Febrero 24 de 2008
La liberación de Clara Rojas y Consuelo González, el pasado diez de enero, es un hecho que marcará la historia política colombiana y sus implicaciones aún están por verse. Además del impacto que la recuperación de la libertad de dos figuras públicas provoca, tras largo tiempo en cautiverio, este acontecimiento significa la puesta de las cartas sobre la mesa en cuanto a la discusión sobre una salida negociada al conflicto y frente al carácter político del conflicto armado colombiano.
El regreso de los conceptos como preso político y prisionero de guerra al vocabulario de los analistas que han hecho de nuestro país su objeto de estudio, así como la distinción entre la figura del secuestrado y el retenido político, son síntomas del despertar de una discusión inacabada que se niega a permanecer en el desván.
Acuerdo humanitario y estatus de beligerancia son discusiones que, quiérase o no, confirman el carácter político del conflicto colombiano. La liberación de Clara Rojas y Consuelo González, como un evento cuyo principio y final estuvo determinado por una decisión política, también lo reivindica.
Pero no solamente el carácter político del conflicto quedó al desnudo con la liberación, también se identificaron plenamente los contendientes de este juego. Y aunque bien lo advertíamos en un inicio, la discusión está y seguirá estando abierta: nos atrevemos a señalar que lo ocurrido el diez de enero demuestra cómo en Colombia, desde hace varias décadas, se libra una guerra civil. Concepto que se ha usado tímidamente y hasta se ha juzgado como inadecuado, pero que, a nuestro criterio, encaja muy bien con la realidad de este país, y de eso dan cuenta los recientes sucesos.
En Colombia hay una disputa interna por el poder entre dos bandos perfectamente definidos, que para el caso valga la pena aclarar no se agotan en la figura de las FARC y el gobierno, como mal se ha querido mostrar a la opinión pública a través de los medios monopólicos de información. Cada uno de éstos cuenta con un proyecto político específico, de ataque y defensa al status quo respectivamente, con una legitimidad social determinada por el territorio en el que cada cual ejerce control. Y es claro que, a pesar de los esfuerzos del actual presidente, Álvaro Uribe, por debilitar la insurgencia, no es posible hablar en Colombia de la existencia de un solo Estado soberano y, mucho menos, calificar de exitosa la política de seguridad democrática.
Advirtiendo las implicaciones de ceder a una negociación con la insurgencia, Uribe Vélez, como representante actual de uno de los dos bandos en disputa, quiso presentar el acuerdo humanitario como un beneplácito del Estado, cuando es claro que no depende de la generosidad del Ejecutivo sino que corresponde a un momento particular de la confrontación en que la misma discusión sobre este tipo de pactos no puede representar otra cosa que una gran debilidad de la política de seguridad democrática, que antes se mostraba renuente a este tipo de negociaciones y que ahora tuvo que ceder a causa se la presión internacional.
Lo mismo se predica de la postura del gobierno frente a la mediación del presidente Hugo Chávez, ante quien Uribe tuvo que hacerse a un lado después de haber protagonizado una seria tensión diplomática. Pero el éxito del papel de Chávez y Piedad Córdoba como mediadores no convenía al régimen y debía ser contenido, así que, aprovechando la imprudencia y falta de diplomacia del presidente venezolano, el gobierno ha vendido la idea de una vulneración a la soberanía nacional, de una amenaza de guerra entre ambos países y de una alianza del gobierno vecino con la insurgencia colombiana. Igualmente apoyado en los medios monopólicos de información, se trasfiguró la imagen de Córdoba, quien de heroína pasó a ser una ‘vendepatria’, destruyendo con eso la amenaza de una fuerte oposición para las futuras elecciones presidenciales, con una mujer cuyo perfil político estaba en su mejor momento el día de la liberación.
La celebración del acuerdo que dejó en libertad a las dos políticas permitió a la organización insurgente un importante espacio de maniobra, luego de que el gobierno se había ocupado de hacer eco a la noticia de que Emmanuel, el hijo de Clara Rojas nacido en cautiverio, no se encontraba a disposición del grupo, como éste aseguraba. Por otra parte, aunque nublado por la campaña de desprestigio en su contra, Chávez tocó unos puntos importantes para revivir la discusión, como fue la solicitud del reconocimiento del carácter de beligerante a las guerrillas colombianas y la advertencia de que el calificativo de terrorista, manejado por el gobierno nacional, no era propia sino una determinación proveniente de Estados Unidos, denotando la dominación existente.
Así las cosas, vemos que la balanza no está tan inclinada como parece y que el futuro del conflicto pende de muchos más factores que de los que se presentan a simple vista. Las cartas están descubiertas y el futuro de esta contienda depende de qué tanta claridad haya sobre las mismas.
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