Por: Omar Vera – mayo 10 de 2016
El triunfo de las madres comunitarias, al cabo de 11 días de paro nacional resulta un logro muy significativo en su lucha de casi tres décadas por su dignidad.
A pesar de la falta de disposición para negociar con las madres que demostró la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, durante las largas jornadas de negociación que siguieron al inicio del paro del pasado 4 de abril, su movimiento logró dejar sentadas en el acuerdo firmado en la noche del 14 de abril varias de sus reivindicaciones históricas.
El paro nacional de las madres comunitarias logró el cese de actividades de más de 64.000 mujeres que atienden, en promedio, 14 niños cada una llegando a un total de alrededor de un millón de menores, todos ellos hijos de los colombianos más pobres. Además, movilizó al menos a 15.000 de ellas en las principales ciudades del país, particularmente en la costa atlántica y el suroccidente. En Bogotá, a pesar de la fuerte presión de funcionarios del ICBF para que las madres de la capital no se unieran al paro, que incluyeron amenazas de sacarlas a ellas y a sus asociaciones de los contratos con la entidad, según denuncias, el campamento que más de 200 mujeres de distintas regiones sostuvieron durante 11 días y noches logró movilizar una importante solidaridad de la ciudadanía y llevar a la mesa de negociación tanto a Cristina Plazas como a un gobierno que se ha negado a resolver sus reclamos históricos.
Olinda García, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en Hogares de Bienestar (Sintracihobi), aseguró que:
El paro a nivel nacional fue un éxito. Todo se debe a la fuerza y a la presión que hicieron las mujeres […] Se logró con este paro que se le diera una mejor ración a cada niño en lo nutricional […] Lo otro fue la pensión de las madres comunitarias, que sería lo equivalente a un salario mínimo con el proyecto [de ley] que se va a pasar […] y, lo tercero, el contrato indefinido para las madres comunitarias.
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Tres décadas sin reconocimiento de derechos
Durante las tres décadas que han transcurrido desde la creación del programa de Hogares Comunitarios de Bienestar en 1986, las madres comunitarias han tenido que enfrentar fuertes luchas por sus derechos, especialmente por ser reconocidas como trabajadoras y porque el ICBF cubra la totalidad de las necesidades de los niños. En esto último, las madres han confrontado históricamente con el modelo de cofinanciación descrito por los lineamientos de esa entidad como “el otorgamiento de becas a las familias […] para que […] se atiendan las necesidades básicas de protección, cuidado, nutrición, salud, educación y desarrollo psicosocial de los niños y niñas en la primera infancia”.
Yolanda Castillo, madre comunitaria del Cauca, asegura que quienes son atendidos en los hogares comunitarios son:
Niños vulnerables, desplazados por la violencia, indígenas, afro […] Esta vocación que nosotras tenemos como madres comunitarias es la de prestarle el servicio a padres de familia que de pronto no tienen un peso para pagar un jardín infantil.
A pesar de la antigüedad del programa, sólo hasta 2013 las madres lograron, con un paro similar, que el ICBF las reconociese como trabajadoras, formalizara su contratación y les pagara un salario mínimo. Tuvieron que pasar 27 años para que el Estado aceptara lo que era obvio para la ciudadanía: que estas mujeres, con las extensas y agotadoras jornadas laborales propias del cuidado de los niños, son trabajadoras y no una especie de voluntarias a las que se les exige todo pero no se les garantiza nada en materia de derechos.
Sin embargo, ni el Gobierno Nacional ni el ICBF cumplieron a cabalidad con lo acordado en materia de estabilidad laboral y, en estos años, lo que se dio fue una modalidad de contratación donde no se reconoció a las madres como trabajadoras estatales sino que se instituyó su vinculación a través, por una parte, de las asociaciones que ellas mismas conformaron y, por otra, de distintos tipos de ONG.
Lizeth Escamilla, presidenta de la seccional Atlántico de Sintracihobi, asegura que:
Nosotras somos contratadas mediante operadores, pero seguimos directrices del ICBF. Lo que nosotras estamos demostrando legalmente es que el instituto es nuestro patrón [..] ellos (sic.) nos cancelan a nosotras el dinero del salario y todas las prestaciones, son los que envían los recursos para los niños, pero los canalizan por unos terceros.
En últimas, las madres comunitarias quedaron tercerizadas, vinculadas con contratos temporales por unos pocos meses en lugar de los de término indefinido por los que habían luchado y sin un derecho a una pensión digna para aquellas que ya han cumplido la edad de retiro.
Al respecto, Bárbara Romero, integrante de la Asociación por la Defensa de los Derechos de los Hijos del Pueblo (Addhip-Modep) y quien lleva 27 de sus 60 años como madre comunitaria, señala que:
Hoy en día vamos a retirarnos o nos dicen ‘pasen papeles para arreglarles’ y el arreglo es un bono de $280.000 cada dos meses. Es injusto que, después de dar toda una vida a un programa, a un trabajo del que debe ser responsable es el Estado […] ahora la pensión sea esa […] Hace dos años nos empezamos a ganar el mínimo, porque antes era una ‘beca’, una miserableza […] pero eso ha sido por las luchas que hemos dado con las organizaciones.
Adicionalmente, durante estos años algunas de las entidades sin ánimo de lucro que entraron a administrar los recursos el programa hacían su agosto con los dineros destinados a financiar las labores de las madres comunitarias y a garantizar la alimentación de los niños más pobres de Colombia.
El problema es de hambre
Escándalos aparte, el tema de los alimentos ha sido especialmente espinoso en las relaciones entre las madres comunitarias y el ICBF: todos los paros y jornadas de protesta de las cuidadoras han tenido este punto como uno de los centrales, puesto que las raciones que la entidad les entrega no son suficientes para alimentar a los niños y las condiciones que les impone el programa las obligan a aportar lo restante cuando, por lo general, ni ellas ni los padres beneficiarios tienen recursos suficientes para ello.
Bárbara Romero asegura que:
Las minutas [alimentarias] que hoy en día nos manda [el ICBF] no nos alcanzan para la alimentación de los niños. Ahora nos mandaron a contratar con esos operadores y esas minutas son impresionantes: una libra de arroz, tres cuartos de arroz para un día, para la alimentación de nuestros niños, para 14 o 15 raciones, es imposible.
Ante la insuficiencia de las raciones de alimentos que reciben las madres comunitarias para que los niños puedan comer, Lizeth Escamilla asegura que este asunto representa la dificultad más grande que tienen que afrontar en el día a día y que:
El ICBF es el primer garante de derechos, es el responsable de hacer llegar a nuestras manos y a la boca de los niños los alimentos que ellos necesitan. De hecho, nosotras estamos ubicadas en lugares demasiado vulnerables, donde el programa se hizo para este tipo de lugares, para niños en estado de vulnerabilidad […] La doctora Cristina Plazas es la responsable de tantas muertes por desnutrición que hoy en día hay en el país […] de lo que está pasando en La Guajira, pues ella es la cabeza mayor del ente principal del programa bandera del país, que es el ICBF y el programa de primera infancia […] Aquí nosotras estamos peleando la garantía de la alimentación de los niños.
Amanecerá y veremos
Sin que se les cumpliera en lo fundamental luego de casi tres años, las madres comunitarias se lanzaron nuevamente a paro y lograron importantes avances en varios de los puntos claves de sus exigencias.
En primer lugar, lograron que el ICBF aumente sus aportes en materia de alimentación para los niños atendidos en los hogares comunitarios, revisando de forma concertada el diseño actual de las minutas alimenticias -es decir, de las listas de los alimentos que deben suministrarse cada día a los menores-, para que la entidad cubra el 70% de su requerimiento calórico diario. Asimismo, el instituto debe presentar antes del 20 de junio un nuevo estudio de costos para solicitar al Ministerio de Hacienda y a Planeación Nacional los recursos necesarios para cumplir con el acuerdo.
En segunda instancia, obtuvieron un compromiso por parte del ICBF para verificar que las empresas operadoras estén contratando a las madres comunitarias con todas las garantías estipuladas en la Ley, además de prorrogar los contratos actuales hasta el 31 de octubre y luego celebrando otros que se extiendan hasta julio de 2018.
En tercer lugar, dejaron sentado en el acuerdo que los senadores que sirvieron de garantes en la negociación entre el ICBF y las madres comunitarias -Alexander López Maya (Polo), Ángel Custodio Cabrera (U), Daira de Jesús Galvis Méndez (Cambio Radical), Maritza Martínez Aristizábal (U), Nidia Marcela Osorio Salgado (Conservadora) y Sofía Gaviria (Liberal)- presentarán para la próxima legislatura, el 20 de julio, un proyecto de ley al Congreso que les permita a estas trabajadoras tener garantías en materia de seguridad social y disfrutar de su derecho a la pensión, pues debido a cómo ha sido históricamente el programa, muchas de ellas sólo llevan dos años realizando sus aportes y las de mayor edad se encuentran en una situación crítica por ello.
A pesar de esto, aún falta mucho camino por recorrer para que a las madres comunitarias se les reconozcan plenamente sus derechos en materia de estabilidad laboral, seguridad social, sostenimiento de los hogares comunitarios y alimentación de los niños que atienden. Como ha ocurrido durante casi 30 años, sólo su capacidad para organizarse y movilizarse por sus derechos será la garantía de que el ICBF cumpla y algún día se dignifique completamente su labor.
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