Por: Marcela Zuluaga – enero 25 de 2019
Alirio Arango dejó atrás la guerra y hoy le apuesta a seguir luchando por sus ideas desde la vida civil, como integrante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y consejero político de quienes dejaron atrás las armas y hoy se encuentran en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Antonio Nariño, ubicado en Icononzo (Tolima). Hablamos con él sobre la situación de los excombatientes, los riesgos que corren, sus proyectos y lo que les ha cumplido e incumplido el Gobierno Nacional.
Estas preocupaciones no son pequeñas para los excombatientes. Desde inicios de 2017, cuando llegaron de las sabanas del Yarí en el departamento del Meta hasta la vereda La Fila de este municipio, un lugar cercano a ese río Sumapaz del que tantas historias pueden dar cuenta, para realizar su histórica entrega de armas y dar el paso a la vida civil, los 295 hombres y mujeres que antes se jugaron la vida en la guerrilla han tenido que hacer de todo para lidiar con los incumplimientos del Estado a lo que se acordó luego de más de cinco años de negociaciones. Esto incluye vivir en casas fabricadas con placas de asbesto, un material que en Colombia no es ilegal a pesar de que múltiples países lo han prohibido por su relación con múltiples enfermedades, incluido el cáncer de pulmón, mientras reciben capacitación técnica laboral, desarrollan distintas actividades productivas, se organizan y siguen adelante con ese proceso de reincorporación a la vida civil con el que se han comprometido, para lo cual este espacio resulta vital hacia el desarrollo de su actividad comunitaria, asociativa y política.
MZ: –¿Qué iniciativas están adelantando y qué le piden al Gobierno Nacional?
AA: –Primero, que se compre el predio del ETCR, del caserío, para hacer de esto una ciudadela, crecer y hacer un desarrollo urbano desde una óptica ambiental y ecoturística, una consolidación plena con el territorio y las comunidades. Así como el gobierno no ha resuelto el tema de propiedad, tampoco nos ha asignado terrenos para la producción colectiva y la reparación económica.
Lo que nosotros hemos hecho, de manera autogestionada, es generar un proceso de asociatividad con tres cooperativas multiactivas, una por cada sector productivo: una agropecuaria, con cultivos de plátano, aguacate, arveja, frijol y sacha inchi; también la manufactura y de industria, realizando confecciones y estampado; y, por último, una de servicios de hospedaje, restaurante y turismo. Desde todas ellas se están desarrollando alrededor de 30 líneas productivas.
Por la parte de la cooperativa agropecuaria, estamos hablando con los vecinos campesinos para que se pueda entrar en un proceso de arriendo de predios y ponerlos a producir. También se están construyendo 8 alcantarillas en 2 kilómetros de las vías de acceso al espacio territorial. Además, se tiene aprobado por el Fondo [Colombia en] Paz, y en convenio con la alcaldía, la construcción del acueducto veredal.
Se está desarrollando, a su vez, un proyecto de gallinas ponedoras, pollos de engorde y conejos con la Corporación Mundial de la Mujer, pero decidieron parar la ejecución a raíz de los cambios de la situación política de riesgo de los acuerdos de paz y debido a que no estaban definidos los espacios territoriales y a la incertidumbre de una inversión estable en un sitio que todavía no se sabía su perdurabilidad.
Cabe resaltar que el compromiso de los excombatientes con la paz, la legalidad y la permanencia en este casco urbano continúa porque su apuesta es lograr un desarrollo organizado en las áreas administrativa, de salud, deportiva, cultural, de ecoturismo y recreación, y zona franca industrial, es decir, tenemos grandes planes acá.
MZ: –¿Cómo ha sido el recibimiento y la relación con la gente de las veredas vecinas?
AA: –Desde el principio el recibimiento fue muy positivo. La relación con la comunidad ha sido muy buena. Primero que todo, aquí ganó el ‘sí’ [en el plebiscito por la paz de 2016], y la actitud tanto de la alcaldía como de las demás instituciones ha sido de mucha apertura y de integración con nosotros. Tenemos muy buen relacionamiento con las juntas de acción comunal, con las asociaciones cooperativas y las fundaciones de la región, por ejemplo, de víctimas, mujeres, campesinos y organizaciones comunitarias, entre otras. Estamos promoviendo la organización juvenil con cultura y deportes […] Hay personas del municipio que prefieren venir a tomar a la tienda comunitaria, porque aquí es mucho más tranquilo que en el mismo pueblo, que, de por sí, tiene unos niveles de convivencia y civismo muy altos.
MZ: –¿Cómo les ha ido con los nacimientos de niños y los nuevos núcleos familiares que se han conformado en el espacio territorial?
AA: –Las mujeres están en la capacidad de decidir si forman su hogar, hacen la interrupción [voluntaria del embarazo] o elegir qué método anticonceptivo usar, tal como se hacía antes. Ahorita, son muchas quienes han consolidado su núcleo familiar con sus parejas y tienen dentro de su proyecto de vida una familia: entre diciembre de 2017 y enero de 2018 nacieron 20 niños y hay 17 mujeres gestantes, es decir, el compromiso está consolidado con alrededor de 53 menores de edad. Buscamos garantizarle las condiciones necesarias a esta generación de la paz.
MZ: –¿Qué diferencia su modelo de seguridad para la paz al del Estado?
AA: –De entrada, habría que decir que lo que buscamos es generar un sistema que sea eficiente y eficaz, que resulte efectivo para contrarrestar, prevenir y evitar las amenazas que se ciernen aún sobre los sectores políticos de izquierda y sociales, toda vez que el modelo institucional muestra un alto nivel de ineficacia, dado que aún se mantienen altos índices de violencia, de agresión sobre todo tipo de líderes en nuestro país, como los agrarios.
Todo el mundo sufre unos niveles de riesgo realmente muy altos y, de hecho, las cifras sobre la cantidad de líderes, defensores de derechos humanos y farianos asesinados desde el momento de la firma hasta el momento demuestran que hay una falla estructural en la estrategia de seguridad del Estado. El nuestro sería un sistema alternativo, que buscaría superar esas grandes deficiencias del modelo institucional.
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Dentro del modelo de seguridad que nosotros estamos planteando […] está, precisamente, la promoción de procesos y organizaciones autónomas y autogestionadas por las propias comunidades y por los sectores que sufren los distintos niveles de riesgo y amenaza […] Se está planteando crear, tanto en las cabeceras municipales como en las zonas urbanas, redes de comités de derechos humanos que parten de una concepción diferente de las redes de informantes del Estado. Aquí no habría una relación pasiva o unidireccional del ciudadano con la institución, donde el ciudadano simplemente informa [a las autoridades]. Esa cultura del sapeo tiene que transcender hacia una ciudadanía más activa y una relación de doble vía entre el ciudadano, las organizaciones de la ciudadanía y las instituciones del Estado. Tiene que haber una relación reciproca, que se retroalimenten y, en esa medida, que haya también un nivel de autogestión, de autocuidado de los individuos y las comunidades, de los sectores sociales inmersos en niveles de riesgo.
También estamos planteando retomar la experiencia ancestral de las guardias indígenas para aplicarlo a guardias campesinas y guardias comunitarias, que permitan también crear sistemas de autoprotección, colectiva e individual desde la base del fortalecimiento de la ciudadanía y sus organizaciones.
[….]
Dentro de los acuerdos de paz de la Habana, uno de los puntos fundamentales es el de terminación del conflicto y, a su vez, dentro de este punto están las garantías de seguridad para la reincorporación política, social y económica a quienes actualmente somos combatientes de la paz.
En esa medida, este proyecto es fundamental porque fortalece los elementos con los cuales construir una estrategia que garantice los temas de seguridad del nuevo partido legal, de nuestras comunidades en los espacios territoriales y en los nuevos puntos de reagrupamiento, las grandes concentraciones de farianos que tenemos en todo el país y para las actividades que tenemos de todo orden, nuestra actividad comunitaria, política, partidaria, asociativa y productiva […] Esto va a ser realmente fundamental para el éxito del acuerdo de paz en su conjunto.
MZ: –¿Por qué necesitan buscar apoyo nacional e internacional para desarrollar estos proyectos?
AA: –De hecho, todo el acuerdo necesita un compromiso mundial, no solo de nuestra propia nación, de nuestras propias instituciones, de quienes fuimos actores del conflicto armado, sino también del concurso de la comunidad internacional. Esto se logra respaldándolo con recursos que brinden solidaridad. Sin ello no habría manera de garantizar en general el éxito del acuerdo y sus distintos componentes, entre ellos, el de seguridad.
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