Por: Ivonne Cardozo – mayo 8 de 2012
El pasado 26 de abril se presentó en Bogotá el “XI Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia” por parte de la Mesa de Trabajo sobre Mujer y Conflicto Armado, en la cual confluyen organizaciones de mujeres, afrodescendientes y activistas independientes que han logrado, desde 2001, aportar con sus investigaciones al reconocimiento de la situación de derechos humanos que se vive en el país. El documento señala que la violencia contra cientos de mujeres, jóvenes y niñas se intensifica en Colombia cada día, siendo una de las problemáticas generadas por el conflicto armado con menos visibilidad y con mayores impactos: sólo en el Pacífico colombiano han sido desplazadas 24.880 mujeres, mientras que se cuentan también por miles los casos de intimidaciones, asesinatos, amenazas, torturas, explotación y esclavitud sexual.
Ana María Díaz, integrante de la Comisión Colombiana de Juristas y de esta mesa de trabajo, señala que “debido a la consolidación y actual reactivación de los grupos paramilitares, como Urabeños, Paisas, Águilas Negras y Rastrojos, los feminicidios se han incrementado y se continúan violando sistemáticamente los derechos humanos de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del territorio nacional, cometiendo todo tipo de masacres y violentando sexual y psicológicamente a niñas, adolescentes y mujeres, que han sido desplazadas por temor a perder su vida, perdiendo sus territorios”.
Según el informe, durante el gobierno de Álvaro Uribe y en el marco de su política de ‘seguridad democrática’ se agravó la situación de mujeres, jóvenes y niñas de diferentes comunidades, procesos y organizaciones sociales, especialmente por la consolidación de los grupos paramilitaresy las operaciones militares de gran escala en los territorios, que han generado una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Para las mujeres, esto ha cobrado especial gravedad, al tener que sobrevivir a las muertes de sus familiares, convertirse en cabezas de familia, llevar consigo el desplazamiento y la pérdida de sus medios de subsistencia, así como ser víctimas directas de la violencia sexual y el feminicidio, que se han venido incrementando en los últimos años.
La situación no ha cambiado mucho durante el gobierno de la ‘prosperidad democrática’. La masiva adjudicación de licencias de explotación minera y de extensos terrenos con fines agrícolas a grandes multinacionales y monopolios locales hacen temer que se agrave la situación de derechos de las mujeres, pues estos territorios no sólo están expuestos a la militarización que busca proteger los intereses económicos que se juegan allí sino que, además, enfretan la destrucción del tejido social y del medio ambiente.
Preocupación por el Pacífico
En particular, el informe llama la atención sobre la región pacífica del país, que ha sido de importancia estratégica dentro de la guerra que vive el país por sus impresionantes riquezas biológicas, hídricas y mineras, y por ser lugar de varios de los principales proyectos mineros que se adelantan actualmente en Colombia. De acuerdo con el informe, en esta zona se han registrado más de 1.500 casos de violencia sexual contra mujeres, siendo una de las que más casos registra.
Johana Sáenz, quien pertenece a la Asociación Colombiana de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), indicó que “[nosotras] no hemos pedido que nos saquen de nuestros territorios , ni que violenten nuestros cuerpos”, pues las altas cifras de violencia sexual en la región resultan alarmantes y mantienen una relación directa con el desplazamiento forzado, los feminicidios y la explotación sexual, una forma de esclavitud moderna.
Adicionalmente, el informe señala que este fenómeno se agrava en zonas con presencia de grupos armados, legales o ilegales, y que cobra especial importancia en donde se han instalado bases militares, pues los uniformados ejercen distintos tipos de violencia sexual o sostienen conductas que no sólo vulneran el tejido social y los derechos de las mujeres que habitan los alrededores de esas instalaciones sino también el Derecho Internacional Humanitario. En el Pacífico, las denuncias en este sentido cobran especial importancia, según lo consignado en el documento.
Finalmente, las organizaciones participantes en la elaborción del informe llamaron la atención sobre la reorganización de los grupos paramilitares y su expansión por amplios territorios del país, relacionándose su accionar con intereses relacionados con proyectos de las empresas multinacionales, con las élites regionales y con el narcotráfico. Sólo en el caso de los Rastrojos, uno de los que mayor control ejerce en el occidente colombiano, se señala que ya hacen presencia en 207 municipios y que poco se está haciendo para evitar el crecimiento de estas ‘bandas criminales’ o las acciones que cometen contra la población civil y, en particular, las agresiones, amenazas e intimidaciones contra las mujeres.
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