Julio 11 de 2007
Así como en 1933 el incendio del Reichstag –sede del parlamento alemán– fue aprovechado por Hitler para el establecimiento de la Alemania nazi, aboliendo la mayoría de los derechos civiles, hoy el presidente Álvaro Uribe Vélez capitaliza a su favor la situación generada por la muerte de los once ex diputados del Valle.
En efecto, el gobierno de Uribe logró imponer su postura de mano dura contra la guerrilla como única alternativa posible para la liberación de los retenidos por las guerrillas, silenciando las voces de quienes reivindicaban el intercambio humanitario, especialmente a través del despeje militar de los municipios de Florida y Pradera.
Auspiciado por los grandes medios de comunicación, el gobierno pretendió desenfocar la atención de la opinión publica, que venía cuestionando los vínculos de políticos y funcionarios uribistas con grupos paramilitares, así como la continua violación de los derechos humanos, denunciada hasta por los demócratas gringos.
Durante las manifestaciones públicas del pasado 5 de julio predominó, al menos en los grandes monopolios de comunicación, un solo discurso: el del gobierno. Lo que inicialmente se constituyó en una movilización social a favor del intercambio humanitario, convocada por las familias afectadas y por los gobiernos locales de Bogotá, el Valle y Antioquia, terminó siendo, por efecto del oportunismo del régimen, una marcha contra el secuestro y la guerrilla, una marcha que, de forma maniquea, buscó mostrar la pugna de un bando de ‘buenos colombianos’ que se manifestaron contra una minoría violenta e indolente, el bando de ‘los malos’.
Esta postura, pretendidamente hegemónica, se manifestó cuando el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, arrebató el micrófono de manos de Carolina Charry, luego de que responsabilizara al gobierno por la muerte de su padre, el ex diputado Carlos Alberto Charry, “al haber dejado en manos de las FARC la vida de los secuestrados, a pesar de tener los argumentos e instrumentos jurídicos, políticos, humanitarios y morales para devolverlos con vida a la libertad”. Carolina también denunció que significaba una “falta de vergüenza y de respeto que uno de los protagonistas de nuestra tragedia marche hoy en Bogotá para ocultar su responsabilidad, para levantar una nueva cortina de humo a sus desaciertos y para no levantar más malicia sobre su falta de corazón”.
El gobierno no sólo rechazó la acusación, sino que además continuó vociferando contra el intercambio humanitario y empezó una campaña de desinformación, afirmando que las FARC habían llamado a familiares de los diputados para informarles que los habían asesinado, aseveración que luego fue desmentida por el gobernador del Valle del Cauca, Angelino Garzón, y los propios familiares. Y ahora los familiares denuncian seguimientos de la policía para establecer por qué Sigifredo Salazar, único sobreviviente de los diputados, anda vivo.
Inspirado en los golpes de suerte dados por la fuga del canciller Álvaro Araujo y del subintendente Pinchao, quien afirmó que la mejor salida para la libertad de los retenidos era el rescate militar, el gobierno de Uribe ratificó su política de seguridad, haciendo caso omiso a los clamores de los familiares y de la sociedad en general, que continúan exigiendo el intercambio humanitario.
Sin embargo, la intencionalidad real de Uribe Vélez al participar en las movilizaciones del jueves no se reduce al rechazo al intercambio humanitario: detrás de todo este protagonismo lo que se encuentra es la pretensión de aprovechar la coyuntura para ampliar la base social que apoya su proyecto político.
Frente a las últimas condiciones de deslegitimación del régimen, el presidente salió a marchar en contradicción con el mismo discurso que, recientemente, lanzó contra las grandes movilizaciones del sector educativo, a las que no dudó en calificar como inoficiosas, desinformadas y manipuladas. Detrás de la esquizofrénica conducta del presidente lo que podemos encontrar es el interés de profundizar, con el respaldo popular, el proyecto autoritario que este gobierno y los sectores que se benefician con su gestión impulsan: seguridad democrática, violaciones a los derechos humanos, legalización de los gigantescos capitales de los narcoparamilitares, continuación de las privatizaciones, recortes a los servicios sociales y aplicación, con firma de los vecinos del norte o sin ella, del TLC.
Si, para establecer la Alemania nazi y la carnicería humana más grande de la historia, el régimen de Hitler aprovechó el incendio del Reichtag para ganarse los favores del pueblo, el gobierno de Uribe necesita del apoyo popular para impulsar sus planes y aprovecha la muerte de los 11 diputados como un detonante de la opinión pùblica.
Cabe preguntarse, entonces, quién se beneficiará de las condiciones generadas por las grandes manifestaciones del pasado 5 de julio: el gobierno, para la profundización de sus planes, o la sociedad, que ha hecho de la movilización un poderoso instrumento un mecanismo para la defensa de sus derechos.
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