Por: Christian Peñuela – julio 11 de 2012
La caída del proyecto de reforma a la justicia impulsado por el Gobierno Nacional y la bancada de Unidad Nacional en el Congreso dejó abiertas múltiples preguntas, entre otros temas, en torno a la posibilidad que abría de impunidad para parapolíticos y altos funcionarios del Estado inmersos en delitos, además de las gabelas económicas para congresistas y funcionarios del Legislativo que se establecían en esta reforma constitucional. Sin embargo, lo que preocupa a muchos en Colombia son las verdaderas intenciones del gobierno de Juan Manuel Santos al impulsar un acto legislativo que aumentaría el monopolio del poder en el Ejecutivo. Sobre el tema hablamos con Rodolfo Arango Rivadeneira, abogado, filósofo y conjuez de la Corte Constitucional entre 2006 y 2009.
Christian Peñuela: –¿El proyecto de reforma pretendía un golpe constitucional?
Rodolfo Arango: –El tema es discutible entre los juristas y siempre existirán muchos puntos de vista divergentes y encontrados. Mi concepto es que el presidente no podía hacer lo que estaba haciendo ni tiene las facultades constitucionales de objetar reformas a la Constitución y, por lo tanto, tampoco había lugar a convocar las sesiones extraordinarias del Congreso para que discutieran esas objeciones del presidente. En el diseño de la Constitución de 1991 no se permitió que al Ejecutivo se le permitiera impedir, recortar o inmiscuirse en una decisión soberana del Constituyente, y no se le permitió la posibilidad de objetar reformas a la Constitución aprobadas por el Congreso. Si bien este régimen constitucional ya es presidencialista, imagínense lo que resulta casi una monarquía cuando el presidente puede objetar sin que esté de manera expresa en la Constitución reformas a la misma.
Un argumento adicional, y que también es textual de la Constitución misma, es sobre la Corte Constitucional, que no tiene competencias y no tiene la facultad de pronunciarse sobre una posible objeción presidencial a la reforma constitucional, y si la Corte Constitucional no puede pronunciarse al respecto, no tienen sentido las objeciones presidenciales. Las objeciones presidenciales frente a reformas constitucionales tienen un trámite: si el Congreso insiste en ellas el siguiente paso normal es la revisión por parte de la Corte Constitucional para que decida el desacuerdo entre Gobierno [Nacional] y Legislativo. Eso no existe o no es posible en el caso de la reforma a la Constitución por un acto legislativo y, en consecuencia, si la Corte Constitucional no puede intervenir en este proceso, como sucedió, pues con mayor razón el Ejecutivo no podía ejercer esas objeciones presidenciales.
Eso explica por qué la intención de tumbar la totalidad del acto para archivarlo y que no llegara a la Corte Constitucional, poniéndola en el predicamento de tener que decir que no es competente para juzgar esas objeciones, cosa que es totalmente irregular y contraria a la Constitución. En consecuencia, me parece que el presidente Santos viola la Constitución porque actúa por fuera de ella y, en este sentido, era sumamente grave lo que estaba pasando en Colombia, porque había una ruptura constitucional y, en este sentido, la población civil debía alarmarse sobre lo que estaba sucediendo.
CP: –Algunos sectores han manifestado que se pretendía privatizar la justicia. ¿Qué hubiera sucedido?
RA: –Respecto a la privatización de la justicia estoy totalmente en desacuerdo en que los particulares ejerzan la justicia porque esa función pública debe respetarse y es un derecho fundamental que, a mi parecer, debe radicar en el Estado y no en los particulares. No estoy de acuerdo en que notarios y abogados ejerzan como jueces porque considero que la función judicial es central para un Estado de Derecho y la formación que deben tener los jueces tiene que ser de ecuanimidad y equilibrio lo, cual no está garantizado en los particulares porque se prestaría a desmanes que no son aceptables.
CP: –Desde 1991 Colombia vive un proceso de reducción del Estado a uno mínimo eficiente, característica de gobiernos radicalmente neoliberales. Esto se pretendía afianzar con el proyecto de reforma del gobierno Santos. ¿Cómo caracteriza ese tipo de Estado y cuál es su postura frente a este modelo?
RA: –La reforma originalmente la toma el presidente Santos como una prioridad ante la presión del grupo económico de Sarmiento Angulo por el represamiento de procesos ejecutivos bancarios en el sistema de justicia. Entonces, había un deseo de que la reforma desarrollara los procesos que suponen costos para las entidades financieras. También, a nivel internacional la competitividad se ve afectada por el hecho de que en Colombia siempre ha existido una justicia poco eficaz. El tema es que existen presiones internacionales y de grupos económicos nacionales para que la reforma saliera avante y el gobierno determinó entregar gran cantidad de gabelas, o como dicen popularmente ‘repartir la mermelada’, entre los congresistas hasta que ellos, bastante garosos, quisieron tener más y más privilegios, lo que ya llenó la copa y terminó con la reacción de la gente.
Las presiones de la globalización económica llevan a la reducción del Estado para que este sea ‘ultramínimo’ y eso es una condición negativa para la democracia y los derechos humanos. Reformas como ésta hubieran permitido que la iniciativa privada obtenga el máximo espacio posible.
CP: –Frente a la movilización social que se presenció en el país hace unas semanas en contra de la reforma del gobierno Santos, ¿cuál es su análisis respecto a las exigencias que manifestaba la sociedad civil?
RA: –Yo saludo grandemente la inquietud de los movimientos populares de varios sectores del país que se articularon en este proceso de protestar y, en ese sentido, hace sentir viva la democracia. Pero, considero que la energía se gasta y se dispersa muy rápido sin tener un plan más elaborado o concreto de acción y organización política para acceder al poder. Uno no puede indignarse y simplemente rechazar el poder porque quedamos en el peor de los mundos. En el caso de España, por ejemplo, fue una coyuntura que en últimas terminó con el triunfo del actual presidente Rajoy, del Partido Popular (PP) de los conservadores, cuando la crisis es la paradoja y en Colombia vivimos el mismo efecto, porque la revocatoria de la reforma a la justicia [sucede] cuando todo [el país] se está hundiendo. Mi postura es que la población organizada y las movilizaciones deben reflexionar más la acción y coordinarla mejor. Esto podría ser, también, buscando mejores formas de representarse ante el Congreso, para que empiecen a tener una presencia más importante en el parlamento y sacar del juego a los políticos tradicionales.
CP: –Algunas opiniones se han manifestado por la necesidad de reducir el Congreso, atendiendo a sistemas de parlamentos que existen en algunos países del mundo, donde los parlamentos tienen pocos integrantes y en algunos sólo una cámara. ¿Considera que es viable ese sistema en Colombia?
RA: –Yo no estoy de acuerdo ni con la reducción del número de congresistas ni con un Congreso unicameral, porque cuando hay esta reducción aumenta el poder en los pocos que están. El objetivo del diseño de un sistema bicameral como el colombiano, donde existe Cámara de Representantes y Senado, es para hacer un contrapeso al poder del legislador porque muchas veces las decisiones se toman en el calor de los acontecimientos y es mejor que se evalúen mejor los proyectos, que se discutan mejor para [lograr] una buena toma de decisiones. El sistema bicameral, como lo decía, es sano para la democracia y para el control del poder político.
CP: –¿Qué hubiera sucedido con los más de 1.300 investigados y el manto de impunidad que existe actualmente con los parapolíticos si se hubiera avalado la reforma?
RA: –Yo lo advertí en columnas de prensa hace unas semanas, mucho antes de que se llegara al final del proceso de reforma: la reforma buscaba favorecer a los parapolíticos, favorecer a muchos políticos con procesos penales e investigaciones disciplinarias. En ese sentido, todos se querían tapar con la misma cobija. La reforma tenía esa intencionalidad y se advirtió por varios medios y personas cuando estaba sucediendo la última movida de la comisión de conciliación. Al intentar quitarle las facultades a la Fiscalía de poder investigar a los congresistas y pasando sus casos a la Corte Suprema, sin que ésta tenga capacidad logística para la investigación de tantas personas, quedó manifiesta que ésa era la intención. Menos mal no entró en vigencia la reforma porque hubiera sido reafirmar la impunidad y la salida masiva de muchas personas investigadas penalmente.
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