Por: Sara Wiederkehr·González – Redacción El Turbión Catalunya – marzo 4 de 2012
Los territorios de España como Estado nacional, y Europa como continente, están poblados por inmigrantes. Las olas de migración modernas son evidentemente muy distintas de las antiguas, cuya primera consecuencia fue la población de los territorios, el intercambio de bienes, tecnología, así como elementos culturales tanto materiales como inmateriales. Los seres humanos hemos ido y venido a lo largo y ancho del mundo por razones de ocio, turismo, trabajo, estudio, seguridad económica, social o política. Algunas veces voluntariamente, y otras de forma involuntaria.
En la época actual, las migraciones de seres humanos están contabilizadas. Cruzar fronteras de la mano de un pasaporte, supone quedar registrado en la aduana del país al que se ingresa. Pero tener un pasaporte es, en mucho casos, un lujo. Hay naciones cuyos ciudadanos no tienen derecho a uno, como es el caso de Palestina. Los palestinos tienen un ‘documento de viaje’ otorgado por la Autoridad Nacional Palestina –ANP-, partido que gobierna Cisjordania y que permite, previa autorización, desplazarse entre los diferentes territorios al interior de Palestina y visitar países extranjeros.
Hay personas que viajan y cruzan fronteras sin documento alguno que les acredite su derecho a permanecer en el lugar donde se encuentran, personas migrantes que no quedan registradas en las fichas de la aduana nacional. Son las llamadas migrantes ilegales. Y como consecuencia a las políticas de inmigración que se aplican en el espacio europeo, son sujetas a la estigmatización, la persecución, la detención y la deportación, e incluso a veces la cárcel o el internamiento en centros que no son llamados cárceles pero que cumplen con la misma función: aislar a las personas de la sociedad y confinarlas en un espacio donde cumplen con una pena relacionada con su delito. Porque cruzar fronteras estatales sin el permiso adecuado es un delito, y la persona que lo comete es delincuente.
El proceso de migración empieza en el momento en el que se desea cruzar la frontera nacional de la que se es originario, ya sea voluntaria o forzadamente, regular o irregularmente. Sigue con el establecimiento en el país destino si no hay un retorno; la integración o la reintegración, y culmina cuando se recibe la nacionalidad del país al que se migró. Si se corre con esa suerte.
La Organización Internacional para la Migración (OIM), sostiene que para 2011 la población total de migrantes en el mundo constituye un 3,1% del total de la población. Es decir, 1 de cada 33 personas vive fuera de su país de origen. Mientras que en el año 2000 el número total de migrantes internacionales era de 150 millones, a la fecha se cuentan 214 millones. Entre los países con mayor población de migrantes se encuentran Qatar (87%), Emiratos Árabes Unidos (70%), Jordania (46%), Singapur (41%) y Arabia Saudita (28%). Contrasta con los países con menor cantidad: Indonesia (0,1%), India (0,4%) y Japón(1,7%).
En Europa se estimaban para 2010, 72.1 millones de migrantes internacionales, siendo los países con mayor concentración Rusia con 12.3 millones, Alemania con 10.8 millones y el Reino Unido con 6.4 millones. Es decir, el 8.7% de la población europea total era migrante para ese año, según datos del departamento de asuntos económicos y sociales de las Naciones Unidas (Daes).
De inmigrantes en el Reino Español
En España residen actualmente 5’251.094 extranjeros con permiso de residencia según la Secretaría de Estado de inmigración y emigración. 2’554.618 de ellos, es decir el 48,65%, son residentes de la comunidad europea, mientras que el restante 51,35% corresponde a los 2’696.476 extranjeros de “régimen general”, es decir, por fuera de los acuerdos migratorios de la UE.
La mayoría de personas, más de 900.000 registradas, provienen de Rumanía y las colombianas registradas son 274.171. Es interesante tener en cuenta que siete de los quince países con más residentes extranjeros en el Estado español provienen de la Unión Europea. De los 2.7 millones de personas extranjeras no ciudadanas de la Unión Europea el 28.65%, es decir 772.241 personas, residen legalmente en Cataluña.
Las cifras anteriores excluyen a extranjeros residentes en el Estado español por razones de estudio, prácticas no laborales y voluntariado; quienes se encuentran en situación de estancia de tres meses; solicitantes de asilo y refugiados; y quienes tienen caducada su documentación y están en proceso de renovarla, según datos del informe de diciembre de 2011 del Observatorio Permanente de la Inmigración.
Si bien es imposible realizar una estadística con un margen de error mínimo, la cifra de llegada de personas por vía irregular y en su mayoría través de las rutas marítimas aumentó en un 55% con respecto al año anterior, llegando a 3.100 personas. A través de Ceuta y Melilla, territorios españoles ubicados en el continente africano, las personas intentan llegar al continente europeo nadando, y habiendo detectado esa nueva ruta, la policía se ha movilizado y las intercepciones han aumentado considerablemente. Según datos del Ministerio del Interior, en 2011 llegaron a España 5.443 inmigrantes definidos como ilegales; en ese mismo años se realizaron 30.792 repatriaciones de inmigrantes ilegales y 11.358 expulsiones de personas interceptadas sin documentación en alguna localidad española.
Las razones de la inmigración responden a diferentes aspectos. En su mayoría, se trata de personas desplazadas por razones económicas, políticas y familiares. Buscan en Europa un futuro más sólido y menos precario que en sus países de origen. Dejan atrás su idioma, sus redes sociales, sus rituales cotidianos, para comenzar desde cero en un ambiente que se considera más desarrollado, con posibilidades de estudio y de trabajo. Se encuentran a veces con un panorama de soledad y frustración, no sólo porque en el Estado español la crisis económica afecta en particular a la población mayoritaria y más vulnerable, si no porque el sueño que mucho se creyeron no se hará realidad en Estados capitalistas, donde los inmigrantes pertenecientes a la clase trabajadora no contarán con las posibilidades de acceso al mercado laboral o a la formación profesional necesarias para poder vivir en condiciones dignas.
En la mayoría de los casos de los inmigrantes provenientes del continente africano, el Estado español es sólo un lugar de paso, una estación en su ruta hacia el centro o el norte de Europa. Sin embargo, la imposibilidad de continuar su ruta, les obliga a establecerse en la marginalidad española. Y caen en un sistema depredador. Las calles presencian un aumento del considerado trabajo informal. Los ‘manteros’, que despliegan en las calles sobre mantas objetos de consumo, en su mayoría producidos en china, para los turistas o residentes, deben mirar por encima del hombro para evitar las redadas de la policía. De igual manera, hay vendedores en el transporte público que ofrecen tres encendedores por 1 Euro, cuando en los estancos, aquellas tiendas destinadas a la venta del tabaco se consigue uno por 85 céntimos.
Incluso las personas sin permiso de residencia participan de la economía nacional regular, y trabajan como camareros, en el servicio doméstico, pero sin contratos y por ende sin prestaciones sociales. El periódico The Guardian publicó en 2011 un reportaje en el que se denunciaba que los inmigrantes participan en la economía agrícola, realizando trabajos manuales duros para cualquier condición física, sin percibir a cambio de su fuerza de trabajo un salario justo, y así mismo calificó las condiciones laborales como una situación de esclavitud moderna.
Está pendiente de aprobarse la reglamentación de la Ley de Asilo, considerada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) como “vital” para garantizar los derechos humanos de las personas que buscan aquí mejorar sus condiciones. Igualmente, está pendiente la nueva reglamentación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que han suscitado denuncias por parte de distintas ONG y colectivos por irregularidades, deficiencias, malos tratos y vejaciones en su interior, sin que exista una normativa clara que impida la vulneración de los derechos en su interior.
La Unión Europea firmó el Pacto Europea sobre Inmigración y Asilo el 16 de octubre de 2008, entre cuyos principales objetivos se encuentra conseguir una inmigración legal y ordenada, luchar contra la inmigración ilegal y favorecer la integración de los inmigrantes ilegales. La ley pactada, asume que es necesario un marco normativo europeo común en materia de inmigración, lo que el Estado español está pendiente de realizar y para ello ha propuesto sendas modificaciones a la ley orgánica 4 de 2000. Sin embargo, en el proyecto de modificación presentado, se acepta que la inmigración es un fenómeno que ha adquirido una dimensión con repercusiones tanto económicas como sociales y culturales por lo que debe adaptarse la normativa reguladora a la realidad en cambio constante. En ese mismo sentido, advierte que los flujos migratorios deben canalizarse de tal manera que se ajusten a la capacidad de acogida y a las necesidades reales del mercado de trabajo. Sin embargo, siendo el Estado español “respetuoso y defensor de los derechos humanos”, la plena integración de los inmigrantes y la convivencia y la cohesión social debe ser garantizada por los poderes públicos. Esto último puede sonar contradictorio. En un escenario en el que las leyes de migración se endurecen, mientras las condiciones de vida se hacen más precarias, empezar una vida en un país extraño, como el Estado español, puede ser un verdadero calvario para la clase trabajadora.
Las personas inmigrantes que no tienen su situación regularizada, se encuentran en aquel limbo que se parece mucho al infierno dantesco: una cotidianidad de miedo y persecución, un internamiento forzado en un centro donde hay hacinamiento, malos tratos, deshumanización y falta de normativa. Cuando no, una persecución policial y paramilitar de la mano de organizaciones racistas y xenófobas, actos que se han denunciado en periódicos y a través de actos, como el de 12 de octubre, y el 18D en las calles.
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