El presidente de la República le recibió en pie, la cabeza levantada,
un brazo suelto naturalmente y el otro a la espalda,
y, sin darle tiempo a que lo saludara, le cantó:
-Yo le diré, don Luis, ¡y eso sí!., que no estoy dispuesto a que
por chismes de mediquetes se menoscabe el crédito de mi gobierno en lo más mínimo.
¡Deberían saberlo mis enemigos para no descuidarse,
porque a la primera, les boto la cabeza!
El Señor Presidente
MiguelÁngel Asturias
Por: Miguel Ángel Beltrán Villegas * – marzo 23 de 2012
En una alocución televisada el 19 de abril de 1980, el entonces presidente de la República Julio César Turbay Ayala (1978-1982), en respuesta al Informe presentado por Amnistía Internacional, donde se denunciaban graves violaciones a los derechos humanos en Colombia señalaba: “El gobierno rechaza por inexactas las referidas apreciaciones y afirma que en este país no hay ‘presos de conciencia’. Nadie ha sido detenido y juzgado por ser sindicalista, médico, abogado, estudiante, campesino, artesano o por pertenecer a un determinado partido político. Lo que ocurre es que entre los sindicados por la comisión de delitos muy probablemente existen personas que ejercen alguna profesión u oficio, pero obviamente no es en razón de su profesión por los que han sido detenidas, sino por la comisión de delitos”
Un cuarto de siglo después, Angelino Garzón, vicepresidente de la República, repite casi textualmente la misma frase: “[En Colombia] Existen presos de organizaciones criminales, de organizaciones armadas ilegales y presos que han violentado la ley. El Estado en Colombia no puede aceptar bajo ninguna circunstancia la existencia de presos políticos, eso sería aceptar la legalización de las organizaciones armadas ilegales y eso no lo vamos a hacer porque son contrarias a la democracia, son contrarias al derecho de la población a vivir tranquilamente, en bienestar y en paz”.
La parodia de Angelino Garzón no deja de evocarnos aquel pasaje de “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”, tan frecuentemente citado: “Hegel dice en alguna parte –escribe Marx- que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen, como si dijéramos, dos veces, pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez como farsa”. Nada más cierto, pues si ayer la expresión afloraba del cinismo de un genuino representante de la clase política tradicional, hoy la hace suya un ex aguerrido dirigente sindical que aunque en ese entonces lideró protestas callejeras contra el “Estatuto de Seguridad”, hace tiempo que abandonó sus ideales sociales y se inclinó ante los poderes hegemónicos, revistiendo sus desmedidas ansias de figuración con un supuesto nuevo lenguaje político.
Lo que sí comparte esta caricaturesca declaración del vicepresidente Garzón es que hoy, como en los tiempos del presidente Turbay Ayala, no sólo las cárceles están llenas de prisioneros de guerra y presos políticos víctimas de montajes judiciales y falsos positivos, sino que el mismo Código Penal reconoce dicho delito, por el que arbitrariamente hemos sido privados de la libertad numerosos académicos, líderes sociales, periodistas y miembros de la oposición que disentimos de las políticas oficiales. El propósito común de estos pronunciamientos no es otro que el de ocultar las realidades de un conflicto social y armado que se ha prolongado por más de medio siglo.
Lo que sucede es que en Colombia –como suele en ocurrir bajo los gobiernos de corte autoritario- se ha proscrito el uso público de determinados conceptos, los cuales han sido anatemizados como “lenguaje subversivo”, pues al mejor estilo de lo que narra el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, en su novela “Yo el Supremo” se pretende crear nuevas realidades a punta de plumazos -y plomazos-. Recordemos que no hace muchos años, una circular dirigida a las representaciones diplomáticas en el exterior, firmada por el Alto Comisionado para la paz de ese entonces, Luis Carlos Restrepo, prohibía el uso de términos como “conflicto armado”, “actores armados”, “comunidades de paz”, ya que aceptarlos era a su juicio legitimar “los grupos armados ilegales”.
La situación parece haber cambiado….pero para seguir igual. El presidente Juan Manuel Santos reconoció hace cerca de un año -en medio de la euforia inicial que despertó en ciertos sectores de la opinión pública su promocionado proyecto de unidad nacional- que en Colombia existe un conflicto armado; concepto que fue incorporado al proyecto de Ley de Víctimas de la Violencia, que circulaba en esos días en el Congreso. Hoy el ex comisionado es requerido por la justicia y el concepto de “conflicto armado interno” discurre como si nada por los diarios nacionales, ocupando la atención de reconocidos analistas del mismo, que como hábiles timoneles acomodan sus naves teóricas a los oleajes de la coyuntura política.
Pero hasta ahí no más. Las consecuencias lógicas que de ese reconocimiento derivan son todavía intangibles. Prueba de ello es que ahora el presidente Santos niega, a través de su Ministro de Justicia, el ingreso de una comisión de verificación de las cárceles encabezada, por la Doctora Piedad Córdoba e integrada por reconocidas personalidades políticas y sociales del continente, para constatar las condiciones en que se encuentran privados de libertad los presos políticos, declarando a reglón seguido la inexistencia en el país de “presos y presas políticos, de guerra y de conciencia”.
Si como afirma el vicepresidente Garzón “a los presos de las FARC se les ha garantizado y se les sigue garantizando el respeto al debido proceso, el respeto a los derechos humanos y se les permite la visita de la familia, la asistencia jurídica y sanitaria” ¿Cuál es el temor de que haga presencia esta comisión humanitaria?, ¿No sería esta una excepcional oportunidad para dar cuenta de las grandezas de “la democracia más antigua y estable del continente” y a la vez destrabar el proceso de liberación de los uniformados retenidos por esta organización insurgente, cuya vuelta a sus hogares anhelamos millones de colombianos?
Seguramente la preocupación surge de que esta misión de observación humanitaria se va a encontrar con una realidad muy diferente: Un trato discriminatorio hacia presos y presas políticos, frecuentemente sometidos a aislamientos, humillaciones y trato degradantes; un régimen penitenciario violatorio de los derechos fundamentales de los internos, que se aplica por igual a condenados y sindicados; una permanente obstrucción a la libre comunicación de los internos con sus abogados defensores -cuando los tienen-; un continuo maltrato a los familiares que van a visitar a sus seres queridos presos. En síntesis, unas condiciones denigrantes para miles de prisioneros que están allí como resultado del conflicto interno colombiano.
La actitud del gobierno frente a la contundente realidad de la existencia de más de ocho mil presos políticos en el país, nos hace evocar la incredulidad de aquellos sabios de la corte florentina a los que Galileo Galilei trataba de demostrarles sus descubrimientos hechos por medio del telescopio que confirmaban las teorías heliocéntricas de Copérnico. Al pedirle a estos eruditos que verificaran a través de su anteojo la existencia de aquellas estrellas que éstos consideraban inexistentes, uno de ellos alega que el telescopio “al mostrar algo que no existe, no es un instrumento muy exacto” por lo que “sería mucho más provechoso, si usted nos pudiera nombrar las causas [razones] que lo movieron a suponer la existencia de astros que cuelgan libremente en las esfera superiores del inmutable firmamento”. A lo que el científico italiano responde con estupor: “¿Las razones? ¿Cuándo de una mirada a los mismos astros y con mis apuntes queda demostrado el fenómeno? ¡Pero señores, la disputa resultaría absurda!” (Bertolt Brecht. Galileo Galilei)
Los inexistentes presos políticos del país han manifestado en un reciente comunicado público que a partir del martes 20 de marzo de 2012, se declaran “en desobediencia y huelga de hambre para exigir del gobierno y las autoridades penitenciarias la ejecución de la visita de verificación nacional e internacional”. Así mismo han reiterado estos fantasmas que deambulan en los pasillos de las más de ciento cincuenta cárceles colombianas que: “La paz, la reconciliación no se logra ocultando la realidad. Los gestos de paz y de buena voluntad deben ser bilaterales”.
* Miguel Ángel Beltrán V. Profesor Asociado Universidad Nacional. Perseguido Político
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