Por: Sally Burch – noviembre 21 de 2007
Más de 2.000 mujeres se movilizarán en Colombia, hacia la frontera con Ecuador, los días 22 y 23 de noviembre del presente año. El 23 se reunirán en el puente internacional de Rumichaca con otras 500 mujeres ecuatorianas. Esta movilización simbólica apunta a dar visibilidad a la situación de desplazamiento y refugio de las mujeres del sur de Colombia y planteará el establecimiento de una mesa de interlocución binacional para atender esta problemática.
Este acto simbólico, que se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), está encabezado por las organizaciones colombianas Ruta Pacífica de las Mujeres (RPM) y la Organización Femenina Popular (OFP). Desde hace 11 años, la RPM viene realizando una marcha en estas fechas a favor de la paz en su país.
En entrevista con ALAI, dos organizadoras colombianas de la marcha hablaron sobre la situación de las mujeres afectadas por la guerra en su país -donde hay cerca de cuatro millones de personas desplazadas-, así como de la situación del país. Ellas son Marina Vallejo, de la RPM, y Yolanda Becerra, de la OFP.
Estas activistas cuentan como las mujeres no sólo viven las consecuencias del desplazamiento, de las muertes, de la desaparición, de la persecución sino que son las principales encargadas de seguir sosteniendo la vida de quienes quedan, sin contar con el apoyo institucional adecuado. “Tenemos que dar seguridad a nuestras familias, remendar el tejido familiar, el tejido de las comunidades, el tejido de nuestros pueblos. Y, además, nosotras tenemos que mantener la esperanza”, destaca Becerra.
Otra consecuencia del desplazamiento es que las mujeres -sobre todo cuando dejan el campo para ir a las ciudades- tienen que abandonar su forma de vida para dedicarse a la mendicidad o incluso a la prostitución -sea voluntaria o forzada-. La situación de desarraigo y el brusco cambio de modo de vida tienen múltiples consecuencias que no son vistas: el desgaste, las enfermedades y las cargas emocionales y psicológicas. Además, la violencia sexual es muy común en los centros de desplazamiento, donde incluso muchas niñas y jóvenes son abusadas.
Estas organizaciones escogieron el sur de Colombia para la movilización de este año, debido a que es uno de los puntos donde actualmente se desarrolla el conflicto armado y social con mayor fuerza. “El presidente Álvaro Uribe, en medio de toda su política internacional y su propuesta de paz, la invisibiliza, la niega -señala Becerra- entonces, nosotras las mujeres, con este ejercicio político, queremos visiblizarlo, denunciarlo pero también construir alternativas en búsqueda de la solución a esa problemática”, enfatiza.
La participación ecuatoriana en la movilización apunta a la formación de una mesa de trabajo binacional entre los dos gobiernos, que empiece a discutir los problemas pero con la participación de las implicadas directas, que son las víctimas del desplazamiento y el refugio, como también con organizaciones de mujeres colombianas y ecuatorianas.
Estas activistas reconocen que la actitud del gobierno de Rafael Correa, al considerar a los refugiados como ciudadanos en una situación especial, es muy distinta a la de Uribe, pero destacan que Ecuador no alcanza a dar salida a un problema tan grande, con alrededor de 250.000 refugiados y refugiadas, por lo cual se requiere de políticas macro y más concertadas con Colombia.
“Tiene que haber una voluntad política para construir una Colombia equitativa para todas y todos, basada en la justicia social, basada en la reconstrucción de los derechos de los colombianos y las colombianas”. Y en esta construcción las mujeres quieren tener voz.
“Consideramos que la guerra es una de las expresiones, y quizá la más alta, del patriarcado -acota Vallejo- por la capacidad destructiva que tiene, por la capacidad de negación de los otros y las otras, por la subordinación a que somete a la población en general, por como la guerra se comporta con las mujeres, lo que significa el cuerpo de las mujeres en el entramado de las guerras”.
Y añade: “creemos que mientras exista la industria militar y existan los intereses de países potencias y la búsqueda de la seguridad nacional en contra de otros, la producción de armas también genera el negocio de la guerra. Consideramos que las guerras siempre son un negocio. En Colombia también terminan siendo un estilo de vida de muchas personas, fuentes de ingresos y de poder, fuentes de dominación y de opresión muy profundas”.
Verdad y justicia, no impunidad
Colombia tiene una historia de más de 40 años de conflicto armado. Por los años 60, “prácticamente se pasó de una guerra bipartidista a unas guerrillas que empezaron a tener, digamos, una visión de cambio de la sociedad -comenta Becerra-. Pero nunca ese proceso tuvo una visión de negociación, ni por parte de los gobiernos, [ni] de los demás establecimientos de Colombia ni por parte de las guerrillas”. Y añade: “Es una realidad que tenemos que asumir cotidianamente porque no podemos hacer nada sino hacer presión política porque se logre una salida negociada que termine con esta situación ya tan larga. Es necesario que Colombia empiece a mirar los procesos de verdad, justicia y reparación, las garantías de no repetición, que empiece a caminar realmente a una transición”.
La activista señala que la única negociación que hubo fue con los grupos paramilitares, pero que la negociación es un proceso que requiere del concurso de la sociedad. “No pueden ser negociaciones por fuera, entre ejércitos, entre el Estado y las guerrillas, sino que tiene que tener la participación de la sociedad en general. Las mujeres le estamos apostando a esto. Nosotras creemos que Colombia necesita radicalmente una salida negociada, que debe haber acuerdos humanitarios, que ahí tienen que poner las partes sus posiciones y buscar que Colombia logre otro sendero de paz y de mayor democracia y justicia. Un sendero que erradique la impunidad, que es del 95%”.
Al referirse a las causas estructurales del conflicto en Colombia, Becerra señala que “es un país tan rico que tiene las condiciones para que las colombianas y los colombianos vivamos dignamente, pero también es un país en donde cada día la concentración de la riqueza hace que la redistribución de ésta no llegue a las mayorías; y ya no sólo se habla de pobreza, sino de miseria”, incluso de poblaciones enteras, como lo ratifica un reciente informe de las Naciones Unidas. La activista enfatiza que “el empobrecimiento es muy grande en las comunidades campesinas. El campo está quedando en manos de unos pocos y de grandes megaproyectos. Todo lo que era el desarrollo campesino, el desarrollo del cultivo del pan coger, eso ya no se ve. Se ven grandes extensiones de tierra con palmas, con caucho, con búfalos, y eso a costa de sangre, desplazamiento y muerte de los campesinos”.
Siendo que Colombia no ha tenido una Reforma Agraria, uno de los elementos del conflicto armado es justamente la disputa del territorio. “Ahí es en donde están las riquezas -destaca Becerra-. Si miramos en dónde se desarrolla el conflicto en Colombia, es en las zonas y en las regiones más ricas. Por ejemplo, el Magdalena Medio es una zona en donde está la refinería más grande de Colombia y la segunda mina de oro más grande de Latinoamérica. Allí se desarrolla el conflicto totalmente descarnado. Si miramos lo que está pasando en este momento en el suroccidente, en el Chocó, en Nariño, están en disputa todas las riquezas que hay allí y la apuesta del desarrollo de megaproyectos”.
Articular la resistencia
“Creemos que hay que trabajar muy fuerte en Colombia para volver a recuperar los movimientos sociales como sujetos políticos -destaca Becerra-, porque los momentos de crisis que hemos vivido y el desplazamiento han hecho que este sujeto político se pierda. Y creemos que cualquier país que quiera construir democráticamente necesita movimientos sociales fuertes”.
En esta reconstrucción las organizaciones de mujeres están dando el ejemplo. Tanto la RPM como la OFP apuestan a la movilización social como estrategia y, por ello, están trabajando juntas. “Creemos que los derechos se defienden en lo público y, por eso, para nosotras la movilización es un instrumento de trabajo muy importante, para denunciar, para exigir, para vigilar nuestros derechos”, enfatiza Becerra.
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Publicado originalmente en ALAI Amlatina.
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