Por: Omar Vera – septiembre 3 de 2012
Gerardo Santibáñez, secretario general de Sintraemsdes Pereira, ha trabajado durante 35 años para las empresas de servicios públicos en esa ciudad y ha visto la forma en la que las malas administraciones han puesto al borde de la liquidación a Multiservicios, una de las dos compañías que aún pertenecen a la ciudadanía de la ‘Perla del Otún’ y que enfrenta una crisis sin precedentes en sus 15 años de historia.
Desde la posesión, en enero pasado, de Enrique Vásquez Zuleta, del Partido de la U, como alcalde de Pereira y de que éste designara a Jorge Alexis Mejía Bermúdez como gerente de Multiservicios se han multiplicado las declaraciones de los dos funcionarios en torno al futuro de la empresa y a su inviabilidad financiera, de la cual culpan a los trabajadores y su convención colectiva. En el concejo de la ciudad los debates al respecto también han sido una constante, así como las voces que, desde la política tradicional, están hablando de cierre, liquidación, búsqueda de aliados estratégicos o privatización de Multiservicios.
Según declaraciones de Bermúdez, en pocos días la empresa entraría en cesasión de pagos, pues, según el directivo, no cuenta con los recursos necesarios para pagar sus obligaciones y no hay posibilidad de salvarla, debido a la carencia de contratos ocasionada por la privatiación de las empresas de energía, aseo, alumbrado público y telefonía la han dejado sin socios para cumplir su objeto, lo que ha causado un déficit de $1.041 millones que, según el funcionario, son imposibles de subsanar por el municipio.
Esto afectaría a más de 200 personas, entre trabajadores de planta, contratistas, profesionales y pensionados, que dependen de lo que Multiservicios les paga mensualmente y los dejaría en la calle, según denuncias de Sintraemsdes, pues no se estarían reconociendo los derechos de estas personas ni sus prestaciones de Ley en un eventual proceso de liquidación. Por esto, junto a diferentes organizaciones sociales y comités de usuarios de la región, han venido movilizándose para denunciar el interés de dejar a la empresa en la ruina para entregar sus negocios a los monopolios privados y para evitar que los pereiranos pierdan otra de sus empresas públicas.
Omar Vera: –Ud. ha sido trabajador de Multiservicios durante 35 años y ahora la empresa se encuentra en una situación delicada. ¿Cuál es la lectura que tiene de la situación actual?
Gerardo Santibáñez: –La empresa Multiservicios tiene una historia digna de contar. Antes existían las Empresas Públicas de Pereira y, en 1997, el alcalde decide escindirlas con la autorización del concejo: se crearon, en lugar de la antigua, cuatro nuevas empresas de servicios públicos, en aseo, energía, acueducto y teléfonos, y una quinta que administraría el software comercial, financiero y administrativo; atendería peticiones, quejas y reclamos; produciría las facturas; leería los contadores y recaudaría el dinero. Ésta fue Multiservicios, que surgió, más o menos, con unas 120 personas de las antiguas empresas públicas y, en el lapso de estos quince años, ha pasado a tener 60 trabajadores [de planta], aproximadamente, y unos 120 contratistas.
Desde hace más o menos cuatro años la empresa ha venido dando unas pérdidas de más o menos mil millones de pesos y eso la ha llevado a una causal de disolución o de liquidación, de acuerdo a la normatividad comercial colombiana. Desde luego, nosotros hemos advertido que de eso no somos culpables los trabajadores ni tampoco la convención colectiva sino que los responsables han sido quienes administran, toda vez que han vendido las empresas: vendieron la energía, vendieron el aseo, vendieron el alumbrado público y vendieron la telefónica. Entonces, cada cual hizo su toldo aparte en materia de lectura, distribución y recaudo, dejando a la empresa socia, que es Multiservicios, con el cascarón, con todo el personal y sin contratos, sin negocios.
Esas malas decisiones administrativas también se ven en unos negocios mal hechos. En cuatro años hubo más de cinco gerentes. ¿Qué empresa se puede manejar en esas condiciones? Esa gente vino a destruir la empresa, a hacer unas cosas que uno las cuenta y la gente no cree: una locura fue lo que vinieron a hacer aquí en materia de contratación, en manera de despilfarrar los dineros, etc. Para rematar, hace seis años el municipio contrató con Multiservicios el cobro y la facturación del impuesto predial, pero el gerente contrató con un particular y eso es ilegal, es subcontratar. En ese negocio, como el municipio iba a perder, finalmente quien ‘pagó el pato’ fue Multiservicios, que está demandado por $12.000 millones en la actualidad, lo que está por conciliarse. Además, están pendientes las demandas de los contratistas, que están reclamando igualdad de derechos.
Así, son múltiples los problemas, pero nosotros no somos los culpables porque ni contratamos ni hemos vendido las empresas. Nosotros no hemos nombrado los gerentes ni hemos nombrado burocracia, entonces, por eso decimos que vamos a pelear porque nosotros no tenemos cargo de conciencia en haber malversado la empresa ni sus fondos: serán los socios de la empresa los responsables de lo que pase acá.
OV: –¿Quiénes son esos socios actualmente, aparte del municipio?
GS: –Está UNE Telefónica de Pereira, que es una sociedad mixta entre el municipio de Pereira y Empresas Públicas de Medellín (EPM); en la empresa de energía, que fue el último negocio que hicieron, le vendieron el 49% de las acciones a los Nule; la empresa de aseo se la concesionaron a William Vélez por 30 años; y finalmente está la empresa de agua, que es la única que sigue siendo pública pero que ahora la quieren endeudar con $200.000 millones, con un embeleco que se inventó la nueva administración, creemos nosotros que para hacer los contratos para la nueva politiquería del año que viene.
OV: –Solamente queda Aguas y Aguas en manos de los pereiranos y, según sus denuncias, en cualquier momento vamos a ver a la ciudad fuertemente endeudada de la mano de la actual administración. Si pasa lo mismo que con otras empresas públicas, que no pueden pagar sus obligaciones porque las cargan con créditos que no pueden pagar, llegan a un punto donde no pueden sostenerse a sí mismas y terminan siendo vendidas al capital privado, ¿cuáles son las implicaciones que esto va a tener para los ciudadanos?
GS: –Primero hay que hablar del endeudamiento de esa empresa. Hace aproximadamente doce años, la administración se hizo a un crédito de más de 30 millones de dólares. Esa deuda ya ha sido cancelada a la mitad, o sea, faltan 15 millones de dólares por pagar. Junto con otras obligaciones que se fueron adquiriendo con los bancos regionales, la empresa puede estar debiendo unos $40.000 millones. A esto se le agregarían los $200.000 millones del plan de inversiones que esta administración se inventó.
Ya con el sindicato y los ingenieros que están afiliados al mismo en la empresa de aguas hemos advertido que este plan tiene una dirección maléfica: nosotros sabemos que hay que hacer inversión y corregir las cosas que venían mal, que se necesita infraestructura, pero no por ese monto ni con esa premura de hacer todas esas cosas de inmediato. Esto tiene otro objetivo.
OV: –¿Cuál es ese objetivo?
GS: –El objetivo es la politiquería. Uno sabe que estos señores vienen de un mismo directorio político y que, como todas las arcas están peladas, requieren dinero para hacer contratos. ¿Ud. se imagina, con contratos por $200.000 millones, cómo sería el banquete que se darían acá en la región?
En sintesis, al endeudar esta empresa por un cuarto de billón de pesos la dejan perfectamente servida para que un nuevo administrador llegue y diga que necesitamos un socio estratégico o vender por acciones. Entonces, según ellos, los culpables son los trabajadores, porque ésa es la triste historia de estas empresas.
OV: –¿Son constantes las acusaciones hacia los trabajadores de generar costos altos en nómina, convención colectiva y demás?
GS: –Correcto. Se nos acusa de hacer que la empresa Multiservicios sea insostenible. Actualmente tiene 56 trabajadores oficiales, porque esta empresa es totalmente pública, de los cuales aproximadamente un 20% es personal calificado, como ingenieros de software, etc., y el resto somos trabajadores administrativos y operativos a quienes, según ellos, es injusto que se nos pague alrededor de $1’400.000 mensuales y que tengamos una convención colectiva, porque eso es una herejía, porque es algo que hay que acabar en Colombia. Entonces, la propuesta que nos hacen a los trabajadores de Multiservicios es que entreguemos la mitad de nuestros derechos convencionales, o sea, que se limite a la mitad lo que se estamos ganando ahora, o que la empresa sea liquidada.
Hay otra tercera propuesta, nos dicen: ‘échenle mano uds. a la empresa’. Nosotros sí sabemos cómo hacerlo porque sabemos como funciona. Pero, si nos la entregan con esa cantidad de deudas y demandas encima, sería como ahorcarnos. Por eso, los trabajadores decimos que sí la adquirimos pero saneada de todas la bellaquerías que han hecho, de todos los endeudamientos y la politiquería que han hecho con ella.
OV: –¿A qué están invitando a la ciudadanía?
GS: –Nosotros tenemos claro que ante las propuestas que hemos hecho y la manera tan indigna como nos han tratado lo único que nos queda es la denuncia y el acompañamiento de la comunidad.
Hemos sustentado siete propuestas de negocios que la empresa podría asumir, como la venta un software de administración de servicios públicos muy bueno que se podría promover en todo el país. Todas las han desechado como basura. Nosotros pensamos que esto es un irrespeto.
La lucha nos da lo que el Estado y los gobiernos nos niegan. Por eso, le advertimos al alcalde que estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para evitar que se liquide a Multiservicios y que nos boten a la calle con los corotos viejos de una empresa que ellos mismos han usufructuado en la politiquería, donde han hecho los contratos que han querido, donde han nombrado a los gerentes que han querido.
Estamos dispuestos a llegar hasta donde sea y por eso advertimos al movimiento sindical y a la ciudadanía que aquí se va a hacer un experimento laboral: nos quieren botar a la calle sin siquiera prestaciones, porque, según ellos, los activos no alcanzan ya ni para eso. ¿Y quiénes son los socios? El Estado, el municipio de Pereira, que tiene acumulados más de $28.000 millones de la última venta de la empresa de energía. Entonces, venden las empresas publicas y nos quieren dejar tirados en la calle por decisiones equivocadas de ellos. Vamos a pelear y llamamos a que la gente nos apoye.
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