Por: Beatriz Elena Valencia – julio 6 de 2007
Luego de dos días de deliberaciones en el marco del foro “Recuperación de la vida digna y la producción agropecuaria en el Macizo y Sur del Cauca, contra las fumigaciones, las erradicaciones forzosas y la guerra”, cerca de 250 productores aprobaron una declaración en la que entre otros puntos exigen que cesen, de manera inmediata, la erradicación y las fumigaciones que se hacen sobre sus territorios, y que se entre a concertar un Plan de Vida participativo, indemnizando además a las comunidades que se declaran víctimas de las políticas internacionales y nacionales.
Expresaron, igualmente, un irrestricto respaldo al referendo nacional para que el agua sea declarada, con rango constitucional, como un derecho fundamental, exigiendo también que los recursos naturales, incluida la minería, estén “prioritariamente al servicio del desarrollo de los pueblos” y no en manos de multinacionales.
¿Cuál es la verdad, el verdadero negocio?
En el foro se escucharon desgarradores testimonios de hombres y mujeres que expresaron la grave crisis por la que atraviesan, dado que les han sido vulnerados toda clase de derechos, desde el derecho a la vida hasta el derecho al territorio, pasando por la familia, la alimentación, el trabajo y la salud.
Se preguntaron si los cuantiosos recursos empleados en fumigaciones y erradicaciones forzosas –más de 4.500 millones de dólares–, no estarían mejor empleados en proyectos productivos conducentes a soluciones definitivas.
En localidades como Lerma, Bolívar –corregimiento conocido por su exitosa experiencia de reconstrucción del tejido social, basada en la promoción de la cultura, tras la violencia generalizada que se derivó de la bonanza de la coca–, las fumigaciones han contaminado hasta al ‘rucio’ –especie de plátano, base de la dieta–.
Paradójicamente, las empresas locales con las que se ha pretendido construir alternativas lícitas de desarrollo agropecuario han resultado gravemente perjudicadas por las fumigaciones: es el caso de Ecosurca, proyecto de campesinos exportadores de café orgánico que lograron financiación de la Cooperación europea.
Ante las mencionadas incongruencias estatales, los campesinos se preguntaron: “Si está probado que las fumigaciones han fracasado –desde Washington mismo se producen informes acerca del aumento de áreas cultivadas con ilícitos–, ¿por qué se insiste en estas políticas?”
Para los dirigentes campesinos va quedando claro que lo que hay detrás es la funesta política de desocupación de territorios en beneficio de multinacionales, las que vienen por todo: las grandes riquezas en materia de agua, minería y biodiversidad, las que posee este país a lo largo y ancho de su territorio.
A propósito de este planteamiento, un dirigente campesino procedente del departamento de Bolívar, en la Costa Atlántica, narró la lucha social y jurídica que ha sostenido la comunidad a que pertenece, junto a otras vecinas, por espacio de 13 años, denunciando la presencia de la multinacional Kedadh, empresa minera que actualmente hace presencia en 22 departamentos colombianos, incluido el Cauca.
De igual manera, se mencionó en el foro la gran incógnita que hay alrededor del Plan departamental de aguas y los procedimientos que están llevando a cabo desde las administraciones y concejos municipales. Parece que están legislando para comprometer recursos propios por más de 15 años, allanando terreno para concesiones futuras a empresas extrañas, desligadas de los intereses regionales y, sobre todo, comunitarios.
Dijeron expertos: “vemos con preocupación la presencia en las regiones de contratistas y consultores de empresas multinacionales, realizando estudios sobre aguas y demás recursos naturales y mineros, sin contar con las comunidades y sin que se sepa, al menos, si cuentan con las respectivas licencias y permisos”.
Reiteraron que el agua no puede convertirse en un negocio privado, puesto que se trata de un derecho fundamental.
Acciones de grupo: ‘autopista’ jurídica real y efectiva
Ante tan preocupante y desalentador panorama, fueron planteados caminos posibles para andar de manera colectiva: demandas jurídicas, proyectos de desarrollo alternativo propio y, sobre todo, unidad y fortalecimiento del movimiento social con acompañamiento de la comunidad internacional.
En el terreno de lo jurídico, fueron expuestas, por un experto, las posibilidades que caben en el campo de las acciones de grupo, recurso calificado como ‘autopista’ jurídica, en comparación con las acciones legales contempladas hasta el momento. Refirió la experiencia vivida en la represa de Anchicayá, donde se produjo una catástrofe ambiental, social y económica porque arrojaron 500.000 metros cúbicos de barro contaminado, acumulado por espacio de 40 años. Hasta la presente, se han logrado significativos avances en el resarcimiento de los derechos violados a las comunidades asentadas en proximidades de ese lugar.
Ignorantes de los efectos de las políticas estatales se declararon voceros del gobierno
En este primer foro, de 4 que están previstos para cumplirse en distintas zonas del Cauca, convocado por la Mesa Agraria Departamental, participaron la Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la CRC.
Ante el cúmulo de denuncias presentadas por las y los productores, a consecuencia de las fumigaciones, erradicaciones forzosas y demás –un sinnúmero de distritos de riego y acueductos inconclusos, promesas y acuerdos oficiales incumplidos, falta de asistencia técnica, etc.–, los funcionarios sostuvieron que, en lo personal, no están de acuerdo con las fumigaciones, pero éstas obedecen a políticas gubernamentales nacionales. Agregaron que no pueden hacerse presentes en todos los sitios donde se los requiere, por escasez de recursos humanos y materiales, y, finalmente, se declararon desconocedores de los efectos perjudiciales de las fumigaciones. Según ellos, “no existen denuncias concretas en las respectivas dependencias”.
Por su parte, los campesinos se comprometieron con un gran círculo de unidad, con la certeza de continuar apostándole a diferentes formas de movilización social para recuperar vida digna y producción agropecuaria. Estos hombres y mujeres, habitantes del Macizo colombiano y del Sur del Cauca, entonaron las notas de “La marcha del Macizo” y pasaron a participar de la Feria agroambiental del Macizo, cumplida en El Bordo el 15 y 16 de junio, acompañados de la consigna: “los campesinos aún vivimos, producimos y resistimos”.
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