Por: Christian Peñuela – marzo 20 de 2012
En la Universidad Industrial de Santander (UIS) se vive un ´campus de batalla´ entre la represión y la resistencia estudiantil. El Alma Máter de Bucaramanga sigue siendo epicentro de interesantes luchas estudiantiles desde hace varios años, pero también de atroces formas de acallar la libre expresión del pensamiento desde el 2009 . El reelegido rector Jaime Alberto Camacho Pico, cuestionado por sus relaciones con grupos paramilitares, continúa en su cargo desde el año 2006 sin que la justicia colombiana se pronuncie aún sobre las investigaciones y los procesos jurídicos en curso.
2009: entre pruebas, protestas y listados de “indisciplina”
El 4 de mayo de 2009 se conocieron las pruebas sobre el “plan pistola” en una grabación ampliamente difundida por distintos medios sobre la conversación que sostuvo el rector de la UIS y el paramilitar “alias Félix”, el 4 de julio de 2007. En esta conversación se determina el inicio de una estrategia entre la directiva de la universidad y el integrante de este grupo paramilitar donde se programa la elaboración de listados para asesinar estudiantes y profesores que vienen organizándose en contra de las reformas y políticas de la institución educativa y que estén promoviendo ideas de izquierda. Según el rector, la motivación en grabar y sostener estas conversaciones fue impulsada por altas instancias locales y nacionales que al parecer vinculan al ex-gobernador de Santander, el retirado Teniente Coronel Hugo Heliodoro Aguilar, quien pertenecía al Consejo Superior de la UIS y que posteriormente fue inhabilitado de su cargo por estar relacionado con investigaciones sobre parapolítica tras las declaraciones de los paramilitares Heidelberg Cristian Mendoza Angarita, alias “Sargento”, y Alexánder Gutiérrez, alias “Picúa”, desmovilizados del frente “Isidro Carreño” del Bloque Central Bolívar, quienes apoyaron su campaña de elección a la gobernación.
Desde el primer semestre de ejecución del “plan pistola”, estos listados de indisciplina generaron un contexto de amenaza generalizada por parte del grupo paramilitar las Águilas Negras, sin que se conocieran su posible relación con las directivas de la universidad y en el cual fueron objetivo militar sindicalistas, estudiantes e investigadores, como es el caso de la directora del centro de investigaciones de la UIS, Elena Stashenko. Otros “indisciplinados” fueron Johanna Delgado Pinzón y Mario Mantilla, ex integrantes del equipo de periodistas del área de comunicaciones “TELE UIS”, quienes fueron despedidos por no acatar órdenes de altos directivos y del rector Camacho, personas que no deseaban que se realizara registro alguno de las movilizaciones y acciones colectivas en ocasión de las protestas desarrolladas.
En medio de las movilizaciones, el 10 de junio el Consejo Superior y el Consejo Académico de la UIS suspendío el primer semestre académico de 2009, justificando su decisión únicamente por la interrupción permanente de las actividades académicas por las protestas, y que no se pronunció sobre las grabaciones del rector con “alias Félix”. Tras estas medidas unilaterales y sin tener en cuenta las peticiones de los estudiantes de revocar el mandato del rector Camacho Pico, se generó un alto grado de indignación entre la comunidad académica, la cual organizó al día siguiente una movilización de 1.000 estudiantes por toda la ciudad de Bucaramanga. Una de las acciones colectivas más interesantes y pacíficas fue la toma de la Catedral de la Sagrada Familia y el Parque Santander, instalaciones entregadas por los estudiantes, sindicatos y padres de familia a la ciudad 13 días después de la iniciación de la marcha. De igual forma, la comunidad universitaria interpuso 800 acciones de tutela entre los días 16 y 17 de junio y la asamblea general de estudiantes expulsó de las instalaciones de la UIS al Consejo Académico integrado por el rector, 3 vicerrectores, un director de planeación y una secretaría general. Posterior a estas jornadas, se garantizó la reactivación de clases en el mes de Julio pero con el agravante de la continuación con las políticas de seguridad en el aumento en la inversión en vigilancia privada a cargo de la empresa Tecniseg, cuyo contrato por 1.700 millones de pesos consistió en la instalación de cámaras de seguridad en sitios de reunión de asambleas estudiantiles.
2011: ¿Una comunidad universitaria con garantías?
El 10 de Marzo de 2011 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Christian Salazar, anunció que “cada año llegan amenazas con un claro lenguaje paramilitar (en la UIS) y siguen las amenazas […] este tema ha sido motivo de informes al Alto Comisionado, unas veces de forma privada otras de manera pública”. Estas y otras palabras de Christian Salazar fueron claras al referirse que la ONU está pendiente sobre la situación de derechos humanos que se presenta en la UIS y solicitó al Estado colombiano más celeridad en las investigaciones. Sin embargo, la omisión de la justicia colombiana continuó a tal punto que el 15 de junio de 2011 se retomaron algunas movilizaciones por parte de la comunidad universitaria en vista que las condiciones desde el 2009 mantenían un Status Quo policivo, de impunidad frente al caso del rector Camacho Pico y sin garantías de diálogo entre las directivas y los estudiantes.
Los constantes procesos disciplinarios contra líderes estudiantes y los masivos despidos a integrantes del sindicato de trabajadores Sintraunicol y del sindicato de profesores Aspu, fueron algunos de los motivos de la protesta que terminó con enfrentamientos entre el Esmad y los manifestantes que marchaban pacíficamente. Dichos enfrentamientos fueron los argumentos necesarios para que el ex-ministro de defensa Rodrigo Rivera y algunos medios de comunicación tildaran a los estudiantes de guerrilleros y aseguraban que no había dudas de infiltraciones de las FARC y del partido comunista clandestino PC3; afirmaciones que descuidaban las observaciones realizadas por el Alto Comisionado de la ONU en meses anteriores, los motivos originales de la movilización de la comunidad universitaria y el silencio del Gobierno frente al caso del rector y sus posibles vínculos con “alias Félix”.
La anterior situación impulsó al congresista del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, a interponer un derecho de petición a la polémica Ministra de Educación Nacional María Fernanda Campo Saavedra para que retirara del cargo al rector de la UIS y facilitara los mecanismos de diálogo necesarios para resolver las denuncias que han venido realizando los estudiantes, las asociaciones de padres de familia de los estudiantes, los sindicatos de profesores y trabajadores sobre la crisis humanitaria que se vive en la universidad.
Meses después de las movilizaciones y pronunciamientos a favor y en contra de los estudiantes en el mes de junio de 2011, el Observatorio Permanente de Derechos Humanos “Cristhian Roa”, solicitó el 7 de noviembre de 2011 a Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior, a Hernán Jaime Ulloa Venegas, del Programa Presidencial de Derechos Humanos y a Mario González Vargas, de la Procuraduría Delegada Preventiva en Materia de Derechos Humanos, garantías políticas y de protección a los estudiantes marchantes en ocasión de las movilizaciones y paro estudiantil nacional contra la ley 30 de educación superior, conforme a la continuidad de las Medidas Cautelares (MC-181-01) que gozaban los estudiantes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2001. No obstante, de manera sorpresiva el 19 de noviembre de 2011 Mario López Garelli y en autorización del Secretario Ejecutivo de la CIDH informa a María Ángela Holguín Ministra de Relaciones Exteriores, levantar las medidas cautelares, conquista política del movimiento estudiantil santandereano para la protección de los derechos humanos ante los ataques del paramilitarismo desde el 2001, archivando el expediente y desamparando a la comunidad universitaria.
Actualmente, los estudiantes solicitan nuevamente a la CIDH considerar esta decisión en vista que no existe judicialización alguna de los responsables de violaciones de derechos humanos de la comunidad universitaria desde el 2001, pues como lo afirma un integrante de la Corporación Permanente de los DD.HH Christian Roa: “Desde entonces, unas 65 personas y grupos estudiantiles han sido amenazados por grupos al margen de la ley mediante panfletos, correos electrónicos y llamadas… ninguna de las denuncias instauradas ha sido resuelta por las autoridades”.
En medio de un contexto de impunidad y falta de garantías, Óscary Ávila Hernández secretario de la Corporación Permanente de los Derechos Humanos “Christian Roa”, decidió instaurar un derecho de petición el 5 de diciembre de 2011, en el cual solicita se le informe sobre la investigación en curso del rector de la UIS. Martha Lucía Delgado Peña, Fiscal Sexto Especializado Encargado, respondío al derecho de petición de Oscary Ávila en Oficio 572 CUI 680016000160200905551 del 16 de diciembre de 2011 que: “las diligencias seguidas en contra del señor Rector de la UIS Jaime Alberto Camacho Pico se encuentran en etapa de Indagación y actualmente se están realizando las labores investigativas de identificación e individualización del presunto guerrillero alias ´Félix´. Es de advertir que no se puede dar mayor información por la etapa actual en la que nos encontramos”.
2012: impunidad y resistencia
El Observatorio Estudiantil Universitario (Dloea), el Colectivo Informativo Susurro, la Corporación Silgará y los Voceros universitarios Mesa Territorial de Garantías, rechazaron y denunciaron los atentados ocurridos en la UIS el 6 de Marzo de 2012 a las 10:30 am en el cual dos personas resultaron afectadas por la onda producida de un artefacto que fue instalado en una cesta de basura en el segundo piso del Edificio de Ciencias Humanas . Este atentado constituye un acto de represión y de pánico el cual se considera está fuertemente asociado a las amenazas producidas por los grupos paramilitares que no han interrumpido sus amenazas al interior de la Universidad.
Por otro lado, Edilson Fabián Tarazona Serrano, estudiante de quinto semestre de Geología y Anderson Andrés Martínez Caballero, estudiante de sexto semestre de Licenciatura en Matemáticas de la UIS, fueron capturados 16 de marzo de 2012 durante la movilización en defensa del agua del Páramo de Santurbán Santander, convocada por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez de Bucaramanga, el Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán,el Comité por el agua de Bucaramanga y el Movimiento de Conciencia Ciudadana. Esta movilización tuvo el propósito de protestar pacíficamente en contra del proyecto minero de la multinacional Eco Oro Minerals Corp, Antigua Greystar, en donde fue detenido ilegalmente el estudiante Anderson Andrés Martínez por 27 horas. Desafortunadamente, el estudiante Edilson Fabián Tarazona fue judicializado mostrando una vez más la posible estigmatización de los estudiantes de la UIS.
Según Leonardo Jaimes, abogado defensor de los estudiantes y miembro del Equipo Jurídico Pueblos y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), “el 17 de marzo de 2012 sobre las 7:00 pm se desarrolló la Audiencia de Garantías ante el Juez Noveno de Garantías de Bucaramanga donde se legalizó la captura del estudiante. El juez no tuvo en cuenta la golpiza propiciada por los agentes de policía de Bucaramanga cuando se enterararon que era estudiante de la UIS ni tampoco tuvo en cuenta el dictamen de medicina legal el cual reportó 8 días de incapacidad”.
5 años de represión, impunidad y persistencia del movimiento estudiantil santandereano demuestran un tira y afloje entre el paramilitarismo que no ha desmontado su accionar en el país y las organizaciones sociales que no desisten de sus luchas por conocer la verdad sobre los responsables de todas estas violaciones de derechos humanos y poner fin a una administración de la universidad pública más controvertida de Colombia. Sin embargo, los estudiantes con las distintas movilizaciones en la UIS han mostrado un movimiento estudiantil organizado y que cuenta con el apoyo solidario de profesores, padres y madres de los estudiantes y trabajadores que expresaban su voz de rechazo a la administración de la universidad y sus vínculos con el paramilitarismo
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