Por: Camila Ramirez – 20 de marzo de 2012
El pasado 23 de enero en el Palacio de Justicia de Buga, Valle del Cauca, María Eugenia Correa, juez tercera Penal Especializada, anunció el fallo absolutorio para los corteros de caña Omar Enrique Sedano, Raúl Chacón, Oscar de Jesús Bedoya , José Oney Valencia y los defensores de derechos humanos Juan Pablo Ochoa y Alberto Bejarano, acusados de concierto para delinquir, sabotaje y lesiones personales agravadas, estos trabajadores fueron acusados después de la huelga de corteros de caña de año 2008, en la que exigían garantías laborales que las empresas azucareras niegan a sus trabajadores. Tres años de audiencias y juicio soportaron los trabajadores, proceso en el que la fiscalía seccional llevó a declarar en contra de los obreros del azucar a 40 testigos, sin embargo, el movimiento de los corteros de caña y los acusados resistieron el largo proceso judicial, amenazas, calumnias y desapariciones forzadas. En el fallo absolutorio la Juez Tercera manifiestó que la fiscalía podía probar el delito de Concierto para Delinquir con el testimonio de José Emilio Londoño Acevedo, pero el testimonio en el juicio no fue claro y su actitud fue intranquila, “fue evasivo en respuesta, impreciso, olvidadizo y al momento de podérsele refrescar memoria con declaraciones o denuncias que había rendido incurrió en serias contradicciones. José Emilio no es el declarante preciso, seguro, coherente que la fiscalía considera”.
Durante el agotador proceso, se comprobó que los trabajadores en el 2008 hicieron uso de los derechos de la protesta social y libre asociación para exigir condiciones dignas de trabajo. La fiscalía a pesar de ser el ente acusador afirmó que: “se tiene claro que muchas personas se congregaban en plazas a debatir el tema del cese de actividades, a reclamar derechos laborales. Nunca se conoció si en realidad alguno de los líderes o asesores del congreso de la republica direccionaban el cese de actividades a cometer actos ilícitos”. Además, las pruebas presentadas por el ente acusador no demostraron que los cuatro corteros de caña y los dos defensores de derechos humanos y por ello el juzgado sostuvo que no se puede afirmar que los corteros “hubieran realizado un sabotaje, lesiones personales ni un concierto para delinquir, por lo tanto permanece incólume la presunción de inocencia y por ello se anuncia sentido de fallo absolutorio para los acusados”.
Tres años de persecución y amenazas
Los corteros de caña denunciaron que durante los tres años de proceso fueron objeto de amenazas, seguimientos por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la FIscalía y el Departamento de Administrativo de Seguridad (DAS). Además, denuncian que en las audiencias se presentaron falsos testimonios y montajes judiciales y que durante el proceso judicial fueron tildados de terroristas, lo cual afectó sus vidas personales.
También fueron enfáticos en precisar que, en el pliego de la huelga del 2008 exigian a las azucareras que no se tomaran represalias contra los participantes de la protesta ya que esta era legal y pacífica, situación que no se cumplió. Los empresarios azucareros tomaran duras medidas después de la huelga mediante despidos masivos y el ingenio Manuelita veto a 27 corteros por pertenecer a un sindicato, además, en algunos ingenios no son contratados por ser sindicalistas.
Diversas organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y abogados, acompañaron y se solidarizaron con los trabajadores corteros de caña en los tres años de proceso, pero al igual que los corteros, estos fueron atacados. Sandra Viviana Cuellar, quien hacía acompañamiento al movimiento de los corteros, sufrió del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada el 17 de febrero del 2011 y Hernán Darío Escobar, abogado defensor del proceso judicial, sufrió un atentado el 13 de mayo del 2011, cuando fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una moto, dos semanas después falleció.
Señalamientos desde la presidencia
En el consejo comunitario 31 de mayo de 2008 el ex presidente Uribe, afirmó: “General Gómez Méndez, hay congresistas que en el pasado lideraron la destrucción de EMCALI, deberían estar en la cárcel, y ahora son los mismos que estimulan tras bambalinas la violencia de los invasores, judicialícelos y métalos a la cárcel”, con estas palabras se refería al senador Alexander López, quien acompañó y asesoró al movimiento de los corteros de caña y después fue acusado de tener vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep). En el 2008 fue judicializado el senador con falsos testimonios, declaraciones alteradas, infiltración y espionaje, además fueron capturados dos de sus asesores.
A pesar de los señalamientos del entonces presidente Uribe, el 15 de septiembre de 2008, cerca de 18.000 Corteros de caña realizaron un paro en los ingenios azucareros, donde exigían la contratación directa con los ingenios, estabilidad laboral, control al peso de la caña, aumento salarial del 30 %; que se les paguen los días que van al médico y los días de incapacidad. Para esto se realizaron marchas, charlas y bloqueos a las entradas principales de las industrias para lograr una mesa de negociación, pero estos diálogos no se realizaron por la dura represión al movimiento de los corteros de caña animadas desde la Casa de Nariño.
Pero, contrario a las acusaciones de Uribe, el 9 de agoto de 2011 la Corte Suprema de Justicia determinó no abrir investigación en contra del senador Alexander López en relación con los vínculos con la guerrilla de las Farc-Ep. La corte halló que miembros de la SIJIN clonaron y manipularon el testimonio de José Emilio Londoño Acevedo, quien aseguraba que López Maya se había reunido y entregado dinero a las Farc-Ep para que se infiltrara en la huelga de los corteros de caña. Además, la Corte estableció la existencia de una persecución sistemática.
Las movilizaciones por trabajo digno continuan
Actualmente los corteros de caña siguen protestando por las condiciones de trabajo y la tercerización laboral, el pasado 12 de enero, corteros de caña bloquearon la entrada del ingenio Pichichí (valle del Cauca) y protestaron por el trato que reciben de las Cooperativas de Trabajo Asociado.
El 3 de octubre de 2011, se movilizaron 4.000 trabajadores de la caña y de nuevo protestaron por las condiciones laborales, manifestando que no tienen un contrato directo, trabajan extensas jornadas, las condiciones son precarias, y denunciaron que tienen que pagar la seguridad social, salud, pensiones, riesgos profesionales y que hoy son contratados por el sistema de Cooperativas de Trabajo Asociado, donde le exigen no estar afiliado a ningún sindicato.
El 27 de marzo se realizará una audiencia pública y oral para la lectura de la sentencia, donde se clausura el juicio de los cuatro corteros de caña y los dos defensores de derechos humanos, La Corporación Humanidad Maestra Vida, organización que acompañó al movimiento de los corteros de caña durante todo el proceso judicial, hoy hace un llamado para que el día 27 de marzo todas las organizaciones sociales se solidaricen con los corteros en su lucha histórica por un trabajo y vida digna.
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