Los obreros de La Jagua de Ibirico (Cesar) se lanzaron a la huelga, exigiendo dignidad y mejores condiciones de trabajo a la empresa trasnacional Glencore en las minas de carbón - Foto: Sintramienergética

Los obreros de La Jagua de Ibirico (Cesar) se lanzaron a la huelga, exigiendo dignidad y mejores condiciones de trabajo a la empresa trasnacional Glencore en las minas de carbón - Foto: SintramienergéticaPor: Camila Ramírez – julio 14 de 2012

Los trabajadores de la mina Carbones de la Jagua, ubicada en el municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar) y propiedad de la compañía suiza Glencore, decidieron lanzarse a la huelga para exigir mejores condiciones laborales, aumentos de salario y bienestar para la región. Las negociaciones que precedieron la huelga se rompieron porque la compañía no ha querido reconocer los puntos de petición del nuevo pacto colectivo creado por los trabajadores y, por el contrario, ha realizado propuestas que terminarían con beneficios conquistados por los trabajadores hace 20 años y militarizado el acceso a la mina.

El pasado 11 de mayo, los trabajadores de la mina presentaron un pliego de peticiones para una nueva convención colectiva, la cual beneficiaría a más de 1.000 trabajadores directos y 2.000 trabajadores subcontratados que laboran en el proyecto La Jagua. El pliego fue aprobado en una asamblea realizada por los mineros, quienes también denunciaron en ese espacio las problemáticas y necesidades que tienen como trabajadores del sector minero. Además, debatieron cómo beneficiar a la comunidad de La Jagua, que es la más afectada con este proyecto de gran minería.

Sin embargo, a pesar de la voluntad de conciliación de los trabajadores, el pasado 6 y 7 de julio estos votaron de forma unánime entrar en huelga, pues las negociaciones entre la Glencore y Sintramienergética se rompieron porque la compañía rechazó, después de 40 días de negociación, las peticiones de los trabajadores.

Las exigencias de los mineros son: mejores salarios, servicio de ambulancia las 24 horas del día, auxiliar médico por los accidentes que ocurren durante la labor de extracción del carbón, exámenes médicos anuales para prevenir el deterioro de la salud por la exposición a los gases tóxicos de la mina, alimentación balanceada, agua potable en cada uno de los puntos de trabajo para que los trabajadores no sufran deshidratación, medios de transporte para los trabajadores sostenidos por la empresa y que se respete el derecho de asociación sindical.

El proyecto minero La Jagua ha sido explotado durante 23 años. Actualmente se le extrae un promedio de 3 millones de toneladas anuales de carbón y es considerado como el cuarto punto de exportación mundial del mineral. Una de las metas de la trasnacional es incrementar la producción de 10 millones de toneladas, el estimado de lo que dará la mina en 2012, a 19,9 millones de toneladas en 2013.

En lo trascurrido del año se han producido 4,2 millones de toneladas de carbón, lo que reporta un aumento significativo en los beneficios económicos obtenidos del mineral que se quedan en manos de la compañía Glencore. En un comunicado del sindicato Sintramienergética se denunció que “cuando los precios del carbón han estado boyantes en el ámbito internacional y las ventas se elevan, incrementando las ganancias del Grupo Glencore, ni los trabajadores ni la población de las áreas de influencia de los proyectos carboníferos reciben las más mínimas expresiones de agradecimiento o de compensación por el esfuerzo de quienes le ponen verdaderamente el valor agregado [al carbón]”.

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Como respuesta al paro de los trabajadores, el pasado 10 de julio, la compañía Glencore y sus empresas Carbones de la Jagua SA y Consorcio Minero Unido SA taponaron las vías de acceso a la mina de La Jagua e instalaron un puesto de control del Ejército en una nueva entrada que habilitaron para ingresar contratistas a la mina. Debido a la presencia de militares, los trabajadores de La Jagua, piden al país y a la comunidad internacional estar atentos a lo que pueda pasar, pues ellos no están dispuestos a aceptar que la Fuerza Pública intermedie en las negociaciones y están decididos a sostener la huelga hasta que sus peticiones sean resueltas.

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