Popayán, mayo 20 de 2007
Pese a las múltiples amenazas y presiones de todo tipo, los estudiantes de la Universidad del Cauca avanzan en el paro de actividades académicas contra las medidas administrativas que han llevado a que tenga un déficit presupuestal que, de acuerdo a la Oficina de Planeación de esta institución, alcanza los 5.600 millones de pesos y que dificulta cumplir obligaciones básicas como el pago de la nómina. Según Mario Restrepo, uno de los voceros del movimiento iniciado con la declaratoria de la asamblea permanente con carácter indefinido el pasado 13 de marzo y que en días pasados conformó la mesa de acercamiento con la administración de la universidad, el rector Danilo Reynaldo Vivas Ramos “en medio de su intención de mantenerse en la rectoría, ha aplicado de manera excesiva toda la política educativa que ha planteado el gobierno y eso ha generado unos desfalcos desde el punto de vista presupuestal que hoy tienen a la Universidad con varios problemas”.
Es tan difícil la situación de la universidad que la administración ha recurrido a la disminución de los horarios de las bibliotecas y del servicio de Internet, al aumento de la labor académica de los docentes y a las amenazas de desvinculación o no renovación de los contratos ocasionales para el próximo semestre. “Estamos utilizando jeringas por pipetas, un microscopio por 10 estudiantes, entre otras anormalidades, lo que va en detrimento de la calidad de la educación” afirmó una estudiante de Ciencias Exactas.
La semana pasada se conformó un mesa de acercamiento que pretende la instalación de una Mesa Única de Negociación con carácter decisorio y el establecimiento de garantías claras para la continuidad del proceso de protesta, movilización y asamblea que desarrollan. Esto, de acuerdo a los voceros estudiantiles, no significa que ya se haya empezado a negociar: se ha presentado, de parte del movimiento, una propuesta de acuerdo donde la mesa estaría conformada por la mitad más uno del Consejo Superior, el rector o su delegado con poder decisorio, los 4 vicerrectores de la Universidad y veinte estudiantes delegados por la Asamblea General Estudiantil, propuesta que aún no ha sido aceptada o rechazada por el Consejo Superior, el cual se reunirá de manera extraordinaria este martes para analizar estos aspectos y dar una respuesta que permita, ahora sí, instalar el espacio de negociación.
Cuentas tristes
Según la Ley 30 en sus art. 86 y 87, el incremento del presupuesto se debe hacer en pesos constantes de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de cada año. En ese sentido, el Gobierno Nacional no giró este año los recursos para la Universidad del Cauca de acuerdo al IPC causado en 2006, del 4.5%, sino que se hizo de acuerdo a lo que el Departamento Nacional de Planeación espera para 2007, un 4%. “Con medidas como ésta, que son aceptadas por la administración de Danilo Vivas sin mayor reclamo, se empieza a ver el recorte presupuestal por parte del Gobierno Nacional”, afirmó el vocero estudiantil.
Respecto al pago de pensiones, uno de los temas más críticos, a pesar de que los recursos fueron girados cumpliendo esa Ley y el rector afirmó en los medios de comunicación que el problema del pasivo pensional ya estaba solucionado, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 que el Gobierno Nacional quiere imponer, a la Universidad del Cauca le correspondería asumir entre el 5 y el 10% de ese pasivo, que se aproxima a los 270 mil millones de pesos. En otras palabras, la universidad tendría que responder por un presupuesto adicional de cerca de 27 mil millones de pesos que, sumados al ya existente déficit y con el escaso presupuesto que no supera los 84 mil millones de pesos anuales, la dejarían abocada a cerrar o ser intervenida por el Gobierno Nacional, como ocurrió con la Universidad del Atlántico.
Participación nacional
“En el transcurso de la Asamblea hemos conocido más sobre lo que propone el Gobierno Nacional para las universidades públicas. Por ejemplo, el hecho de imponer un impuesto a los egresados de las universidades o descargar la responsabilidad del pasivo pensional, es algo que somete al desmejoramiento de las condiciones de la educación” afirman voceros de la Asamblea General Estudiantil.
Y es que el Pliego de Exigencias, además de los puntos específicos que se refieren a la problemática de la Universidad del Cauca, ha incluido otros aspectos que tratan las principales problemáticas de la Universidad Pública en Colombia y las implicaciones negativas del Plan de Desarrollo. Respecto a este último punto, los universitarios exigen una posición clara por parte del rector, quien además preside actualmente el Sistema de Universidades Estatales (SUE). “Pensamos que sería muy importante que esta administración se pronunciara sobre esa política y eso se ha incluido en el pliego de exigencias”, afirmó uno de los voceros estudiantiles, quien ratificó la inclusión de la movilización de los estudiantes de Unicauca en la Agenda nacional de movilización por la defensa de la Universidad Pública y su participación en el Paro Nacional del próximo 23 de mayo.
De otra parte, fuerzas políticas como el Polo Democrático Alternativo (PDA) han respaldado igualmente la lucha que adelantan los estudiantes y profesores de las universidades públicas. El senador Jorge Enrique Robledo, en el marco de su visita al Cauca el pasado viernes, afirmó que “el plan de desarrollo le hizo un ataque brutal a las universidades colombianas, porque les orienta cargarles los costos de las pensiones de los profesores y de los trabajadores; si esas pensiones quedan a cargo de las universidades, éstas fácilmente entran en crisis o tendrían que hacer gravísimos daños aumentando las matriculas o echando gente, o sea, sería una crisis mayúscula; luego, la lucha que hoy se está dando en las universidades colombianas en contra del plan de desarrollo tenemos que respaldarla con todo entusiasmo”.
Inseguridad y amenazas
El gobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, y el comandante de Policía, coronel Jorge William Gil Caicedo, han enviado misivas al Consejo Académico de la Universidad donde afirman que es inminente un desalojo de los estudiantes ubicados en el Claustro de Santo Domingo y en el Campamento de Puertas Abiertas en el Claustro de El Carmen de la Facultad de Humanidades. Pese al acuerdo previo entre directivas universitarias, el mayor Toro, representante de la policía, y los representantes estudiantiles acerca de la no intervención de la fuerza pública y el no taponamiento de las vías por parte de los estudiantes, circula un ambiente de amenaza constante por parte de las autoridades civiles y militares del Cauca.
La presión psicológica también es una realidad para los estudiantes. Hechos como el corte de la energía y del agua; el lanzamiento de un artefacto explosivo al interior del patio donde se desarrolla el campamento estudiantil; la publicación de un comunicado que envió el rector al director del DAS, al comandante de Policía y a los estudiantes, donde responsabiliza a estos últimos de todos los perjuicios materiales y morales por la ocupación pacífica que están realizando y de uno más donde, respondiendo a un comunicado que sacan los estudiantes de las residencias universitarias haciendo un llamado a que se de una solución a la problemática, afirma que los términos del citado comunicado estaban en detrimento del Estado imperante y que eran acciones vandálicas que conducían a que los organismos de seguridad del Estado intervinieran.
La actitud de la dirección de la Unicauca no deja de ser preocupante por las implicaciones que tienen sus declaraciones en una región caracterizada por la constante represión a líderes y movimientos sociales y en la que los dirigentes estudiantiles ya son blanco declarado de las fuerzas del narcoparamilitarismo.
En este sentido, otras amenazas menos oficiales se están presentando por parte de un sector de derecha que se ha encargado de señalar a los que están realizando la asamblea permanente. “Un grupo de estudiantes, aplicando terrorismo de Estado prácticamente, nos declara objetivo militar para las fuerzas del Estado y eso nos hace ver como personas peligrosas, cuando lo único que estamos haciendo es defender la Universidad Pública que es nuestra y de nuestros hijos y de la población en general. Nos señalan y nos estigmatizan por hacer parte de esta defensa”, afirma una de las afectadas.
Otra de las formas que utilizan para deslegitimar la lucha estudiantil es afirmar que no son la mayoría los inconformes, sino unos pocos que quieren hacer perder clase a los demás. “Miembros de la administración universitaria y de algunos sectores del estudiantado hablan en nombre de las personas que, de alguna manera, son indiferentes a la Asamblea diciendo que no quieren ese proceso y que la mayoría pide normalidad académica. Sin embargo, siempre que se toman decisiones de lanzarse a una asamblea, campamento o paro se hace previa votación con la participación de un número representativo de estudiantes de todos las facultades de la universidad”, afirmó uno de los voceros estudiantiles.
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