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Febrero 24 de 2008

El manejo mediático que desde el gobierno se ha orquestado en torno al problema del secuestro, además de acentuar la polarización del país consolidando la figura de las FARC como enemigo público y de servir como estrategia publicitaria de la presidencia que ahora lanza su apuesta por la segunda reelección, se ha aprovechado para mostrar a un Álvaro Uribe reeditado y purgado, dejando a un lado temas de sensible debate que le tocan directamente como la parapolítica y su vinculación familiar con el narcotráfico.

Dentro de este catálogo de grandes detalles maquillados se encuentra la relación de la familia del presidente con la muerte del ex ministro de Justicia Rodrigo Lara  Bonilla, ocurrida el 30 de abril de 1984. Un hecho que, en diciembre del año pasado, causó revuelo luego de que El Nuevo Herald trajera de nuevo a colación algunos detalles contenidos en el proceso que señalan a Alberto Uribe Sierra,  padre del mandatario, como posible autor intelectual de este homicidio y que dan cuenta de la posibilidad de algunas maniobras realizadas por el mismo Uribe Vélez como ex director de la Aeronáutica Civil. Una noticia que se niega a ser archivada, sobre todo cuando el presidente está en mora de rendir explicaciones.

El tema vuelve a tomar fuerza, luego de tantos años, gracias a la ratificación que al mencionado diario hizo la hermana del fallecido Lara Bonilla, Cecilia, sobre su declaración rendida bajo juramento ante el juez 77 de instrucción criminal de Bogotá en 1984, donde indicaba que, en una conversación sostenida con su hermano poco antes de morir, éste la había mencionado que Alberto Uribe Sierra, padre de Uribe Vélez, tenía relaciones con el narcotráfico, pues era dueño del helicóptero incautado en el operativo adelantado en las cercanía en inmediaciones del río Yarí (Caquetá) el 10 de marzo de 1984, con el apoyo de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA), denominado Operación Tranquilandia, nombre que recibía el  complejo de 19 laboratorios de cocaína de propiedad del Cartel de Medellín.

Por otra parte, está el testimonio del coronel de la Policía Jaime Ramírez Gómez, coordinador de ese operativo antinarcóticos y quien fuera asesinado en noviembre de 1986, donde especificaba que Lara Bonilla le había dicho que, de presentarse un atentado contra su vida, los responsables serían los dueños del helicóptero y los aviones confiscados durante el operativo.

Tras el escándalo, Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano del presidente, indicó que el helicóptero marca Hugues, modelo 369D, con matrícula HK2704E, construido en 1980 y con capacidad para cinco pasajeros, cuya  propiedad figura a nombre de la firma Aerofoto Amórtegui y Cía. Ltda., de la cual era socio Uribe Sierra, había sido vendido a un tercero justo un mes antes de la Operación Tranquilandia, evento que no figura en el historial de la aeronave.

En el expediente sólo se halla una declaración extrajudicial en la que se afirma que el aparato se entregó a Pedro Fidel Agudelo Chávez en pago de una deuda pendiente por 25 millones de pesos, personaje que fue identificado como trabajador de Fabio Ochoa y como testaferro del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha en la compra de obras de arte.

Otro elemento polémico frente al caso se refiere a la labor de Uribe Vélez como director de la Aeronáutica Civil entre los años 80 y 82, momento en que se formalizó el ingreso de muchas de las aeronaves de reconocidos narcotraficantes como Pablo Escobar, los Ochoa y Carlos Lehder. Sucesos de los cuales fue exonerado por el entonces Procurador General de la Nación, Horacio Serpa Uribe, pero sobre los que hay todavía muy poca claridad.

El diario también revela como, sospechosamente, dos años después de que la Aeronáutica Civil canceló el permiso de funcionamiento de la aeronave, se confiscó en Medellín, también durante un operativo, una con similares características y hasta número de matrícula HK2704, coincidencialmente de la empresa Aerofoto Amórtegui y Cía. Ltda.

Aunque oficialmente el juez del caso, Tulio Manuel Castro Gil, asesinado también en julio de 1985, reconoció a Pablo Escobar como autor intelectual de  la muerte de Lara Bonilla, lo evidente de todo este destape noticioso es que hay muchas preguntas por resolver y una cadena de indicios que no dejan muy bien parado a Uribe Vélez.

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