Por: Andrés Monroy – agosto 10 de 2012
El 3 de julio se realizó en el Congreso de la República el foro “La desmovilización, un asunto para la paz”, al que asistieron delegados del Gobierno Nacional y la Administración Distrital para escuchar los reclamos y propuestas de quienes abandonaron las armas creyendo en las promesas hechas por el Estado. La principal crítica de los desmovilizados es que han sido marginados de la participación política y la toma de decisiones.
Según datos de la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR), “entre agosto de 2002 y octubre de 2009, 51.992 personas se desmovilizaron (individual y colectivamente). El 61% producto de las negociaciones de paz con las autodefensas ilegales”. Sin embargo, los números no demuestran por sí mismos que Colombia esté cerca de la paz, que se haya terminado con los grupos paramilitares o que se hayan atendido adecuadamente las problemáticas que enfrentan los desmovilizados.
Con el objetivo de hacer conocer las demandas de la población desmovilizada, la Asociación Nacional de Desmovilizados (Andes), a través de Martín Rangel, líder de la organización, criticó en el foro varios aspectos del proceso de desmovilización, realizó propuestas con el fin de que sea real el proceso de reintegración a la vida civil y señaló algunos puntos que el Gobierno Nacional no ha tenido en cuenta, a la vez que denunció la indiferencia de la Administración Distrital frente a la población excombatiente.
Según Andes, las actuales políticas gubernamentales generan el enfrentamiento entre ciudadanos y desmovilizados, manteniendo una fuerte exclusión contra las personas que han abandonado el camino de las armas. De acuerdo con la organización, esta situación ha llevado a que muchos pierdan la confianza en el Estado y en las acciones que éste emprende en una supuesta búsqueda de la paz y la reconciliación nacional. La crítica que hacen los excombatientes radica en que las leyes que se han creado para incluir a miembros de grupos armados ilegales en el proceso de desmovilización no responde a las causas del conflicto, de la guerra y menos aún de la situación de los excombatientes y sus familias.
Martín Rangel, desmovilizado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sostiene que la aplicación de la Ley 975, conocida como ‘Ley de Justicia y Paz’, no cumplió lo dispuesto en la norma y que, a pesar de que “contemplaba el cumplimiento de penas alternativas en granjas agrícolas, hoy muchos de los postulados están en las cárceles”, situación que agrava la crisis de hacinamiento penitenciario por la que en estos días miles de prisioneros se han declarado en huelga de hambre o desobediencia civil en casi una veintena de establecimientos penitenciarios de todo el país.
Por otra parte, Andes señala que la exigencia a los desmovilizados de la Ley 975 para que confiesen sus delitos y aporten información a la Fiscalía los ha puesto en grave riesgo para su seguridad y la de sus familias, debido a que en muchas ocasiones los hechos a confesar involucran a funcionarios públicos y miembros de la Fuerza Pública. Al no haber procesos de paz que cubran a todos los actores del conflicto, legales e ilegales, en un proceso judicial y de reconciliación igualitario, y al no ofrecerse garantías efectivas a quienes aportan esta información, la desmovilización individual ha sido una opción que no asegura la verdad y la aplicación de justicia sino que, por el contrario, complejiza el conflcito social y armado.
Esperanzas fallidas en Bogotá
Los excombatientes se sienten decepcionados del alcalde Gustavo Petro. Sus inconformidades se basan en el Plan de Desarrollo de la ciudad. Para Andes, la propuesta de los sobre “territorios protectores de vida”, expuesta en el Inciso 1 del Artículo 39, buscaría involucrar a la población excombatiente con la estrategia de seguridad de la Policía para la ciudad al plantear “la reintegración de población desmovilizada con la focalización de acciones en áreas con mayor concentración de eventos delictivos, y la articulación del plan cuadrantes”. Para Rangel, es contradictorio que en un mismo artículo del Plan de Desarrollo de Bogotá se hable de los desmovilizados como personas “discriminadas y vulnerables” y que, al mismo tiempo, se proponga que hagan parte del esquema de seguridad de la ciudad, pues esto “los mantendría en la lógica del conflicto”.
“La política pública va por un lado y la realidad de los desmovilizados va por otro”, señala Luis Ángel Blandón, otro miembro de Andes. Según Blandón, el error de la estrategia de reinserción es que se han dejado de lado las potencialidades de la población y “los excombatientes tienen que arrancar de ceros”.
Blandón recalca que actualmente hay ausencia total de espacios de participación y que, por eso, los desmovilizados están marginados política y socialmente. La propuesta es conformar mesas distritales y nacionales de excombatientes, que les permita plantear sus posturas políticas. Inclusive, desde esas mesas se pueden hacer propuestas de paz, contando con la experiencia de quienes más que vivir, han padecido el conflicto armado.
Después de más de un mes de realizado el foro, Blandón señala que la posición de la Administración Distrital sigue siendo negativa, ya que no se vislumbra ningún proceso de acercamiento con el alcalde para discutir el futuro del programa de reintegración a la vida civil en la capital. Por ello, Blandón es tajante al calificar al burgomaestre de “déspota” y de desconocer la realidad social, ya que entra en “contradicción con la política de no segregación que ha profesado”.
Una realidad nacional de inconformismo
Respecto a la ausencia de esos espacios de participación política para los excombatientes, el Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza explica que la orientación individualista del proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) promovido por el Gobierno Nacional “desconoce el carácter social del sujeto excombatiente. Así mismo, esa óptica niega el problema político y social que constituye al conflicto armado colombiano. Al hacer énfasis en una relación individualista y psicosocial el programa estatal de desmovlización y reintegración desdibuja la confrontación política que actualmente existe en Colombia e impide comprender lo que es y debe ser el orden social. El proceso de DDR que actualmente transcurre en Colombia no se orienta a la construcción conjunta e incluyente de un orden social diferente, por el contrario, se orienta a legitimar el control estatal y el status quo”.
Hoy, el inconformismo se profundiza por la aplicación de la Ley 1424 de 2010, la cual permite que varios postulados, luego de ser llamados a declarar ante las autoridades judiciales, sean privados de la libertad, situación que va en contravía de las promesas gubernamentales para su desmovilización. Por otra parte, el gobierno está presionando a los excombatientes presos para firmar actas de desmovilización, quizás para aumentar las estadísticas de desmovilizados y argumentar que la desmovilización de los combatientes de los grupos armados ilegales, junto con la intensificación de las operaciones militares, es la forma de resolver el conflicto social y armado en Colombia.
Estos y otros temas, como la preocupación por que el aumento el pie de fuerza militar esté incrementado la lógica del conflicto armado interno, serán discutidos en un encuentro nacional de desmovilizados que se realizará en noviembre. Por ahora, la conclusión la aporta Martín Rangel: “Justicia y Paz se quedó corta en resocialización de excombatientes”.
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