Marzo 20 de 2008
Después de 3 días de haberse iniciado, en el nororiente del Cauca, los combates entre la guerrilla de las FARC y miembros del Ejército pertenecientes a la Tercera Brigada, cientos de indígenas permanecen reunidos en la escuela de la vereda El Damián, lugar ubicado a unos 30 minutos de la cabecera municipal de Toribío y que, junto a La María, ha sido el escenario de lo hechos violentos que afectan duramente a la población civil.
“A pesar de que rechazamos la presencia de todos los actores armados, a veces se habían escuchado hostigamientos y cortos enfrentamientos en la parte alta, pero hoy ya son 3 días en que continúa el enfrentamiento y no hemos podido ir a trabajar”, afirmó José Escué, uno de los 600 habitantes que durante las últimas dos noches pernoctó en el lugar donde realizan una asamblea permanente con el fin de protegerse y tomar en comunidad decisiones para proceder ante la situación.
En momentos en que el Gobierno Nacional habla del respeto a los derechos humanos, los militares realizan actividades bélicas que afectan principalmente a los pobladores. En esta ocasión, según fuentes del Batallón Pinchincha a cargo de esa operación, los enfrentamientos se deberían a un plan estratégico denominado ‘Consolidación’ para combatir los corredores del narcotráfico que, según las afirmaciones de las fuerzas estatales, desestabilizarían financieramente a la guerrilla.
A pesar de que en los medios comerciales se informó sobre la acción como una incursión guerrillera, los hechos fueron generados por una ofensiva del Ejército descrita por un indígena del lugar que presenció los hechos así: “llegó el helicóptero y hubo ametrallamiento a ese sector, luego llegaron más unidades del Ejército y empezaron los enfrentamientos”. El uso de helicópteros y bombardeos aéreos por parte de los militares, y de artefactos explosivos hechizos por parte de los subversivos, afecta directamente no sólo la infraestructura de la región, sino principalmente la vida de sus habitantes.
Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), hasta el momento estos hechos han causado la muerte al comunero indígena Lurves Escué, de 43 años, y deja otros 13 heridos, identificados como: Camilo Escué, Sandra Escué, Eric Coicué, Taurino Secué, Clara Inés Coicué, Maura Madelisa Coicué, Avelina Escué, Florinda Escué, Rosalbina Paví, Milena Medina, Ana Rosalía Paví, Luz Aida Medina y Patricia Salazar.
En otra acción, hizo explosión una casa donde, según los militares, existía material bélico. Sin ambargo, la Guardia Indígena asegura que esta residencia fue detonada por miembros del Ejército, dejando un cráter de aproximadamente 20 metros de diámetro por 4 de profundidad, destruyendo otras 12 viviendas aledañas y dejando 20 averiadas, lo que genera igual número de familias sin techo.
Además de las consecuencias físicas que sufren las comunidades, también afrontan la presión psicológica y el ultraje que reciben por los señalamientos que tratan de inculparlas como auxiliadoras de uno u otro grupo armado. Este es el caso de un comunero indígena de la vereda La María que, según la comisión de consejeros de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), fue retenido por miembros de la Tercera Brigada de
Cali. “Los niños fueron impactados sicológicamente porque [hay quienes] insisten en empujarnos en un conflicto en el que no tenemos que ver”, afirmó el coordinador de Derechos de Familia de la ACIN, Germán Valencia.
El alcalde de Toribío, Carlos Alberto Banguero, afirmó que debido a que “estamos en un país donde nos mantenemos en peligro porque los grupos armados entran a disputarse la zona y se dan los conflictos”, solicitando, asímismo, la presencia de todos los organismos de ayuda humanitaria, como la Defensoría, la Cruz Roja Internacional y el Gobierno Departamental y Nacional para tratar de ayudar a estas comunidades.
La consejería del CRIC y el reporte de la Alcaldía confirman que la comunidad requiere con urgencia de utensilios, frazadas, colchonetas cobijas y alimentos, de manera que puedanmantenerse en asamblea permanente hasta que se normalice la situación y puedan volver a sus casas.
El secretario de Gobierno del Cauca, Sebastián Silva Iragorri, ante la difícil situación que viven las comunidades indígenas, afirmó que “para la Fuerza Pública no hay sitio vedado en el territorio colombiano, ni en el Cauca, con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los caucanos”. Sin embargo, los resultados de la presencia armada en Toribío son contrarios a esa afirmación, ya que lo que han causado es zozobra, temor y desplazamiento interno. Por ese motivo, el CRIC solicitó que el Estado vigile el comportamiento de los uniformados frente a sus obligaciones constitucionales de respetar y garantizar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
En ese sentido y con el agravante de que en la zona del Naya, al nororiente caucano en limites con el Valle -donde hace algunos años se perpetró la masacre paramilitar-, se presentan arduos enfrentamientos que incluyen bombardeos aéreos y ponen en alto riesgo a la población, los representantes de los cabildos indígenas que hacen parte del CRIC se han reunido en el Espacio de Dialogo Negociación y Convivencia de La María Piendamó, desde donde han acordado la realización de una marcha y otras manifestaciones dirigidas al Gobierno Departamental y Nacional, con el fin de reiterar su neutralidad en el conflicto y exigir el respeto de su autonomía indígena y de sus territorios como propiedad colectiva.
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