Salario mínimo y mínimo vital

Por: Carlos Julio Díaz L. – diciembre 15 de 2012

El salario mínimo en Colombia escasamente cubre la mitad de la canasta familiar de ingresos bajos. En la Constitución Política y en el lenguaje de la Corte Constitucional se habla del mínimo vital como una garantía que se deriva de los principios del Estado Social de Derecho.

Cuando hablamos del mínimo vital hablamos del ingreso mínimo que requiere una persona o una familia para atender sus necesidades básicas: alimentación, vivienda, servicios públicos domiciliarios, salud, educación, recreación y cultura, entre otras. El trabajo decente para una vida digna es un ideal de trabajo con seguridad social, de derechos y de ingresos que permitan acceder al mínimo vital y a unas condiciones dignas, que en concepto de la Corte Constitucional es vivir bien, sin humillaciones y con autonomía.

El grupo familiar promedio en Colombia está conformado por una pareja con dos hijos, es decir 4 personas, y el costo de la canasta para el mes de octubre del presente año para ingresos medios y bajos es el siguiente:

El salario mínimo actual escasamente cubre las necesidades básicas de una persona de ingresos medios y de dos de ingresos bajos. Lo ideal sería que el salario mínimo cubriera por lo menos la totalidad de la canasta mínima de ingresos bajos. Para acercarnos a ese propósito se deben reorientar las políticas en algunos campos.

Salarios y tributación

La equidad, la proporcionalidad y la progresividad son algunos de los principios constitucionales de la tributación en Colombia. Esto significa que los impuestos los deben pagar quienes tengan capacidad tributaria y que aquellos que más tengan o ganen paga más, con tarifas crecientes.

En una sociedad donde el 85% de los trabajadores gana menos de dos salarios mínimos y el 50% menos de un salario mínimo, tener una estructura tributaria donde tiene mayor peso el impuesto indirecto que el directo no sólo es contrario a los principios constitucionales sino que atenta contra el derecho fundamental al mínimo vital. En la medida en que impuestos como el IVA se apropian de parte del salario del trabajador al momento del consumo, éstos tienen un impacto contraccionista en sus ingresos.

La política salarial nos tiene bastante lejos del mínimo vital y la política tributaria nos aleja aún más de esta obligación, que debe garantizar un Estado Social y Democrático de Derecho. Continuar profundizando una política de bajos impuestos al capital y de bajos salarios para promover la inversión y el empleo es insistir en una política que ha fracasado y que hoy se viene revisando en la mayoría de los países de la región.

Seguir aumentando los impuestos indirectos, que son profundamente regresivos, para compensar las exenciones y los bajos impuestos al capital es seguir aumentando la iniquidad de un país que, después de Haití, ya tiene el coeficiente de Gini, con el que se mide la desigualdad, más alto de América Latina.

La discusión del salario mínimo no debe ser ajena al proyecto de reforma tributaria que aumenta la brecha entre los salarios y el derecho constitucional al mínimo vital. No sólo debemos proponernos aumentar el salario mínimo por encima de la inflación causada sino presionar para que se retire el proyecto de reforma tributaria y se concerte uno que desarrolle los principios del Estado Social de Derecho.

Salarios y control de precios

En el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ejercen una influencia importante las variaciones inerciales de ciertos bienes y servicios regulados, como las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, el precio de la gasolina y el costo de la educación, entre otros.

En general, los precios regulados suben más que los incrementos salariales y ejercen una acción inercial mayor en el IPC de ingresos bajos por la alta participación que tienen en el gasto de las familias que viven de un salario mínimo, como en el caso los servicios públicos domiciliarios.

Debido a la crisis alimentaria mundial, la variación del IPC del componente de alimentos siempre es superior a los otros rubros. Como la participación de los alimentos en la canasta de ingresos bajos es superior a la de medios y altos, las variaciones de estos precios impactan de manera más grave a los trabajadores y la familias que dependen del salario mínimo.

Para quebrar la tendencia inercial de la inflación, el gobierno debe empezar a someter a una reducción y congelamiento los precios regulados, y a intervenir los precios libres pero vitales, como es el caso de la canasta alimentaria. Sólo de esta manera los incrementos salariales nominales se expresarían en incrementos reales de la capacidad de compra de la población y se empezaría a configurar un mercado interno que haga viable y sostenible un proceso de recuperación económica.

Inspección y vigilancia

Uno de los grandes problemas del salario mínimo no es sólo que éste represente aproximadamente la mitad de la canasta mínima vital para ingresos bajos sino su baja cobertura y el alto incumplimiento que los empleadores hacen de esta exigencia legal. En la mesa de concertación de políticas laborales y salariares se negocia un salario mínimo que cada vez aplica a un número menor de trabajadores.

Por lo anterior, el gobierno debe agilizar los compromisos de fortalecimiento del Ministerio de Trabajo, incrementar el número de inspectores y mejorar su perfil cualitativo, a fin de vigorizar las funciones de inspección y vigilancia, con el propósito de lograr una transformación de las prácticas de ilegalidad laboral, tan extendida en la cultura empresarial colombiana. A su vez, los gremios económicos deben hacer campañas para persuadir a sus afiliados a comprometerse con una Colombia legal en temas laborales y para posicionar el trabajo con derechos como un asunto central en la sociedad y en el sistema democrático.

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* Director del Departamento de Salud y Seguridad Social de la CUT Antioquia.

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