Por: Carlos Medina Gallego* – octubre 2 de 2012
La academia tiene, con el proceso de paz que se avecina, la responsabilidad intelectual, científica, civil, ciudadana e institucional de disponer todos sus recursos y presupuestos de inteligencia al servicio del proceso de solución política negociada del conflicto armado. Para ello, debe llamar la atención sobre el aprendizaje de los procesos de diálogo y negociación de los últimos cinco lustros, de los que se derivan varias enseñanzas.
La primera y fundamental es que la partes reconozcan y estén convencidas de que el proceso de reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera pasa necesariamente por la renuncia definitiva y absoluta a la conquista de la victoria militar. Además, debe existir la disposición de las voluntades políticas para transitar un proceso de conversaciones, consensos y concertaciones en un escenario de acuerdos democráticos, en los que se reconozcan y respeten las diferencias y se de especial atención al interés nacional.
La segunda enseñanza consiste en admitir que existen unas causas estructurales del conflicto que es urgente comprender, atender y superar con una propuesta de transformaciones que comprometen la voluntad, los esfuerzos e intereses de todos los sectores de la sociedad. Estas causas reclaman reformas sustanciales en relación con la propiedad de la tierra, la redistribución equitativa de la riqueza, la democratización del régimen político, la aplicación de justicia y, sobre todo, la construcción de condiciones de bienestar general para la población en materia de empleo, salud, educación, vivienda y seguridad.
Todos estos cambios deben quedar consignados en un acuerdo político para construir la paz que, desde luego, demanda cambios institucionales y constitucionales. A estos cambios se les debe dar el tiempo necesario que les permita producirse en el marco de la orientación de un nuevo Plan de Desarrollo, que tome en consideración el espíritu de los acuerdos.
La tercera enseñanza consiste en situar en un lugar de atención privilegiada la superación de la crisis humanitaria. En este trabajo deben darse las garantías constitucionales y los esfuerzos institucionales y sociales que convocan el respeto de los derechos fundamentales, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, prestando atención integral e inmediata a las víctimas de la violencia.
La cuarta tiene que ver con la profundización y extensión de la democracia, cuyo requerimiento esencial consiste en fortalecer y proteger las formas de organización social y política de la sociedad civil, los movimientos sociales y las comunidades, como expresiones legítimas en las dinámicas de los conflictos colombianos. Para eso, se hace necesario garantizar los más amplios y democráticos mecanismos de expresión y participación en los escenarios de decisión política y construcción de paz. Esto implica la descriminalización y desjudicialización de la protesta social, junto con el reconocimiento y protección de los liderazgos naturales de las distintas formas de organización y las comunidades en general.
La quinta enseñanza consiste en asumir como parte del acuerdo de solución política el compromiso de las partes de trabajar conjuntamente en la solución definitiva de los problemas del paramilitarismo y el narcotráfico, sin lo cual consolidar un autentico proceso de paz y reconciliación será imposible.
La sexta, de especial relevancia, consiste en valorar y convenir el acompañamiento solidario de la comunidad internacional, incluyendo la participación decidida de los organismos multilaterales y del gobierno de los Estados Unidos, no sólo en la etapa de conversaciones y firma de acuerdos sino en los blindajes que requiere el proceso en la etapa de post acuerdos. Esta participación debe darse con una clara delimitación del rol de la comunidad internacional, sin erosionar la independencia del proceso, la libre determinación y la soberanía de la nación.
En general, considero que la academia debe jugar un papel activo en el proceso, nutriendo con objetividad cada uno los temas de la agenda, y que a ese recurso deben recurrir en igualdad de condiciones las partes. Debe permitirse que el patrimonio de inteligencia con que cuenta el país, con sus distintos puntos de vista y propuestas de solución de problemas, esté al alcance de la mesa de conversaciones sin otro propósito que proporcionar insumos para la toma de decisiones.
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* Docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia.
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