Por: El Turbión Pereira – febrero 21 de 2008
El pasado 15 de febrero, con el decreto 452 de 2008, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha dando un golpe certero contra la salud publica de los risaraldenses al ordenar suprimir y liquidar la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino de la ciudad de Pereira, al igual que las clínicas y centros ambulatorios del Instituto de Seguros Sociales del Eje Cafetero. Aprovechando la relativa inactividad de estas instituciones durante el fin de semana hizo presencia la Fuerza Pública, llenando de tanquetas y uniformados los alrededores de las clínicas.
Al amanecer del lunes 18 de febrero, los trabajadores del Seguro Social se enteraron de la intervención de 3 clínicas y 16 centros ambulatorios en Pereira, Armenia y Manizales. Los trabajadores de la clínica Pío XII y los centros de atención de Pereira fueron sorprendidos con la noticia de que no podían entrar a laborar porque no aparecían en una lista que maneja Caprecom, entidad encargada de la intervención, y que, por lo tanto, deberían dirigirse al SENA para iniciar un proceso de capacitación como empresarios o para buscar empleo, es decir, pasaron a engrosar las listas de desempleados.
El ministro de protección social, Diego Palacio Betancourt, manifestó en medios radiales –con el cinismo que caracteriza a este gobierno– que la razón para hacer la intervención en el fin de semana era para no causarles traumatismos a los pacientes y, sobre todo, para no llamar la atención del país. El ministro se limitó a señalar, ante los cuestionamientos de la prensa, que: “la hora en la que menos cirugías se están haciendo es en la noche, además, no hay visitas dentro de las clínicas y es mas fácil hacer el proceso de revisión rápida de los pacientes, para recibirlos con toda la rigurosidad científica. En el día se causaría más traumatismos y, sobre todo, buscamos que para el lunes ya haya normalidad”.
Los reportes oficiales señalaban el pasado lunes 18 de febrero que, desde las seis de la mañana, había absoluta tranquilidad en las clínicas del Seguro Social intervenidas, dando un parte de tranquilidad a los 167.000 afiliados, pues todas las medidas tomadas por el gobierno son, según ellos, para mejorar: “en el área asistencial no habría ningún cambio y, a más tardar, el primero de mayo debe estar funcionando la nueva EPS, donde el accionista será La Previsora Vida”, informaban los voceros del gobierno.
Pero no puede haber tal tranquilidad en los afiliados, pues no hay ni habrá normalidad: los trabajadores no han podido ingresar a sus puestos de trabajo, deben aparecer en una lista para poder laborar, mientras esperan a que les cancelen el contrato.
Fabián Ardila, presidente del sindicato del Seguro Social en Pereira, manifestó en entrevista para El Turbión que: “es una vergüenza para el Eje Cafetero contar con dos ministros que son de la región, Diego Palacio, ministro de la Protección Social, y Óscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda oriundo de Manizales, ya que son precisamente ellos los ejecutores de esta política”.
El fracaso de la política en seguridad social del gobierno se manifiesta una vez más en acciones como ésta, al entregar la intervención de estas clínicas a un “ente muerto”, reconocido por la corrupción, que el gobierno quiere revivir en el eje cafetero. Caprecom no cuenta con la infraestructura para atender la salud especializada que prestan estas clínicas, que son de cuarto nivel.
“Responsabilizamos tajantemente al Gobierno Nacional por el problema de salud pública que están causando, porque hoy amanecimos sin empleo y la Rita Arango está liquidada. Mientras hacen el trámite y suprimen los cargos, los trabajadores estamos en pie de lucha, porque no nos perdonarían los pereiranos que nos quedemos con los brazos cruzados, secuestrados como nos tiene el gobierno, en esta guerra donde cierra o privatiza las empresas estatales que dan buena rentabilidad social para entregárselas al sector privado”, expresó el dirigente sindical durante la concentración que realizaron los trabajadores en la sede del Seguro en Pereira, a primeras horas del lunes 18 de febrero.
Las acciones que utilizarán los trabajadores, además de la denuncia pública, incluirán una acción de tutela para defender a los enfermos catastróficos, que hoy son 46.000 en el país y en el eje cafetero suman 3.000. El sindicato hará veeduría, defenderá los derechos de los trabajadores y de los afiliados que, en número significativo son adultos mayores. “Estamos en un paro obligado, porque el gobierno que utiliza la oscuridad y la fuerza pública, le sigue mintiendo al país; vamos a estar a las afueras de la clínica para seguir haciendo denuncia pública”, señaló el dirigente de la organización que representa las voces de más de 930 trabajadores del Seguro Social en el Eje Cafetero.
La asociación médica Asmedas, seccional Pereira, denunció en su comunicado de prensa que “se inicia el proceso de despido masivo de trabajadores, agravando la crisis económica de las familias de nuestra región, dicen que estos mismos trabajadores volverán a ser ‘enganchados’ bajo la modalidad de cooperativa, lo que implica que los salarios sean inferiores de los actuales y que se reduzcan mucho más por los aportes que deben hacer a estas cooperativas que han servido, en buena medida, para enriquecer a los intermediarios”.
Una vez más, se demuestra que el Gobierno Nacional no tiene límites en su afán de acabar y privatizar las empresas estatales que prestan servicios públicos o brindan seguridad social a miles de colombianos, precisamente los que más lo necesitan. ¿Para quien está gobernando?
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