de febrero. Sin pensarlo dos veces, con todo ahinco, reiniciaron el Paro Regional por la Defensa del Territorio.

La lucha de este sector del país ha sido intensa y, en su primera fase –paro del 3 al 17 de enero–, logró establecer unos mínimos acuerdos con el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que fueron burlados tras el paso de unos pocos días. De esta manera, el país quedó en vilo por el ataque que sufre el más importante de sus ríos.

Quieren río sin gente

La reactivación del paro se inicia con el llamado a concentrarse a orillas del río Magdalena para evitar su desviación por un túnel de aproximadamente 800 metros, programada por parte de la empresa para iniciarse los días 8 y 9 de febrero y que tenía como objetivo comenzar las obras correspondientes al punto donde ésta necesita interrumpir el curso de las aguas para construir la hidroeléctrica. Llegada la fecha, los representantes de la protesta son llamados a reunirse en Bogotá con el Ministerio del Interior para discutir la situación y, de estas deliberaciones, surge un preacuerdo que fue presentado al Ministerio del Medio Ambiente, que no se compromete con el mismo y tampoco adelanta la convocatoria a la audiencia pública acordada desde el 18 de enero.

En el preacuerdo se le solicitaba al Ministerio del Medio Ambiente actualizar el censo realizado; identificar los impactos de índole socioeconómica, cultural y ambiental; establecer las compensaciones; realizar los estudios y hacer seguimiento y control. De ser aceptadas las peticiones, Asoquimbo se comprometía con el retiro de los manifestantes de la orilla del río para el normal desarrollo de las obras, en la medida en que la empresa garantizara el mínimo vital de las comunidades mientras se establecen –en caso de que las comunidades aprobaran la obra– las condiciones definitivas de reasentamiento y compensaciones. La licencia que otorgó el gobierno de Uribe se pasó por la faja la seria realización de estos cinco puntos.

El silencio del ministerio va de la mano con la orden de desalojo programada por parte de la Alcaldía de Paicol para el martes 14 de febrero, en razón de que la empresa solicitó amparo policivo por considerar que los pescadores estaban invadiendo la margen del río.

Más de un mes

En los primeros 15 días de protesta, la comunidad se ubicó en el puente Paso El Colegio, entre los municipios de Paicol y Gigante, en la vía a La Plata. Desde allí lograron paralizar las obras mediante el bloqueo de la entrada. Posteriormente, la comunidad se trasladó a cinco minutos de allí, sobre un costado del río, para protegerlo y evitar su desvío, mientras en la margen de enfrente se encuentra la empresa Endesa-Engesa. La comunidad se ubicó, exactamente, en la playa de la vereda Domingo Arias (Paicol). Estos son los lugares donde se ha concentrado la protesta, según las circunstancias.

En el lugar han llegado a reunirse aproximadamente hasta 500 manifestantes. Como algunas personas o delegaciones no pueden estar todos los días en el sitio de concentración, salen a cumplir con sus obligaciones cotidianas y regresan pasadas algunas horas o algunos días. Por su parte, la Fuerza Pública también se ha instalado en este mismo sitio, tanto Policía como Ejército, lo mismo que el infaltable Esmad, grupo que tiene como prioridad evitar el bloqueo a la entrada de la obra.

El ministerio le tiene miedo a la audiencia ambiental

En la mesa de diálogo sobre la problemática generada por la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, la exploración petrolera de los municipios de Gigante y Garzón –del proyecto llamado VSM32, de la empresa Emerald Energy– y la destrucción de vías en el suroccidente del Huila, realizada el 17 de enero en Bogotá entre el gobierno y la comunidad, se llegó a un acta de compromisos y acuerdos que contemplaba: la realización de la audiencia ambiental, el desarrollo de mesas temáticas de control y seguimiento que recogieran la información para la audiencia con el acompañamiento de los entes de control, el compromiso del ministerio de tomar medidas para proteger los derechos humanos de los afectados y del medio ambiente a partir del resultado de las mesas del día 3 de febrero y detener el desvío del río Magdalena programado para el día 8 y 9 de febrero.

El día 25 de enero, cuando comenzaron las mesas temáticas, el ministerio rompió el acuerdo, argumentando que una parte de los manifestantes no se había retirado y se mantenían concentrados sobre la margen del río. Es necesario aclarar que estos manifestantes ya no están haciendo bloqueo a la entrada de las obras y muchos de ellos son pescadores que trabajan en esta zona.

A pesar de las dificultades, las siete mesas instaladas –pescadores, campesinos, transportadores y mineros, ambiental, vías y de evaluación– se desarrollan con la presencia de funcionarios de los ministerios de Agricultura y Trabajo, el ICA y el Incoder, y se sumaron la Contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. El desarrollo de estas mesas contaron con la presencia de aproximadamente 3.000 personas y concluyeron que en la región se vive una crisis humanitaria generada por el megaproyecto El Quimbo.

Pese a esto, el Ministerio del Medio Ambiente no procedió con el aval para la realización de una audiencia pública ambiental, debate que es necesario encarar porque la actual licencia y el comienzo del proyecto fueron impuestos por el gobierno de Uribe de manera irregular, proceso que hasta ahora no ha sido replanteado por la administración de Santos.

¿Quién es el invasor?

¿La empresa española Endesa Emgesa o los pescadores que históricamente han permanecido en este territorio? Ante el hecho de calificar a los pescadores de invasores por permanecer en la margen del río, Asoquimbo solicitó amparo policivo a los bienes de uso público, con fundamento en la Ley 1242 de 2008, que declara como bien de uso público una franja de terreno que se extiende 30 metros por cada lado del cauce de los ríos de la nación; y en la Ley 13 de 1990, que reconoce la actividad pesquera como de utilidad pública e interés social. En la misma solicitud se exige que se esclarezca el uso abusivo de la margen del río Magdalena y las invasiones a los bienes de uso público de la nación por parte de la empresa Engesa S.A.

Crisis humanitaria

Desde hace cuatro años, Asoquimbo investiga y denuncia la problemática de El Quimbo, a la cual el Gobierno ha prestado oídos sordos. Esta problemática se ha incrementado y hoy, con el resultado de las mesas de seguimiento y control, se evidencia que en la región se presenta una crisis humanitaria. que obedece a la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, el desplazamiento estatal, el desempleo, el daño de los ecosistemas, las afectaciones psicosociales, la ruptura de los tejidos sociales, los daños al patrimonio arqueológico, el riesgo sísmico y la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados y el derecho colectivo al medio ambiente sostenible.

La crisis bien pudiera multiplicarse de hacerse realidad la construcción de la represa. Pero, además, extenderse a otras regiones a partir de las consecuencias que tendría el embalse del río, sumado a los cambios climáticos que de manera notoria padece el país.

De ser así, la lucha de Asoquimbo y otras comunidades del Huila para que el maltratado río Magdalena sobreviva, debiera ser la lucha de todo el país. ¿Qué se dice en el interior y en la costa norte colombiana?

Desalojados los manifestantes de El Quimbo

El martes 14 de febrero, tras múltiples dilaciones y artimañas oficiales para ganar tiempo a favor de las empresas contratistas, la comunidad huilense opuesta al proyecto del embalse El Quimbo, que implica el desvío del río Magdalena, fue desalojada violentamente por el Esmad. La arremetida policial se llevó a cabo en la playa del río Magdalena (vereda Domingo Arias), entre los municipios de Paicol y Gigante, a cinco minutos de Puente Paso el Colegio (vía a la Plata).

El desalojo, que dejó tres heridos, uno de ellos el obrero de construcción Luis Carlos Trujillo Obregón, quien según reporte del Hospital Universitarios de Neiva perdió su ojo derecho, se lleva a cabo tras mes y medio de protesta de la comunidad huilense afectada de manera directa por el proyecto El Quimbo y tras una frustrada acta de acuerdos y compromisos, firmada el pasado 17 enero y dilatada de manera perversa por parte del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Guardando ciertas formalidades, el acto para el desalojo fue precedido por la lectura de un documento a cargo de la personera del municipio de Paicol, quien llegó al lugar gracias a una lancha facilitada por la empresa Endesa-Emgesa, responsables de la obra. El sitio autorizado para el acto policial, al cual se hacia referencia en el documento, no correspondía al lugar donde se encontraban ubicados los manifestantes. Pese a ello, con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento fueron expulsados del lugar, sin recato ni miramientos con niños y mujeres embarazadas. Cerca de 400 personas, muchas de las cuales son grupos familiares que viven de la pesca, fueron sacadas a la fuerza del lugar y metidas en chivas contratadas y facilitadas por la empresa contratista de la obra. La orden era llevarlos y no parar en sitios cercanos.

Mientras sucedía el desalojo, se encontraba afuera de la misma concentración de protesta otro grupo de manifestantes, integrado por cerca de 250 personas, las cuales no habían podido ingresar porque desde la noche anterior el Ejército impedia la circulación y concentración de manifestantes, excepto para la empresa Endesa-Emgesa, quien sí tenía libre movilidad para sus empleados y sus vehículos. La inconformidad de los manifestantes, entre ellos los representantes de Asoquimbo, los medios de comunicación que empezaron a transmitir desde allí y las gestiones del Observatorio Internacional de Paz (IPO), que acompaña a la comunidad, hizo que aceptaran la entrada de algunos medios de comunciación, excepto los independientes.

Y el ministro no ve

José Antonio Vargas Lleras es el actual presidente de la empresa de energía Codensa, que también presta servicios en Bogotá. Tanto ésta como Emgesa se dedican a la comercialización y distribución de energía, y tienen como una de sus principales capitalizadoras a la empresa Endesa-Enel, propietaria del proyecto El Quimbo. Hay que aclarar que Emgesa es la filial de la empresa española Endesa y que Enel es una empresa de capital italiano. Como ministro del Interior funge Germán Vargas Lleras, hermano del funcionario, quien se declaró “impotente” ante los reclamos elevados por los afectados por el proyecto El Qjuimbo, violados en su integridad física, derechos políticos y humanos.

Para el profesor Miller Dussan, uno de los líderes sociales de la región, llama la atención la declaración de “impotente” del Ministro del Interior ante decisiones y actuaciones de otras instancias oficiales que afectaban la comunidad. Pasividad que permitió, el 14 de febrero, el desenlace parcial que ha tenido este conflicto.

Cronología de una manipulación

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* Publicado originalmente por Desde Abajo.

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