Junio 21 de 2008
La versión oficial
En su reciente visita al municipio de Toribío (nororiente del Cauca), el secretario de Gobierno, Sebastian Silvia Iragorri, se jactó de verificar que en la hacienda La Emperatriz, no había “indígenas invasores”. A continuación, citando las informaciones de la Consejería de Gobierno Indígena de la ONIC, damos a conocer algunas de las razones para que los indígenas que participan en el proceso de liberación de la Madre Tierra no estuvieran en ese sector, que ha sido por años el símbolo de la lucha por los derechos indígenas y sociales de esas comunidades.
La denuncia, hecha pública en un comunicado de la organización indígena, afirma que “miembros del Esmad atacan –al medio día del 13 de junio–, con gases lacrimógenos recargados con vidrio y piedra, a más de 300 indígenas que participan de la apuesta de liberar la Madre Tierra, en la hacienda La Emperatriz, resguardo de Huellas Caloto”. El Gobierno Departamental del Cauca olvidó reseñar en su comunicado de prensa el resultado de ese brutal ataque a las comunidades: “nueve heridos por esquirlas, los cuales son atendidos en el puesto de salud de Toez”, como indicó una autoridad del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quien, a su vez, recalcó que “la situación tiende a empeorarse debido a que, en estos momentos, los indígenas que se resisten a abandonar la hacienda están siendo atacados con tiros”.
Los ciudadanos preguntan
Algunos ciudadanos se preguntan por qué los indígenas persisten en recuperar tierras y, precisamente, la hacienda la Emperatriz. Lamentablemente, sus inquietudes no pueden ser respondidas por los medios nacionales y monopólicos, que únicamente atienden a la voz oficial. Aquí algunas de las causas profundas y justas para la lucha indígena, que también nos cuentan los líderes de la ONIC: “el territorio del norte del Cauca era una fuente inmensamente rica en diversidad natural, fauna, flora, hidrografía y tierras fértiles que ofrecían a los campesinos, comunidades negras, sectores mestizos y pueblos indígenas su vida, mediante la abundante soberanía alimentaria y el mercadeo de cientos de productos que surtían y surten, a pesar de todo, los mercados de los pueblos y ciudades, garantizando la solidez de la convivencia intercultural, social y política de la región […] Hoy, la salvaje sed de acumulación de los dueños de tres ingenios [azucareros], en complicidad con algunas familias colonialistas, burgueses y gobiernos manipulados por su interés y por las multinacionales, han logrado apoderarse de casi todo el valle, sometiendo a miles de hermanos afros, campesinos, mestizos e indígenas a sus despiadadas maquilas agroindustriales y agrediendo el territorio, rompiendo su equilibrio y armonía hasta tal punto que sus reacciones naturales han producido consecuencias que hoy sufren no precisamente estas familias sino miles de ciudadanos de los sectores más pobres y marginados de las políticas del Estado”.
El incumplimiento por parte del gobierno es otra de las causas que empujan a los pueblos indígenas a rebelearse ante el engaño. Según el CRIC, no se trata sólo del incumplimiento a un acuerdo sino a muchos que se han venido reiterando desde 1998, cuando se reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre del Nilo. “El 13 de septiembre de 2005 se comprometió, a través de otro acuerdo, a dar cumplimiento a sus obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años. Sin embargo, la constante gubernamental ha sido la dilatación de los compromisos, a través de maniobras administrativas, trámites burocráticos y desinformación mediática”, confirma la organización. A esto se suma el afianzamiento de leyes y normas como el Estatuto Rural y otras medidas administrativas en contra de las comunidades, como la estructuración de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial, donde se maneja la premisa “ni un solo centímetro más de tierra para indígenas”, decisiones en beneficio del capital privado y multinacional.
Autoridades indígenas citan a debate a ministros
Ante la actitud del gobierno, las autoridades indígenas del Cauca decidieron pronunciarse ante el Congreso de la República y denunciar las amenazas que constantemente reciben, no sólo de los actores armados sino del propio gobierno, que se supone debe garantizar las mejores condiciones de vida a los habitantes de la nación.
Fue así como, el pasado 11 de junio, una comisión de autoridades indígenas encabezada por Aida Quilcué, consejera mayor del CRIC, y Luis Évelis Andrade Casama, consejero mayor de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena ONIC, desarrollaron un debate en la Comisión Segunda del Senado, que organizó el senador indígena Jesús Piñacué y citó a los ministros de Defensa, Juan Manuel Santos, y del Interior y Justicia, Carlos Holguín, sobre el incumplimiento del Estado colombiano a los acuerdos suscritos con los indígenas del Cauca y el uso desmedido de la fuerza contra quienes se encuentran en el proceso de liberación de la Madre Tierra.
La falta de voluntad política del Gobierno Nacional para cumplir los acuerdos, la satanización de las luchas de los pueblos indígenas y los pronunciamientos del presidente Uribe quien, según varios testimonios expuestos en la citada audiencia, está abusando del poder y las funciones propias de su cargo, fueron los ejes de denuncia. “Al calificar a las autoridades indígenas del Cauca, que orientan el proceso de liberación de la Madre Tierra, como delincuentes y terroristas, relacionándolas con las FARC y en un alarde de gamonal ensoberbecido, ofrece recompensas para quienes los denuncien: él está abusando”, afirmó uno de los participantes.
En el debate, las autoridades indígenas también lograron demostrar que la política de Estado frente a estos temas es de represión por medio de la violencia, del desconocimiento y del desmonte de los derechos humanos, especiales y colectivos, así como de condena a sus reivindicaciones.
Indígenas reciben apoyo de campesinos
La Fundación de Apoyo al Comité de Integración del Macizo Colombiano (FUNDECIMA) apoyó el esfuerzo de los congresistas y las autoridades indígenas. A través de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, en reciente comunicado, un resumen de los hechos que han estado afectando a los indígenas: “desde el mes de mayo se vienen adelantando acciones alrededor de la liberación de la Madre Tierra, las cuales han tenido respuesta inmediata del Gobierno Nacional a través del Esmad. Entre los días 21 y 22 de mayo, efectivos del Esmad hicieron disparos contra los manifestantes, hechos que fueron ratificados por el coronel Bravo, justificando que los disparos de la fuerza pública fueron en defensa, ya que desde las comunidades indígenas les estaban disparando. En estos hechos resultaron heridos por arma de fuego los comuneros Alexander Méndez, Luis Eduardo Ramos, Eulogio Ramos, Luís Enrique Ramos y Diana Silva. El día 6 de junio, las comunidades indígenas reiniciaron el proceso de movilización hacia la recuperación de la finca La Emperatriz, municipio de Caloto, donde nuevamente fueron objeto de atropellos por parte del Esmad como respuesta del Gobierno Nacional. La señora Ana Maria Perdomo junto su hija de dos años, quienes no participaban del proceso de Liberación, fueron utilizadas como rehenes por la policía para forzar a los manifestantes a desistir de la ocupación a la finca La Emperatriz, bajo la amenaza de ser judicializada”, reseñaron los miembros de Fundecima.
La organización campesina, solidaria con la lucha indígena, coincidió igualmente en señalar como graves “las declaraciones públicas realizadas por miembros de la Fuerza Pública en los medios de comunicación regionales y nacionales, donde efectuaron graves señalamientos y acusaciones a las comunidades indígenas, relacionando y vinculando las acciones de las FARC con la lucha social legítima que adelantan dichas comunidades”.
Audiencia del 4 de julio
Con el fin de dar continuidad a este tipo de manifestaciones, que pretenden explicar las causas de las luchas indígenas y, sobre todo, de las acciones del gobierno en contra de las comunidades, las autoridades indígenas están convocando en Corinto una audiencia “por el respeto a la autodeterminación de los pueblos”. Según fuentes de la Asociación de Comunidades Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), allí se espera contar con la presencia de varias organizaciones sociales, populares y organismos de derechos humanos nacionales y de otros países, que quieran escuchar las denuncias y conocer de primera mano la realidad que afrontan las comunidades.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
