Por: Rafael Rincón Patiño* – julio 31 de 2007
Si los paras son delincuentes políticos porque son iguales a la guerrilla, entonces el presidente Uribe V. está: 1) afirmando que la guerrilla tiene un estatus político; 2) reconociendo que sí hay conflicto armado en Colombia; 3) dando a entender que el Estado colombiano está obligado a acatar el Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra y Art. 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra); 4) está afirmando que la guerrilla no es un grupo terrorista y que, por lo tanto, no hay agresión terrorista y 5) dejando sin piso político la denominada guerra preventiva contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Si el presidente Uribe V. le está diciendo a la Corte Suprema de Justicia cómo debe tipificar o calificar los delitos para juzgar a sus barones electorales presos, entonces: 1) En Colombia no hay Estado de derecho; 2) no hay separación de poderes; 3) no hay independencia de la justicia; y 4) sobra la Fiscalía General de la Nación.
Si el presidente propone una ley para que, finalmente, sus reelectores espurios salgan de la cárcel a hacer política, entonces: 1) la Constitución de Paramillo prima sobre la Constitución de 1991; 2) el poder paramilitar y el del narcotráfico se han institucionalizado; 3) el bloque de constitucionalidad está supeditado al bloque paramilitar; 4) los derechos de los victimarios son prevalentes sobre los derechos de las víctimas.
Si el Congreso aprueba la ley que exonere a los jefes paramilitares de responsabilidad penal por las masacres, entonces: 1) El Congreso apoya al Abogado Defensor del paramilitarismo, 2) el Abogado Defensor litiga con leyes, es decir aprovecha su calidad para ser juez y parte; 3) la Justicia ha sido derrotada por los hechos y no por el derecho; 4) el Congreso confirma su dependencia del poder paramilitar; 5) el pueblo de Colombia está en manos de las mayorías parlamentarias demócratas de los Estados Unidos.
La pirueta jurídica del presidente Uribe para favorecer al paramilitarismo y a los partidarios con impunidad o penas benévolas, que es lo que finalmente busca el abogado defensor para sus clientes es una voltereta política, o complicidad criminal que descubre sus compromisos preelectorales.
La Constitución de Paramillo o acuerdo narcoparamilitar para refundar a Colombia fue un golpe de Estado con participación del Jefe de Estado. El presidente, que juró defender la Constitución de 1991, le dio la espalda al Estado de derecho. Por eso, muchos de sus reelectores congresistas son criminales en un orden jurídico, pero son congresistas admirables en el otro orden jurídico; su ejército de desmovilizados son criminales de guerra en un orden institucional y son recibidos y tratados como héroes en el marco parainstitucional.
El presidente Uribe V. acusa a la Corte Suprema de Justicia de tener una visión sesgada del proceso de paz con los paramilitares, pero la visión oblicua, sin rectitud, es aquella que pretende favorecer, por fuera de la ley, a quienes lo han apoyado militar y políticamente: los mismos que lo tienen chantajeado. El presidente Uribe V. hace lo que ellos digan, so pena de que las versiones del ventilador apunten hacia la Casa de Nariño.
La norma fundamental, la cúspide jurídica y política, aquella que le da validez al régimen de la ‘seguridad democrática’ es un acuerdo oculto, producto del dañado y punible ayuntamiento de un candidato con los poderes salvajes para alcanzar la victoria sobre una fuerza ilegal del conflicto armado colombiano. De este acuerdo oscuro, constitución oculta o Constitución de Paramillo se conoce el lugar, se conoce el número de constituyentes -seis-, se conocen los políticos que dieron su aval, se conoce su objetivo general -refundar la nación-, se conocen las fuerzas que garantizan el nuevo orden.
Para este orden paramilitar, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, los órganos de control son palos en la rueda de la nación refundada.
Se acerca la hora de la versión del presidente Uribe V., la versión que pedirá comprensión y entendimiento, la versión de quien se considera la primera víctima de la nación. El presidente Uribe V. pedirá la libertad por pena cumplida y alegará haber pagado la pena máxima de ocho años que establece la Ley de Justicia y Paz.
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* Director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.
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