Agosto 22 de 2007
“Es lamentable para el país que, a nivel mundial, se estén nacionalizando los hidrocarburos para dar seguridad energética a los Estados y que las reservas de nuestro crudo vayan a quedar en manos de accionistas privados”. Así señaló, en rueda de prensa ofrecida esta mañana en Bogotá, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Jorge Gamboa Caballero, refiriéndose a la entrada al mercado de un paquete del 20% de las acciones de Ecopetrol que el gobierno pondrá a la venta a partir del próximo 27 de agosto, con el objetivo de que sean adquiridas, principalmente, por empresas del sector solidario.
La medida, aprobada por el Congreso de la República a finales del año pasado, ha suscitado el rechazo por parte de la principal organización sindical del país, que ha indicado que detrás de esta transacción hay una intención de especular con las acciones para generar “dividendos imposibles” a los compradores: principalmente capitales provenientes del sector financiero, de las multinacionacionales y del narcotráfico, “los únicos con capacidad de compra de estas acciones […] 17 millones de habitantes no tienen con qué comprar estas acciones porque están en la miseria”, señalo Gamboa Caballero a los periodistas presentes en la rueda de prensa.
Refiriéndose a las recientes declaraciones de alias ‘Julián Bolívar’, comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, en las que señaló la participación de más de 600 empresas contratistas, que prestan diversos servicios a Ecopetrol en el Magdalena Medio, en la financiación del paramilitarismo en la zona, el presidente de la USO señaló que “los beneficios irían directamente a parar a manos de quienes manejan estos capitales”, relacionando las constantes violaciones a los Derechos Humanos con los altos beneficios del negocio petrolero.
Adicionalmente, la USO, en sus declaraciones de esta mañana, denunció la campaña de amenazas contra sus más destacados dirigentes por parte de las autodenominadas ‘Águilas Negras’ y solicitó a todo el pueblo colombiano no participar del negocio accionario propuesto por el Ejecutivo, pues implica la destrucción de Ecopetrol, la empresa más rentable en Colombia, por vía de un proceso de capitalización que calificaron de “falso y mentiroso” por la incapacidad de garantizar las condiciones prometidas a los compradores y por pretender la privatización de los recursos de los colombianos.
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