Agosto 1 de 2008
El Estado colombiano ha implementado históricamente políticas y prácticas contrarias a la soberanía y al bienestar popular, garantizándole a las empresas transnacionales el saqueo de los recursos naturales, el control territorial y la explotación y precarización de los trabajadores,generando todo tipo de daños ambientales, materiales, morales, individuales y colectivos, que han puesto en riesgo o mayor vulnerabilidad a cientos de comunidades. Estos casos se han venido presentando ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
El TPP es un tribunal de carácter no gubernamental que tuvo su origen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los Estados Unidos en la guerra contra el pueblo de Vietnam, conocido como el Tribunal Russel. En su segunda sesión (1974-1976), el TPP enjuició a las dictaduras militares de América Latina. La base de los juicios del TPP son las convenciones y declaraciones internacionales sobre derechos humanos y se realizan sin las ataduras que crean los poderes políticos, económicos y de los Estados, por lo tanto, está por fuera de las estructuras judiciales de los países y representan, de alguna manera, la conciencia ética de los pueblos, de la humanidad.
Un proceso de diecisiete audiencias preliminares, nacionales e internacionales, y seis audiencias especializadas para los sectores agroalimentario, petrolero, minero, de biodiversidad, de servicios públicos y sobre el genocidio contra las comunidades indígenas evidencia la responsabilidad de varias empresas y gobiernos en múltiples crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos fundamentales de los colombianos, atendiendo las denuncias que, desde abril de 2006 hasta julio de 2008, cuando se desarrolló la audiencia final en Bogotá, los jueces del TPP recogieron en las regiones afectadas. Múltiples víctimas y organizaciones, con las pruebas en las manos, dieron a conocer un panorama más que completo de la situación y demostraron las relaciones entre ciertas prácticas económicas con las profundas afectaciones políticas y militares que éstas han impuesto sobre sus derechos.
Con base en el Artículo I de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel 1976), que dice “todo pueblo tiene derecho a existir”, y en vista de que las empresas multinacionales atentan contra este derecho de diferentes maneras, por sus políticas y prácticas en Colombia fueron acusadas las empresas: Coca Cola, Nestlé, Chiquita Brands, BP, OXY, Repsol, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold, Monsanto, Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, Multifruits S.A. – Delmonte, Pizano S.A – Maderas del Darién, Urapalma S.A, Dyncorp, Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Canal Isabel II, Endesa, Telefónica y TQ3. Así mismo, fueron acusados, por sus acciones y omisiones, los gobiernos de Colombia y de aquellos países donde reposan las casas matrices de estas empresas.
Dictamen audiencia agroalimentaria – Bogotá, 1 y 2 de Abril de 2006
Se presentaron informes detallados acerca de la naturaleza, trayectoria institucional, magnitud económica y solvencia financiera de las empresas transnacionales Coca Cola, Nestlé y Chiquita Brands. Estas empresas han acumulado sumas multimillonarias a costa del desconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores y sus familias, con la complicidad de altos mandos de gobierno, como es el caso de Sabas Pretelt De La Vega, quien en 2003 pasa de ser el representante de los intereses del capital comercial al cargo de ministro del Interior y de Justicia, determinando así las grandes decisiones políticas y judiciales que afectan a los trabajadores colombianos. De la misma manera, se señaló la relación entre estas empresas, el Estado y el paramilitarismo, como mecanismo de ejecución de las decisiones ilegales del gobierno y de las empresas transnacionales que deterioran la situación de los trabajadores.
Dictamen audiencia minera – Medellín, 10 y 11 de noviembre de 2006
Se señalaron las responsabilidades de las empresas Drummond, Cemex, Ladrillera Santafé, Holcim, Muriel, Glencore-Xstrata, Anglo American, Bhp Billington y Anglo Gold en los asesinatos y la persecución a líderes de sindicatos como Sintraminercol, en los convenios con paramilitares que operan en sus instalaciones, en la violación de derechos territoriales de las comunidades que habitan las regiones de explotación minera, en los impactos de la misma sobre las comunidades circundantes a las minas y en desplazamientos forzados por la misma causa, como la perpetrada contra indígenas wayúu en Bahía Portete (La Guajira).
Dictamen audiencia biodiversidad – Atrato chocoano, 25 y 26 de febrero de 2007
Se denunciaron hechos relacionados con la biodiversidad y la biopiratería, el cultivo de palma y los biocombustibles, la política ambiental y agraria, y la implantación de transgénicos en Colombia. A empresas como Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, Multifruits SA filial de la transnacional norteamericana Delmonte, Pizano SA y su filial Maderas del Darién, Urapalma SA, Monsanto y Dyncorp se les acusó por violación de derechos humanos, ambientales, sociales y culturales, la práctica del agronegocio ilegal de plátano y de beneficiarse del asentamiento de las estructuras paramilitares en La Balsa desde el 26 de febrero de 1997, que produjo el desplazamiento de más de 2.500 afrocolombianos. Se les acusó, además, del uso destructivo de los recursos
maderables del Cacarica y de haber generado un profundo daño en el territorio, en los recursos forestales y en las condiciones de vida de las comunidades afrocolombianos; de complicidad para violar el Art. 14 del Protocolo 1 de Ginebra, que prohíbe como método de combate hacer padecer hambre a los civiles; de atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil; del exterminio de las semillas criollas e implantar en su lugar de semillas transgénicas, lo que atenta contra la autonomía de los pueblos tradicionales porque genera dependencia con relación a las culturas económicamente dominantes, llevando a estos pueblos a la exclusión social.
Dictamen audiencia petrolera – Bogotá, 8 de agosto de 2007
A las empresas Oxy, BP y Repsol se les acusa de acuñar políticas comunes en Colombia con el fin de concretar el saqueo de los recursos naturales y la violencia sistemática contra la población, implicando con esto la destrucción del tejido social, la ejecución de asesinatos y la persecución de su dirigencia así como la violación de los derechos humanos de las mayorías y la destrucción de los grupos indígenas. Adicionalmente, de implementar estrategias para saquear los recursos a Colombia, como ocultamiento de los resultados de las pruebas de producción, celebración de contratos en términos desfavorables para la nación, realización de transacciones fraudulentas con el fin de evadir impuestos, utilización del presupuesto nacional al servicio de la construcción de la exploración y la infraestructura, invasión de territorios ancestrales de las etnias indígenas, celebración de convenios de seguridad con empresas privadas y con las fuerzas militares, con la eficaz colaboración del Estado. Todo esto en un cuadro de persecución sistemática a toda forma de oposición a los intereses de las empresas petroleras involucradas, con el apoyo del Gobierno en la criminalización de la protesta social, mediante judicializaciones arbitrarias y detenciones masivas, como las sucedidas en distintas ocasiones en Saravena; vulnerando el derecho a la libre circulación, en la medida en que se establecen lo que algún testigo ha denominado “zonas de exclusión” en las que rige un virtual estado de guerra bajo el control directo de las fuerzas armadas y de seguridad privada al servicio de las empresas petroleras. También fueron acusadas de producir el desplazamiento, expulsión y, prácticamente, la extinción de gran parte de las comunidades indígenas U’wa, Sikuani, Macaguane, Cuiba, Guahibo, Betoye, Bari, Cofán, Nasa, Inga, Embera Chamí, Siona, Awá, Pastos, Camsá, Yanacona y Camentzá; y de afectar el sistema de esteros y humedales, caños y ríos de la cuenca del Orinoco, lo que ha originado alteraciones graves a los flujos naturales del ecosistema.
Dictamen audiencia servicios públicos – Bogotá, 7 y 8 de abril de 2008.
A empresas como Unión Fenosa, Canal Isabel II – Metroagua, Endesa, Aguas de Barcelona – Aguas de Cartagena,se les acusó de vulneración de derechos laborales y sindicales, y de los derechos a la vida e integridad personal de sus trabajadores; de daños graves a territorios de grupos étnicos y campesinos, a través de inundación de tierras colectivas, causando el desplazamiento forzado de dichos grupos; ruptura de tejidos sociales; destrucción de organizaciones comunitarias y deprácticas culturales ancestrales; de violar los derechos de acceso al agua y a los servicios sanitarios; de maltrato moral a sus propios trabajadores y de formas de persecución laboral.A empresas como Aviatur-BCD Travel (TQ3), Telefónica y Acuavalle se les acusó de buscar la privatización, a largo plazo, de los servicios públicos, sin importar el alto impacto socio ambiental, y de beneficiarse abusivamente de su privatización, como en el caso de Telecom.
Dictamen audiencia sobre genocidio indígena – Resguardo indígena de Atánquez (Cesar), julio 18 y 19 de 2008
El exterminio histórico de los pueblos indígenas, que comenzó desde el mismo momento en que los invasores europeos pusieron pie en estas tierras que posteriormente llamaron América, se ha venido realizando de manera sistemática a través de una estrategia
de múltiples rostros, se determinaron dos ámbitos de la violación de derechos:
- Derechos colectivos: entendidos como las violaciones que, contra las comunidades que entienden el territorio y la jurisdicción desde su cosmogonía particular, comenten las multinacionales, el gobierno y las autoridades militares. Entre éstas se destacan las violaciones del derecho a la propiedad colectiva sobre la tierra y los recursos naturales; la negación del reconocimiento como pueblos indígenas; la falta de resultados en procedimientos de legalización de los resguardos; la utilización de la violencia y de las amenazas por parte de grupos armados, con frecuencia al servicio de las empresas transnacionales; la militarización del territorio; la destrucción de formas de vida tradicionales –agricultura, pesca, caza–, a causa de la explotación de los recursos y la contaminación antes citada; el saqueo de los conocimientos ancestrales asociados a la biodiversidad y de material genético de los pueblos indígenas de Colombia, a través del Proyecto Genoma Humano; el desconocimiento deliberado de las estructuras de organización y de la autoridad de los representantes indígenas; la estigmatización sistemática de los procesos de resistencia civil de los pueblos indígenas, mediante señalamientos colectivos y estigmatizaciones como guerrilleros, terroristas y delincuentes; y la ausencia de respeto a los lugares sagrados, con irrupciones en ellos en proyectos de explotación de recursos e, incluso, con ataques armados contra dichos espacios, entre otros.
- Derechos individuales: violaciones del derecho a la vida y a la integridad física; asesinatos de numerosos dirigentes indígenas, atribuidos tanto a las fuerzas armadas como a otros actores armados, especialmente paramilitares; mutilación; tortura; desplazamiento forzado; violación sexual de mujeres indígenas;detenciones arbitrarias,especialmente en los pueblos Kankuamo, Embera-Chamí y Nasa; secuestros y desapariciones forzadas; reclutamiento forzado por parte de los distintos actores armados; violaciones del derecho a la propiedad privada y violaciones del derecho a la justicia y la reparación, entre otros.
En todos los casos, quedó clara la responsabilidad del gobierno colombiano, que preside actualmente Álvaro Uribe Vélez, y del Estado Colombiano por la comisión de graves violaciones a los derechos colectivos e individuales de los Pueblos indígenas de Colombia, que se concretan en la implementación de políticas de exterminio, genocidio, etnocidio y desplazamiento de los pueblos indígenas. Así mismo, se señaló la impunidad y complicidad del Estado en muchos de estos casos, y el incumplimiento de sus funciones legales de defensa de los derechos del pueblo al que representa, de sus obligaciones de persecución de los crímenes de lesa humanidad y, en particular, de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva.
Igualmente, se demostró la responsabilidad de los países de origen de las empresas y multinacionales que afectan al pueblo colombiano, como son Estados Unidos y Suiza, por permitir que dichas entidades jurídicas puedan incumplir en su actividad económica en otros países los estándares internacionales de derechos humanos que en sus países de origen serían obligados a respetar.
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