Lucha libre - Foto: Omar Vera

Lucha libre - Foto: Omar Vera

Mayo 1 de 2012

El centro de la capital colombia hoy fue punto de encuentro de organizaciones sociales, estudiantes, trabajadores, niños y mujeres que salieron a las calles a conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores unidos por la exigencia de sus derechos y por su rechazo a las políticas laborales y educativas que se han implementado durante el actual gobierno.

A pesar de la intensa lluvia que cubría a Bogotá en la mañana, al menos 20.000 manifestantes se movilizaron por la carrera séptima para llegar a la plaza de Bolívar, demostrando, a través de actos culturales, pancartas y consignas, su inconformidad contra la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el cual entrará en vigencia a partir del 15 de mayo. Adicionalmente, exigieron soluciones concretas al Estado en asuntos como la pésima calidad del sistema de salud; la defensa de los derechos laborales; las reformas al régimen de pensiones, a la educación superior y al régimen tributario, la Ley de primer empleo y la explotación de mano de obra por parte de las transnacionales.

Los sindicatos, protagonistas de la jornada, expresaron también su preocupación por la reciente oleada de amenazas que han recibido varios de sus afiliados y denunciaron los asesinatos, llevados a cabo por sicarios el viernes 27 de abril, de Daniel Aguirre, secretario general del Sindicato Nacional de Corteros de Caña (Sinalcorteros); y el de Mao Enrique Rodríguez, escolta de Carlos Lozano. De acuerdo con distintos líderes obreros, lo que buscarían los autores de estos homicidios y de la campaña de señalamientos y hostigamientos contra las organizaciones sociales del país sería fracturar sus procesos de movilización y rearticulación, como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos.

Movilizaciones a nivel nacional

En las principales capitales, los trabajadores salieron a tomarse las calles para protestar, junto a otros sectores sociales.

En Medellín más de 12.000 personas participaron de la jornada de movilización, que terminó con algunos disturbios entre manifestantes y Fuerza Pública, dejando como resultado un saldo de cinco personas heridas por las granadas de dispersión usadas por la policía y 34 detenidos, de los cuales cinco fueron judicializados por el presunto delito de ataque a funcionario público.

En Cali, un amplio número de organizaciones sociales y de trabajadores participaron de la conmemoración, sumando a más de 7.000 personas a las marchas. Allí también los hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía tenían preparado un enorme dispositivo para disolver la manifestación, que dejó a 11 personas detenidas en la estaciónde policía de El Lido, dos de ellas con posibilidad de ser judicializadas bajo el cargo ataque a funcionario público.

Por su parte, en Bucaramanga se concentraron al menos 3.000 personas en el Parque de los Niños, donde hubo actividades deportivas y culturales, igual cifra que quienes recorrieron las calles de Pereira y Pasto, mientras que en Barranquilla acudieron 2.000 personas a la convocatoria. También se presentaron importantes movilizaciones en Cúcuta, Ibagué, Montería, Sincelejo, Cartagena, Popayán y Manizales, donde la conmemoración fue liderada por mujeres cabezas de hogar.

Operativos policiales

En Bogotá, el exagerado operativo policial de más de 3.500 agentes de la Policía fue comandado directamente por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Luis Eduardo Martínez, y estuvo caracterizado por una brutalidad generalizada y por un gran número de detenciones irregulares.

Hacia las 9:30 am en el Parque Nacional, uno de los puntos de encuentro de los marchantes, se presentó un operativo masivo de requisas a los jóvenes que empezaban a llegar a ese lugar, donde fueron detenidas 25 personas de forma irregular, pues varias de ellas eran menores de edad conducidas por el operativo antimotines y no por la policía de menores. Según testigos, los uniformados aprovecharon la poca afluencia en ese lugar, debida a las obras que se adelantan en la zona, para llevarse a la mayor cantidad de jóvenes posible. Otras personas denunciaron que durante el día se escuchaban comentarios de los uniformados alrededor del cumplimento de una ‘cuota mínima’ de personas que debían retener, especialmente a adolescentes varones.

Hacia las 11:45 de la mañana dos mujeres agentes del Esmad, identificadas con los números 058613 Y 06749, lanzaron granadas de dispersión para dividir la marcha sobre la carrera séptima con avenida Jiménez, dejando heridos en las piernas por las esquirlas a una defensora de derechos humanos y a un ingeniero que hacían presencia en la zona. Luego de esto, se presentaron choques con pequeños grupos de manifestantes y más de 400 hombres del Esmad que partieron la marcha en dos, impidiendo el desarrollo en normalidad de la movilización.

Hacia la 1:30 pm, un operativo de al menos 800 miembros del Esmad fue lanzado sobre la Plaza de Bolívar, donde unas 15.000 personas escuchaban los discursos de los líderes de las centrales obreras. Lanzando indiscriminadamente granadas de dispersión y gases lacrimógenos hacia los manifestantes, la Policía procedió a perseguir a los remanentes de la marcha por las calles aledañas hasta San Victorino y la plaza del Voto Nacional. A pesar de que los oficiales a cargo de los piquetes de uniformados argumentaban haber seguido el procedimiento luego de una escaramuza con un grupo muy pequeño de jóvenes junto al Palacio Episcopal, lo cierto es que un grupo de reporteros pudo escuchar, minutos antes, las ódenes que se transmitían por radio a los motorizados participantes en el operativo, donde indicaban que ya se estaba presionando a los organizadores para desmontar la tarima y desocupar la plaza.

Cerca de las 2 pm, un segundo grupo de manifestantes, conformado por unas mil personas provenientes de las localidades de Bosa y Kennedy, llegó a San Victorino luego de soportar constantes agresiones de parte de la Policía. Luego de una difícil negociación con los uniformados, lograron ingresar a la Plaza de Bolívar, donde se mantuvieron durante aproximadamente una hora, antes de que se cumplieran las amenazas que un teniente del Esmad de apellido Lamprea –que mantenía su rostro cubierto– hiciera a varios de los manifestantes: “nosotros estamos dispuestos a que lleguen hasta allá, pero allá los atendemos”.

Un nuevo operativo a gran escala, que esta vez articulaba a hombres del Esmad, cerca de 1.000 efectivos de la Fuerza Disponible, 60 carabineros a caballo y unas 200 motocicletas de la policía de tránsito, encerró primero la Plaza de Bolívar, hacia las 3:15 pm, y poco después inició la persecución de quienes se mantenían en las calles cercanas.

Las acciones de brutalidad policial llegaron a ser tan generalizadas que, hacia las 4 pm, la Secretaría de Gobierno de Bogotá decidió retirar a los gestores de convivencia –personal encargado de velar por el cumpliento de los derechos humanos en este tipo de situaciones y de mediar entre los uniformados y los manifestantes– de la zona por la falta de garantías y el incumplimento de acuerdos por parte del mando policial. Según ha hecho saber la entidad distrital en un comunicado, la situación será analizada en una reunión entre la Personería, la Administración Distrital y la Policía Metropolitana, convocada para el miércoles 2 de mayo, mientras se acrecientan los rumores sobre que entre los altos cargos de Bogotá se estaría hablando de la posibilidad de pedir el cambio del general Martínez, dados los excesos de fuerza cometidos por el Esmad en recientes protestas.

Al final de la jornada, el balance presentado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos señala que tres personas resultaron heridas por los explosivos empleados por el Esmad y 185 fueron detenidas en las correrías de la Policía, entre ellas 7 menores de edad y tres mujeres que fueron conducidas por los uniformados –una de ellas en estado de embarazo–. Uno de los menores detenidos fue judicializado por el cargo de ataque a funcionario público, mientras espera los resultados del proceso.

Las irregularidades incluyeron la detención de personas por portar pancartas o documentos alusivos a las marchas del primero de mayo, por tener una forma de vestir que resultaba ‘sospechosa’ a los agentes o simplemente por ser jóvenes que se encontraban en la zona. Incluso, muchas de las personas que fueron forzadas a abordar las tanquetas, camiones o patrullas de la Policía ya habían salido de la marcha o ni siquiera participaron en ésta, por lo que no se explican por qué los agentes los acusan de estar participando en disturbios o de portar explosivos.

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