Por: Christian Peñuela – octubre 4 de 2012
En el marco de la Semana de la Indignación, que comprende una serie de movilizaciones masivas por todo el territorio nacional, el pasado 4 de octubre, se presentó oficialmente la Ruta Social Común para la Paz, un escenario de amplia confluencia de distintos sectores y organizaciones sociales y populares comprometidas en su lucha y construcción de alternativas de paz, de cara a los diálogos que iniciarán gobierno y guerrilla en Oslo (Noruega) el próximo 14 de octubre. Adicionalmente, los procesos que integran esta iniviativa convocaron al pueblo colombiano a manifestarse en respaldo a las negociaciones, el próximo 8 de octubre.
De acuerdo con los voceros de la Ruta Social Común para la Paz, esta iniciativa busca la articulación del movimiento social y popular colombiano a través de sus diferentes propuestas de paz, con el objetivo de incidir en la agenda ya pactada en los diálogos entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Por esta razón, buscan que la sociedad civil, las organizaciones sociales y populares, y las comunidades tengan una participación directa y clara en unas negociaciones que, según explican, definirán el rumbo del país y esto no debería hacerse de espaldas a las necesidades del pueblo.
En este sentido, Carlos Arturo García Marulanda, del Movimiento Marcha Patriótica fue enfático en afirmar que “es el pueblo, sus organizaciones sociales y populares, quien han vivido los rigores del conflicto y la guerra en Colombia […] es a través de la movilización, de la protesta social y de los escenarios de debate abierto y públicos que puede aportar elementos centrales a la construcción colectiva de la paz”. Por su parte, Daniel Rico Serpa, del Congreso de los Pueblos, señaló que “la paz no solamente es el silenciamiento de los fusiles: también debe resolver los problemas sociales y estructurales”, en lo que coincidió Luz Marina Gallego Zapata, de la Ruta Pacífica de las Mujeres por la Paz, al mencionar que esta negociación “no debe ser un asunto que se tramite por las élites de Colombia para su beneficio […] debe ser para suplir todas las iniquidades en Colombia”.
Aunque el gobierno ha manifestado que los diálogos serán únicamente con la insurgencia y a puerta cerrada, esto es, de forma directa y sin interrupciones, Carlos García asegura que “creemos que, en el desarrollo de las conversaciones y del mismo proceso, se tendrá que reglamentar la participación de las organizaciones sociales”. Respecto a la reconstitución del Consejo Nacional de Paz, Daniel Rico aseguró que “nosotros nos estamos disputando un escenario común para la paz y esto quiere decir que ni ese consejo, ni el gobierno ni la insurgencia nos representan”.
No faltan razones a las organizaciones sociales para exigir su participación en el proceso de paz: varios de los problemas más sensibles que aquejan al país y que hacen parte de sus reivindicaciones centrales están incluidos en la agenda pactada entre gobierno y guerrilla. Diego Martínez Castillo, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), resalta que la Ruta Social Común para la Paz “busca no sólo la reivindicación de la idea de una paz con justicia social sino también la de la participación efectiva de las víctimas […] de alguna manera se requiere la lucha contra la impunidad y por los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición […] es por esto que la mesa de negociación no puede convertirse en un escenario más de impunidad”.
La Ruta Social Común para la Paz está compuesta por procesos de unidad como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Coordinación de Organizaciones y Movimientos Sociales de Colombia (Comosoc), el Movice, la Mesa Ecuménica por la Paz, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), el Comando Nacional Unitario, la Ruta Pacífica de Mujeres por la Paz y otras organizaciones sociales que se han venido juntando en torno a la necesidad de paz con justicia social en diversos momentos: el Encuentro de Comunidades Campesinas, Indígenas y Afrocolombianas por la Tierra y la Paz, celebrado en Barrancabermeja en agosto de 2011; el Congreso Nacional de Tierra, Territorios y Soberanía, desarrollado en Cali en septiembre de 2011; la Minga por la Vida, El Territorio y la Paz, realizada en Caloto y Villa Rica (Cauca) en mayo de 2012; y el reciente Seminario Político de Paz, llevado a cabo en Caloto (Cauca) en agosto de 2012. Estos encuentros han fortalecido lo que se viene gestando desde el Encuentro Nacional de Unidad Popular con el objetivo de construir formas de articulación del movimiento social colombiano.
Asimismo, las organizaciones participantes reconocen que es de primera importancia impulsar las diferentes iniciativas locales, regionales y nacionales que buscan la paz con justicia social, como son el Congreso de Paz, las Constituyentes Regionales por la Paz, los Consejos Territoriales por la Paz y el mismo Congreso Universitario por la Paz.
Exigen cese al fuego
Las organizaciones sociales mencionan que es necesario acordar en el menor plazo posible un cese al fuego para permitir que las negociaciones se den sin la presión de los combates entre las partes y así facilitar la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz.
Marina Gallego mencionó que un cese bilateral de hostilidades “protege el proceso”, pero acepta que para que esto sea realidad se “requiere que las partes ganen confianza”. Además, resaltó que un pacto de este tipo permitiría la protección de “la población civil y las comunidades en los territorios” más afectados por la guerra, lo que debe ser una prioridad y “tratarse en la mesa muy inmediatamente después de la firma en Oslo”.
Diego Martínez denunció que se han presentado tres amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos y líderes sociales dos días antes del inicio de la Semana de la Indignación: la primera está dirigida a dos organizaciones defensoras de derechos humanos del Atlántico, en especial al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de la ciudad de Barranquilla; la segunda amenaza está dirigida a la Mesa de Víctimas del municipio del Carmen de Bolívar, en Montes de María, zona históricamente afectada por el conflicto armado; y la tercera, fue dirigida a la Mesa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada. Según denuncias del representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, las intimidaciones provienen del grupo paramilitar autodenominado Ejército Anti restitución de Tierras.
Paz con todos
Adicionalmente, las organizaciones participantes en esta iniciativa de paz insisten en la importancia en que el proceso de paz permita la participación las demás organizaciones guerrilleras, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Al respecto, Daniel Rico señaló “que todas las insurgencias deben participar en estos diálogos” y que es muy importante que “el ELN también pueda tener un escenario para la paz y la solución política”.
El 17 de septiembre, el ELN publicó un comunicado, firmado por su comandante Nicolás Rodríguez Bautista ‘Gabino’, donde manifiesta no sólamente su intención de participar en la mesa de negociación sino también “la urgencia de que las organizaciones populares y sociales organicen sus agendas con sus representantes: ésta es una tarea en la que nadie puede reemplazarlos y en la que, sin ellos, el camino a la paz comienza equivocado”.
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