Septiembre 14 de 2008
El olor de la impunidad no rodeará por siempre a quienes han hecho historia luego de infundir terror y devastación en nuestro país. En esta oportunidad, el turno fue para el exgeneral Rito Alejo Del Río, capturado el pasado jueves 4 de septiembre en virtud de la investigación adelantada por sus actuaciones como comandante de la XVII Brigada del Ejército entre los años 1995 y 1997.
La captura se efectuó con el propósito de que Del Río rinda indagatoria por el delito de concierto para delinquir, relacionado con el asesinato del líder Marino López Mena en el Bajo Atrato chocoano. Según el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, este hecho no constituye la reapertura de la investigación precluida por el despacho de su antecesor. No obstante, atado al caso de Mena se estudiarán otros delitos cometidos por el Ejército y las Autodefensas en Apartadó, Dabeiba, Vigía del Fuerte, Pavarandó y otros poblados de la cuenca del Río Cacarica.
Esta decisión de la Fiscalía ha descubierto también una serie de irregularidades presentadas en 2004, cuando Luís Camilo Osorio, en ese entonces encargado del ente investigador, ordenó la preclusión de la investigación y despidió a varios funcionarios de la Unidad de Derechos Humanos, a pesar de que existía evidencia suficiente para acusar a Del Río, según informa Pedro Díaz, uno de los funcionarios encargados de la investigación y silenciado con la desvinculación.
La investigación acumula miles de folios que, entre otras pruebas, estaba soportada por los informes de medicina legal sobre los innumerables asesinatos; las declaraciones del excoronel del Ejército, Carlos Alfonso Velásquez, distinguido por su papel en la lucha contra el Cartel de Cali y por sus revelaciones frente a los hechos que sirvieron de sustento al famoso Proceso 8.000, quien se desempeñaba como segundo comandante y jefe de estado mayor al momento de ser dado de baja por denunciar las irregularidades en las que incurría Del Río; las declaraciones de la entonces alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas; y las de cuatro subalternos de Del Río, que relataron cómo la Brigada XVII actúo de la mano de los paramilitares en diferentes operaciones y que, en su arremetida contra la guerrilla, acabaron con la vida de muchos dirigentes sociales y de civiles inocentes, incentivando el desplazamiento forzado en la región.
Gloria Cuartas señaló recientemente a El Turbión que existieron tres casos puntuales que sirven de ilustración de las atrocidades cometidas por el exgeneral Del Río y del manejo que se dio, posteriormente, para garantizar su impunidad. Los casos referidos son: el del niño César Augusto, decapitado en la Escuela La Cadena, cuya cabeza fue arrojada por los asesinos a los pies de los demás niños de la institución que se encontraban acompañados por Cuartas; el caso del concejal José German, de la Unión Patriótica, quien fue asesinado un día antes de su cita en la Fiscalía para presentar las pruebas que tenía en su poder frente al accionar conjunto del Ejército y los paramilitares en la comisión de crímenes de lesa humanidad; y, finalmente, el caso de Osvaldo de Jesús Giraldo, quien fuera testigo en contra de Del Río y a quien le ofrecieron ser comandante paramilitar si se retractaba, siendo amenazado junto con su familia y asesinado luego de cambiar su testimonio, dejando constancia de todo en una carta que escribió antes de morir.
La captura obedece a las nuevas evidencias ofrecidas frente al caso, como son las declaraciones de Salvatore Mancuso, el año pasado, y Ever Veloza alias ‘HH’, en junio de este año, cuando estos dos jefes de las autodefensas afirmaron que el exgeneral les había patrocinado y colaborado durante mucho tiempo.
En esta oportunidad se cuestionan, en particular, las consecuencias de la operación ‘Génesis’, adelantada entre el 24 y 27 de febrero de 1997 en el Cacarica, ubicado en la región del Bajo Atrato (Chocó), donde militares y paramilitares arrasaron con la vida de unas 85 personas entre campesinos, indígenas y afrocolombianos, y, en especial, cometieron un asesinato que ha escandalizado a la opinión pública: Marino López Mena fue decapitado y su cabeza utilizada como balón de fútbol por los asesinos, obligando a la comunidad a presenciar el aberrante acto que, como se señala, es el suceso detonante de la captura.
Pero el ‘Pacificador de Urabá’, como nominaron a Del Río los bananeros y ganaderos de la región, no es el único protagonista de esta historia, a su lado tenemos nombres como el del exgeneral Fernando Millán, llamado a indagatoria en 1998 e investigado por su apoyo a una Convivir de Lebrija (Santander) que se convirtió en un grupo paramilitar, y el exgeneral Jaime Humberto Uscátegui, quien fue condenado a 40 meses de prisión por la Justicia Penal Militar en 1999 por su omisión en la masacre de Mapiripán. Todos, relatos con algo claro en común, como lo menciona Gloria Cuartas en la entrevista otorgada, es que estos actos son parte de “la estrategia de Estado de profundización del modelo económico”.
Todos estos hechos coinciden en su discurso de justificación, cual es la lucha contra la guerrilla, usados por el Estado para eliminar todo foco de oposición y para garantizar, a partir del uso de la fuerza, un reordenamiento territorial más útil a los intereses económicos de las clases dominantes. Colombia se ha transformado geográfica y demográficamente gracias a la accionar conjunto del Ejército y los paramilitares, todo con el propósito de dar vía libre a los cuantiosos macroproyectos que, hoy por hoy, están dando sus frutos a las arcas de los principales financiadores de este proceso.
Para el exministro Fernando Londoño Hoyos, la labor de ‘pacificación’ de Del Río ha redundado en un crecimiento económico de la región que hoy se evidencia en la producción bananera y en el fortalecimiento de macroproyectos productivos de palma de aceite. Sin embargo, el crecimiento económico no puede apreciarse como una ‘ventaja’ en sí misma, primero, porque dicho crecimiento beneficia a una minoría en la región; segundo, porque esa minoría se ha hecho beneficiaria del mismo tras financiar mercenarios que, antes que combatir con la guerrilla, buscaron colonizar la tierra para su explotación, derramando sangre inocente e infundiendo el terror en los habitantes del sector; tercero, por el impacto ambiental de los monocultivos; y cuarto, por las implicaciones de estos últimos frente a la soberanía alimentaria de los habitantes.
Pero el caso Del Río tiene otra particularidad: desempolvado su pasado también salen a la luz otras evidencias de la participación del presidente Uribe Vélez en una política de ‘limpieza’ en el departamento de Antioquia, que acabó con la vida de miles de inocentes y desplazó más de cuatro mil personas.
Más interesante aún resulta observar como encaja en todo este contexto Uribe Vélez. Aunque se quiera hablar una vez más de felices coincidencias, es claro que siendo el gobernador del departamento durante la época en que ocurrieron los hechos es imposible que no estuviera al tanto de los mismos. Llama especial atención el hecho de que Uribe, luego de que el presidente de la época, Andrés Pastrana, retiró del servicio a Rito Alejo Del Río en respuesta a un pronunciamiento sobre la situación de Derechos Humanos efectuado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, sirviera de orador principal en un homenaje dirigido al militar, el 29 de abril de 1999 en el Hotel Tequendama de Bogotá.
Esta entrañable relación, entre el exgeneral y el presidente Uribe, no puede hacerse a un lado ahora que se reabre la discusión frente al connivencia entre el Ejército y los paramilitares en el Departamento de Antioquia. Desde aquí es desde donde debemos observar la preclusión ordenada por el Fiscal General de la época frente a la investigación adelantada en contra del militar. Éste es el debate que tiene que darse en Colombia, sin ceder a las maniobras de opinión acostumbradas por la Presidencia.
Peor que un país sin memoria es un país irreflexivo e indiferente ante las evidencias. Ésta es, precisamente, la principal preocupación que surge con el caso Del Río, porque una verdad parcializada no es verdad y si cae Rito Alejo del Río debe caer Uribe Vélez.
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