Mayo 12 de 2008
Desde comienzos de 2008, los asesinatos y las amenazas de muerte contra diferentes actores de la sociedad civil se han incrementado. Las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos son víctimas de una persecución e impunidad por parte del gobierno, a través de las fuerzas del Estado y paramilitares. Aunque las declaraciones de la actual administración manifiestan garantías en la seguridad de activistas y periodistas, la arremetida es innegable. Según las estadísticas proporcionadas por las centrales obreras y los diferentes observatorios de derechos humanos, en marzo de 2008 las muertes de sindicalistas aumentaron en un 300% y el número de exilios de periodistas ha crecido. Además, las autodenominadas Águilas Negras han reactivado su acción en el Magdalena Medio, algunas ciudades capitales y Bogotá. Esto ha ocasionado una serie de amenazas a activistas, intentos de homicidio, nuevos desplazamientos, toques de queda impuestos por los grupos paramilitares y extorsiones a las comunidades que, de nuevo, tienen que pagar por la falsa seguridad que prestan estos grupos irregulares.
¿Libertad de prensa?
En lo que va corrido del año, según los datos que suministra el Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, la organización Prensa Libre denunció que “treinta y cinco periodistas y comunicadores han acudido al Programa de protección a periodistas y comunicadores sociales” y que “son 28 los casos de violaciones de los derechos fundamentales de los periodistas por los cuales se han radicado investigaciones en la Subunidad especial de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación”. Sin embargo, estas cifras no recogen todas las amenazas y persecuciones. La Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio (Aredmag) denunció que el periodista y sacerdote Rafael Gallego, junto con dirigentes de organizaciones sociales del departamento de Bolívar, han sido amenazados de muerte por el comandante ‘Camilo Mora’ del Bloque Norte de las Águilas Negras, mediante dos mensajes electrónicos que fueron enviados el 16 y 19 de abril de 2008. Los amenazados no aceptaron la protección del gobierno, por considerar que las garantías que ofrece no son reales. De igual manera, la periodista Claudia Julieta Duque, que investiga junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo la muerte de Jaime Garzón, renunció al esquema de seguridad que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) le otorgaba, al conocer que los agentes encargados de su seguridad adelantaban trabajos de inteligencia desde los cuales se le hicieron falsas imputaciones.
A pesar de las declaraciones presidenciales, que afirman avances en la seguridad del ejercicio periodístico, Colombia figura de cuarto en la lista del “Índice de Impunidad” que el Comité para la Protección de Periodistas divulgó el 30 de abril de 2008, después de examinar cada país en el mundo en el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007. Aunque los informes mostrados por presidencia muestren que el número de asesinatos ha disminuido desde la primera elección de Uribe como presidente, no hacen alusión a la impunidad de los asesinatos de periodistas y, menos aún, sobre el número de periodistas que han tenido que abandonar el país para proteger su vida. Un ejemplo de esto es el caso de Freddy Muñoz, quien estuvo detenido 52 días por falsos cargos y que, después de su liberación, tuvo que huir del país. Además, es necesario tener en cuenta que, a pesar de las buenas intenciones que manifiesta Álvaro Uribe con la libertad de prensa, él señaló a los periodistas Daniel Coronell y Carlos Lozano de ser mentirosos, por informar sobre los vínculos del mandatario con el paramilitarismo y las mafias dedicadas al narcotráfico, lo que desembocó inmediatamente en amenazas de muerte. Lo anterior es muestra de la intolerancia que se disimula con alocuciones mentirosas y que enmascaran procesos de censura y autocensura.
¿Ejercicio sindical?
Por otra parte, el número de sindicalistas muertos en el presente año es cercano al de los 26 activistas asesinados el año pasado, lo que indica una fuerte represión a la actividad sindical. “24 homicidios, 4 desapariciones y dos atentados de muerte se han cometido contra sindicalistas en lo que va corrido de este año” denunció la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) el pasado primero de mayo. Entre las desapariciones se encuentra la de Guillermo Rivera, militante político del Partido Comunista Colombiano (PCC) y del Polo Democrático Alternativo (PDA), desaparecido desde el pasado 22 de abril. Sin embargo, el gobierno insiste en que, en Colombia, se dan las garantías para el libre ejercicio de una de las actividades que reflejan, desde la libertad de acción, una democracia real. A pesar de las declaraciones presidenciales, la realidad es otra: de acuerdo a la CUT, “234 sindicatos no pudieron obtener su registro sindical” y “la negociación colectiva es reducida al punto que tan solo el 2% de los trabajadores tiene la protección de una convención colectiva”.
El gobierno se lava las manos al distraer a la opinión pública del trabajo de las organizaciones sindicales y citar las cifras destinadas a seguridad. De esta manera, el gobierno declara que los sindicalistas muertos fueron asesinados por problemas personales o a manos de la delincuencia común, descontextualizando las luchas que lideraban la mayoría de sindicalistas muertos, al tiempo que, como expone Amnistía Internacional, les señala como colaboradores de la guerrilla: “las fuerzas de seguridad y los paramilitares les tachan reiteradamente de ‘subversivos’, y estas críticas suelen ir seguidas de violaciones de derechos humanos que, a menudo, coinciden también con épocas de conflicto laboral o negociaciones de condiciones de trabajo”. Por otra parte, la Escuela Nacional Sindical expone que la violencia desatada contra sindicalistas y la política anti sindical de los empresarios industriales han ocasionado que Colombia tenga sólo un 4.5% de trabajadores sindicalizados, del total de asalariados en el país: “la misma tasa de sindicalización de épocas del predomino de la hegemonía conservadora y del sectarismo político”.
La muerte de sindicalistas ha sido atribuida, desde estudios de Amnistía Internacional, la Escuela Nacional Sindical y los pocos fallos judiciales que hay sobre estos crímenes, a las relaciones entre los paramilitares y el Estado, lo que vincula a diferentes gobiernos con estas muertes y hace innegable una fuerte represión histórica sobre el sector de los trabajadores. En este momento, los sindicalistas son un objetivo militar cruento: los atentados en los que son protagonistas fuerzas del Estado y paramilitares siguen ocurriendo y van en aumento. Jorge Gamboa, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), en medio de un acto un acto de solidaridad “con la huelga de un grupo de trabajadores de la industria de la palma” fue víctima de un intento de asesinato y, aunque los atacantes fueron entregados a la Policía al igual que el arma empleada, éstos fueron llevados hacia una carretera y abordaron una moto dispuesta para ellos. La versión oficial aseguró, en primeros momentos, que los atacantes eran escoltas y que los policías, por el contrario, fueron víctimas de las personas reunidas en el caserío en el que se encontraba el presidente de la USO. Adicionalmente, se argumentó que no sacaron un arma y que tampoco le apuntaron, como declaran los asistentes al acto en el que se efectuó el atentado. Que sean asesinados tantos sindicalistas en un periodo tan corto y que en atentados y desapariciones continúen implicados fuerzas estatales junto con paramilitares demuestra que mafias, políticos e intereses económicos internacionales y nacionales, a pesar de las desmovilizaciones y extradiciones, mantienen a militares y paramilitares como sus ejércitos y verdugos.
Reelección y políticas del miedo
El recrudecimiento de los asesinatos, amenazas e impunidad acompaña la campaña de reelección de la seguridad democrática. Al parecer, el temor que desde grupos de base se ataque la intención de las nuevas mafias de seguir en el poder ha ocasionado la ola de atentados. Después de la marcha del pasado 6 de marzo, diferentes organizadores, entre ellos la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), fueron victimas de amenazas y 6 de los realizadores de la marcha fueron muertos en menos de un mes.
La seguridad democrática necesita que las voces de las personas no recuerden los hechos en los que se vio envuelto el actual gobierno, mientras se atenta contra la seguridad social y se trata de asesinar la memoria y la esperanza acabando con la vida de activistas, comunicadores y trabajadores por la paz. Sin embargo, ésta no es la única estrategia de sometimiento. En la esfera política, el gobierno limpia su conciencia con una reforma que acaba con los partidos que tienen fuertes relaciones con paramilitares, extradita a narcotraficantes y paramilitares en procesos extraños y que anulan los procesos de reaparación de la memoria histórica y silencian las relaciones de las mafias con Uribe. Además, trata de atar de manos a la Corte Suprema con amenazas y falsos espectáculos, como el de la demanda de Uribe al presidente de la Corte por calumnia e injuria, cuando intercedió por su primo, Mario Uribe, en el proceso que se le adelanta por vínculos con paramilitares.
La política de reelección de la corrupción administrativa y política sigue su curso, mientras la población sufre con el desplazamiento, los reclutamientos forzosos y soporta que las Águilas Negras sean los nuevos capos del narcotráfico interno, se consoliden como ejércitos privados de muerte y que sean la autoridad y los dueños de mafias dedicadas al secuestro, extorsión y boleteo en ciudades como Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Medellín y Santa Marta.
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