Por: Rafael Rincón Patiño* – mayo 7 de 2008
Del poder judicial se predica la imparcialidad, la independencia, la gratuidad, su carácter público, su apego a la Ley, la pronta y cumplida justicia (Arts. 228 a 230 de la Constitución Política). No obstante, el presidente Uribe V. le ha pedido a las altas cortes que obren con ‘objetividad’.
¿Qué será la objetividad? ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué el Gobierno no le demanda independencia a la Corte sino objetividad?
La objetividad es un valor que se pide a la prensa, especialmente a la información, pero pocas veces a la justicia. Cuando se exige objetividad a los medios de comunicación el objeto son los hechos, lo que se pide entonces es informar los hechos, comunicar los hechos.
Quizás lo más claro que tiene el expediente de la parapolítica son los hechos. Las fosas comunes, las masacres, las desapariciones forzadas, las violaciones, el dolor, las extorsiones, los desplazados se apuntalan en documentos, confesiones, versiones, testimonios e indicios. Y el más tozudo de los hechos –los distritos electorales del narcotráfico– es el resultado atípico de las elecciones al Congreso en los años 2002 y 2006. El hecho que falseó la representación política en Colombia es la ficha que ha estado derrumbando el dominó del poder espurio en Colombia. Lo más objetivo es lo que no quiere ver el presidente Uribe V.
Lo que el gobierno debiera pedir a la Corte Suprema de Justicia no es objetividad, por ser ésta una cualidad extraña al poder judicial. Lo que debe establecer la Corte, con relación a los procesados por parapolítica, es el grado de responsabilidad de los implicados: la mayoría están siendo procesados por el delito de concierto para delinquir, pero la responsabilidad no va a ser igual, ahí lo que importa es la subjetividad y no la objetividad, no se trata de ‘hacer joche con todos los marranos’. El primo del presidente Uribe V. responderá de manera muy distinta a como lo harán los ex congresistas Luis Fernando Velasco, Rocío Arias o Rubén Darío Quintero.
Llegó la hora de saber por qué estuvieron en el lugar equivocado, con qué intereses, quiénes querían refundar a Colombia, quiénes son los constituyentes de Paramillo, quiénes querían votos, quiénes dinero, quiénes dinero y votos, quiénes fueron obligados, quiénes estaban equivocados, quiénes fueron participes como cómplices y
quiénes como determinadores.
Pedirle a la Corte objetividad es pedirle que se aparte de su jurisprudencia, de su doctrina, de su teoría constitucional, de su forma de pensar y de fallar, que actúe con prescindencia de los móviles de los sujetos, que se aparte de las causas. Urge la verdad de los excongresistas no sólo implicando a otros sino su verdad, la de por qué se metieron en la empresa del paramilitarismo que tiene a cuatro millones de colombianos desplazados, errando de norte a sur.
El presidente que alguna vez dijo estar cargado de tigre, el que múltiples veces ha dicho que es un combatiente, el que reta a sus opositores, el de los adjetivos, el presidente brioso e indómito está pidiendo objetividad. Quiere un poder judicial a sus pies y por eso intenta crear uno a su medida, una Corte ad hoc, una justicia ad Uribe.
El reclamo de ‘objetividad’ deja en claro la idea de justicia que tiene el Ejecutivo. Tiene una representación de justicia iusnaturalista, de justicia universal, de la que Aristóteles llamó justicia objetiva, aquella justicia que habla de lo mismo para todos, la de todos en la cama o todos en el suelo, una justicia sin historia, una justicia gloriosa.
¿Será que el gobierno quiere pescar en río revuelto y cree que si la Corte Suprema de Justicia absuelve a uno tiene que absolver a todos, que así como implicó al ex senador Mario Uribe Escobar, así también lo tiene que exonerar cuando exima a otros?
Hace mucho tiempo se ha dicho que la mayor injusticia es tratar por igual a los desiguales. Si pedir objetividad es que los salpicados de la parapolítica salven a los determinadores del paramilitarismo, el objeto de la ‘objetividad’ de la justicia del presidente Uribe V. es la impunidad.
Es muy posible que al gobierno le parezca ‘objetiva’ la decisión del Consejo Superior de la Judicatura que revocó la sentencia de tutela que frenó la extradición de Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’ hacia EEUU y que amparaba los derechos de las víctimas. Fue ‘objetiva’ porque dejó impune sus delitos en Colombia. La reparación será un calvario más para las víctimas, ahora también víctimas de la objetividad presidencial.
Pero, la objetividad que demanda el ejecutivo a los otros poderes no se aplica en la Casa de Nariño. El gobierno no obra con objetividad cuando, por decreto presidencial, quiere definir a los beneficiarios de la Ley 975 de 2005. Será pues el libre arbitrio, la discreción del presidente o la del alto comisionado para la paz, quien señale los sujetos de la objetividad, es decir, de la impunidad. ¿A cambio de qué? ¿De otra reelección?
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
