La Jagua: mina que enferma y contamina

Enero 26 de 2013

Lumbalgia, silicosis, trastornos del sueño, estrés laboral, hernias discales, hipoacusia, cáncer de piel, dermatomicosis, extinción de especies nativas vegetales y animales, junto con el deterioro de importantes ríos en el norte del departamento del Cesar son los daños progresivos e irreversibles que denuncian los trabajadores de la mina de La Jagua de Ibirico y los 21.000 pobladores que habitan cerca de la cuarta explotación de carbón a cielo abierto más grande del mundo.

De acuerdo con las denuncias de los trabajadores y los habitantes del municipio, la transnacional Glencore, propietaria de las empresas Carbones de La Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones del Tesoro, viene contaminando sistemáticamente el aire, el agua y los suelos de la región, y provocando con sus malas prácticas ambientales y laborales el deterioro de la salud de miles de personas. Esto evidenciaría un claro incumplimiento de los tratados internacionales y de las leyes nacionales que deben cumplir las empresas mineras nacionales y transnacionales.

Denuncias alarmantes

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (Sintramienergética), la Asociación de Trabajadores Enfermos de Carbones de La Jagua (Asotrecaj) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica (Sintraime), hay 108 enfermos reportados en la empresa Consorcio Minero Unido, 349 en Carbones de La Jagua y un número aún incierto en Carbones del Tesoro, lo cual dificulta saber el consolidado total de obreros enfermos de la mina que, en su gran mayoría, no se encuentran sindicalizados. Germán Albor, el trabajador más antiguo de la mina y presidente de Asotrecaj, afirma que “de 340 trabajadores afiliados a la organización sindical, tenemos 83 que están enfermos con diversas patologías, entre las cuales la de mayor índice es la lumbalgia”.

Ya desde la década de 1980, los trabajadores han denunciado los problemas de salud que padecen. Gustavo Benjumea, secretario del Comité Paritario de Salud Ocupacional (Copaso), trabaja en la mina desde 1987 y en sus dos décadas y media de entrega al megaproyecto minero asegura que el polvo negro del carbón le ha afectado los pulmones y que “me han calificado profesionalmente [no apto] por mis deficiencias al respirar. Así como yo, hay muchos compañeros que también están afectados de los pulmones y la espirometría sale negativa”.

Turnos que generan accidentes

Los turnos en la mina son extenuantes: los obreros trabajan durante 12 horas continuas bajo condiciones extremas, debido a las características climáticas de esta zona del norte del país, con descansos de cuatro días para quienes están en el día y de tres para quienes están en la noche, con rotación de la jornada al final de cada descanso.

Dichos turnos generan un riesgo alto de accidentalidad, debido al desgaste de los trabajadores y a los trastornos de sueño que les provocan los repetidos cambios de horario. Los sindicalistas manifiestan que en 2011 se reportaron un total de 427 accidentes, entre los cuales 246 ocurrieron en los turnos diurnos y 181 en los turnos nocturnos. Respecto a los trabajadores contratistas, también llamados temporales o tercerizados, se reportan 122 accidentes tanto en Consorcio Minero Unido como en Carbones de La Jagua, que resultan de mayor gravedad por ser quienes tienen menores ingresos y garantías laborales en la mina.

Además de esto, a los desórdenes de sueño causados por los continuos cambios de turno de los obreros se suman condiciones extremas de estrés laboral relacionadas con la constante presión por parte de la Glencore para aumentar a toda costa la producción de las tres empresas, que sumó 6’955.000 toneladas en 2011, según lo reportado por la trasnacional al gobierno. De esta manera, la empresa minera de capital suizo ha generalizado las prácticas de acoso laboral contra los trabajadores, incurriendo en las conductas definidas en la Ley 1010 de 2006 sin recibir sanciones por comprometer el bienstar y la seguridad de quienes entregan su trabajo para beneficio de esa compañía.

Por su parte, el sindicato ha propuesto mejorar las condiciones de descanso y multiplicar las pausas activas durante las jornadas laborales, de manera que puedan minimizarse los altos índices de accidentalidad, pero exigen a la empresa suspender el acoso laboral por parte de los directivos. Al respecto, Germán Albor menciona que “a la gente le da sueño por las extensas jornadas, lo cual es muy preocupante porque hemos estado a punto de poner muertos y lo hemos denunciado, pero la empresa hace caso omiso y no quiere cambiar las jornadas, además de que no existen planes de seguridad industrial y de salud ocupacional”. De igual forma, Rafael de la Hoz, vicepresidente de Sintraime La Jagua, manifiesta que las condiciones son más que precarias: “hacer un trabajo en campo sin estar bien hidratado y sin estar protegido es correr el riesgo de desmayarse por las altas temperaturas que hay en la mina […] uno está dejando la vida aquí para que la familia esté bien, pero realmente lo que uno gana es para sobrevivir porque honestamente no nos están pagando por el trabajo que uno hace”.

Asimismo, las condiciones ambientales de la mina son adversas cuando se trata de las altas temperaturas y el viento que corre en todos los espacios secos. Del mismo modo sucede con los puestos y lugares de trabajo de los obreros. Gustavo Benjumea es muy claro al decir que “cada quien se afecta dependiendo del área donde trabaje porque los que trabajan en las motobombas tienen problemas de la piel, los operadores de máquinas pesadas tienen problemas de la columna y, en general, los problemas de estrés laboral que generan las altas jornadas y que producen daños en el corazón y de hipertensión” vienen deteriorando la salud de los obreros.

Sordos, envenenados, lesionados

La transnacional australiana Orica Inc., contratada por la Glencore, es la responsable de toda la operación de explosivos en la mina y, además de haber sido cuestionada en Australia y México por sus pésimas prácticas ambientales, por decenas de accidentes y por incidentes que han causado daños irreversibles, sus acciónes han venido deteriorando los ecosistemas y la salud de los habitantes de la región.

Esta empresa, una de las más grandes del mundo en esta rama de la industria minera, cuenta con una larga lista de lamentables antecedentes ambientales. Uno de ellos fue el estallido de un camión cargado de nitrato de amonio en el norte de México, el 9 de septiembre de 2007, que cobró la vida de 28 personas y dejó heridas a otras 250.

En la Jagua de Ibirico, las operaciones de Orica Inc. han ocasionado impactos ambientales significativos y han afectado tanto a los trabajadores como a los vecinos de la mina: las continuas explosiones sin medidas de mitigación les han producido daños sensoriales y han deteriorado las viviendas cercanas. Germán Albor comenta que “[tanto] las oficinas como las habitaciones en los pueblos cerca de la Jagua están rajadas y agrietadas por la alta vibración que producen las dos o tres voladuras diarias, y eso va debilitando cualquier estructura”.

Sin embargo, no sólo las explosiones están enfermando a los trabajadores. Las labores con maquinaria pesada y con herramientas que producen altos niveles de ruido hacen que una buena parte de los obreros padezcan de hipoacusia, es decir, que se estén quedando sordos. Germán Albor asegura que “antes habían unos compresores que […] hacían un ruido estruendoso y muchos compañeros quedaron sordos, teniendo que ser reubicados. Son problemas irreversibles y que no tienen cura, puesto que en algún tiempo no se utilizaban los tapones auditivos en la mina”.

De otra parte, el trabajo de los mecánicos con soldaduras eléctricas a gran escala, dado el tamaño de la maquinaria empleada en una mina a cielo abierto, no sólo los expone a altas tempreaturas mientras hacen labores de mantenimiento a la intemperie sino que produce impactos significativos sobre su salud por las radiaciones que esta técnica de unión produce. Adicionalmente, los gases tóxicos producidos por las soldaduras y la combustión de los explosivos, así como el polvillo de carbón que flota constantemente por el aire, también han incrementado las enfermedades respiratorias entre los obreros y los habitantes de La Jagua de Ibirico.

En cuanto a las labores de bombeo, necesarias para sacar el agua que se filtra o que cae con la lluvia en los pozos de explotación, la mayoría de las 36 personas que trabajan en estos puestos de trabajo presentan problemas en la piel por el contacto con aguas contaminadas por el contacto con un carbón rico en azufre, como el que se produce en el proyecto minero de La Jagua, los residuos químicos de los explosivos y el combustible diésel de la maquinaria. Al tener que ajustar las mangueras de las motobombas, los obreros deben estar grandes cantidades de tiempo sumergidos parcialmente en estos líquidos, lo que los afecta a pesar de usar los trajes de protección proporcionados por la empresa. Gustavo Benjumea asegura que en estos trabajadores “la piel la tienen lacerada […] se va descamando, a pesar de que se laven cuando lleguen a la casa […] porque todo eso ya está impregnado, porque los poros absorben toda esa contaminación y no hay nada que hacer”. Además de posibles casos de cáncer de piel, los sindicalistas denuncian que son frecuentes enfermedades como la dermatitis e infecciones como la dermatomicosis, es decir, hongos en la piel.

La complejidad en el manejo de las maquinaria pesada también ha traído graves consecuencias para los trabajadores. Entre los diagnósticos más comunes se encuentran las hernias discales y las lumbalgias. Rafael de la Hoz menciona que “los equipos a los que les estamos haciendo mantenimiento son de aproximadamente entre 7 y 8 metros de altura, pesan toneladas y cualquier error que uno cometa puede causar la muerte”. Un incidente preocupante sucedió el 30 de junio de 2012, cuando un camión minero Caterpillar 777F, que puede pesar 163 toneladas con la carga completa y tiene una altura de más de 5 metros, rodó aproximadamente 32 metros por el botadero de Santa Fe, ocasionando múltiples lesiones al operador del camión.

¿Quién protege a la naturaleza y a la población de La Jagua de Ibirico?

Los habitantes de la zona cercana a la mina aseguran que en los territorios donde se encuentra el mineral existían distintas especies de monos, pájaros, peces y vegetación a comienzos de la década de los ochenta. Sin embargo, producto de la explotación del carbón, las especies han migrado, han disminuido su población o han desaparecido de esos ecosistemas. Inclusive, se dice que los ríos ya no tienen peces y que las empresas prohíben a las comunidades realizar actividades de pesca artesanal, de la que subsistía toda la región antes de la apertura del proyecto minero de La Jagua.

En la mina no hay un tratamiento de las aguas residuales, por lo que los desechos industriales contaminan los afluentes de la región. A pesar de los múltiples compromisos públicos de la Glencore acerca de la construcción de una planta de tratamiento, sólo se llegó a construir una laguna de sedimentación y oxidación que, por estar ubicada a una altura mayor que la boca de la mina, dejó de ser usada para la descontaminación, de acuerdo con Sintramienergética, por lo que el río Tocuy recibe todas las aguas que por filtración o lluvia caen sobre la mina, así como todas las sustancias tóxicas que allí se producen.

De la misma forma sucede con la gigantesca montaña de escombros y desechos industriales que la Glencore ha creado en los terrenos de Carbones del Tesoro: no se tienen planes de manejo de estos residuos ni del suelo inerte que allí se deposita, no se rellenan los pozos de extracción abandonados, tampoco se tienen planes de reparación de los daños ambientales causados por casi tres décadas de explotación minera a cielo abierto ni se realizan obras de mitigación adecuadas para que los campesinos de los alrededores no resulten afectados por la actividad de la mina.

Adicionalmente, no se presentan propuestas confiables de recuperación de los ecosistemas de la región, pues, como es sabido, en los terrenos donde se ha realizado minería a cielo abierto es imposible que éstos recuperen su fertilidad, lo cual no sólo afecta a las zonas de explotación sino a toda la región, pues la empresa trasnacional piensa expandir aún más el proyecto minero. Según denuncias de los campesinos de la región, se han multiplicado las presiones para que los campesinos de la zona aledaña a la mina vendan sus propiedades a los precios fijados por las empresas filiales de Glencore, especialmente, por medio de la ubicación de escombros y material inerte junto a los cercados de sus parcelas, lo que afecta sus cultivos, deteriora la salud de sus familias y les niega sus medios de subsistencia.

De acuerdo con Álvaro Pardo, director de la ONG Colombia Punto Medio e investigador de temas ambientales en el departamento del Cesar, “cerca del 50% del departamento está titulado y con las solicitudes por resolver ante el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) fácilmente será convertido en minería de carbón entre un 70% y un 80% del departamento […] el 14% de los ecosistemas del departamento han sido afectados por la gran minería y el 71% de las solicitudes mineras que reposan en Ingeominas afectarían otro 85%”.

De esta manera, las comunidades y la naturaleza en el departamento del Cesar se encuentran desprotegidas frente a la locomotora minero energética que tanto promueve el gobierno de Juan Manuel Santos. Según estimaciones de los sindicatos, entre el 70% y el 80% de los habitantes del municipio de La Jagua de Ibirico presentan problemas respiratorios y pulmonares por la circulación de vientos contaminados durante el día y la noche. Es un panorama desolador según Gustavo Benjumea, quien afirma que “en las noches incluso se puede ver la polución que genera la mina. Es un problema tanto de quien está en la mina como quien está fuera de ella, en el pueblo, donde inclusive los niños que van creciendo con esas problemáticas de pulmón mueren y es muy triste”.

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