Por: Ómar Alejandro Gutiérrez* – enero 31 de 2012
El prolífico escritor Uruguayo Eduardo Galeano, en uno de los apartes finales de su libro “Patas arriba: la escuela del mundo al revés”, nos induce a imaginarnos un escenario hipotético donde la Iglesia dictará un nuevo mandamiento –que, por cierto, se le había olvidado a Dios–: “Amarás a la naturaleza, de la que formas parte”. Pensándolo bien, esta idea no estaría del todo mal, sobre todo si de esta forma entran en razón quienes destruyen a la Madre Naturaleza, Gaia, Pachamama o como bien se la quiera llamar, con el fin de aumentar la relación costo beneficio de sus lucrativos negocios e inversiones. Sin embargo, no creo que a los testaferros de Dios en la tierra les interese pronunciarse al respecto y menos en un escenario como el planteado el pasado diciembre en la COP17 ó XVII Conferencia del Cambio Climático, realizada en la cuidad de Durbán (Sudáfrica). Las grandes potencias no aceptaron que se pusiera sobre la mesa una nueva discusión frente al efecto que produce el gas metano, el cual es veinte veces más contaminante y genera un efecto invernadero más fuerte que otras sustancias de procedencia y características similares.
La cumbre se realizó del 28 de noviembre al 10 de diciembre de 2011 y reunió a 190 delegaciones de igual numero de países. Su objetivo era el de buscar un rumbo a seguir con el Protocolo de Kioto, que pierde vigencia este año. Pero, como sucedió tanto en la primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (Brasil), en 1992, como en Kioto (Japón), donde fue adoptado el protocolo en 1997, las posiciones se han dividido básicamente en tres: por un lado, la de los países industrializados, como Canadá, Japón, la Unión Europea y Rusia, que se negaron a asumir la directriz de reducir las emisiones de CO2 en al menos un 5% entre 2008 y 2012, respecto a las cifras de 1990; por otra parte, la de Estados Unidos que, aunque ha asistido a las diecisiete cumbres, ha instigado a algunos participantes a no firmar ni ratificar el acuerdo, todo esto con el agravante de ser el mayor emisor de gases con efecto invernadero; y, en último lugar, la de los países ‘en vía de desarrollo’, que exigen a las potencias industriales seriedad y compromiso con las premisas pactadas para evitar el calentamiento global progresivo, que hoy día hace ver un oscuro panorama para el futuro del planeta y la humanidad.
El panorama climático actual
Las emisiones de CO2 calculadas para el año 2011 fueron encabezadas por Estados Unidos, con 18 toneladas al año; seguidos por Alemania, con 10; la Unión Europea, con 7; China, con 6; Rusia, con 2; India, con 1,5; y Japón, con 1,2. Son cifras bastante preocupantes, teniendo en cuenta que desde la década de los 60 la tendencia ha sido a aumentar un 2% anual la concentración de partes por millón (ppm) de dióxido de carbono en la atmósfera, pasando entre 1970 y 2010 de 325,7 a 389,8 ppm. Estos resultados nos dan a entender que aunque se emitan y ratifiquen protocolos, se hagan reuniones y cumbres, muy pocos países, por no decir casi ninguno, asume y respeta los acuerdos.
Las principales consecuencias del calentamiento global son el aumento de la temperatura promedio del planeta en 4°C en tan sólo tres décadas, lo cual repercute en derretimiento de los glaciares, aumento en los niveles de los mares, incidencia cada vez más fuerte y prolongada de sequías e inviernos. Esta última afectación a los ciclos climáticos de la Tierra afectan la seguridad alimentaria de los pueblos, incrementa los efectos de las catástrofes naturales, ocasiona pérdidas de empleo y deja muchas zonas del planeta sin posibilidad de ser habitadas por el ser humano. Se estima que para 1995 habían 2,5 millones de desplazados ambientales y climáticos, hoy hay cerca de 30 millones y, de continuar así la situación, para 2050 existirán entre 200 y 1.000 millones, dependiendo de las medidas que tomemos y su efectividad.
¿Qué pasó en Durban?
Se suponía que el principal objetivo de la COP17 era darle prórroga al Protocolo de Kioto, lo cual se logró hasta el año 2017. Sin embargo, Estados Unidos y algunos de sus aliados lograron que el acuerdo dejara de ser vinculante, no tuviera metas obligatorias ni, mucho menos, repercusiones legales, es decir, cada quien asume el acuerdo como quiera. Ya no hay una meta mínima del 5% de reducción de emisiones en 5 años y no existe ninguna ley ó tratado que obligue a los actores contaminantes a pagar o subvencionar los daños ocasionados. Algunas de las delegaciones participantes y de fundamental participación para la ratificación de acuerdos, como las de Canadá y España, salieron de Sudáfrica el último día de discusiones, el sábado 10 de diciembre, cuando las negociaciones estaban álgidas y sin que aún se lograra un acuerdo general, excusándose en la imposibilidad de conseguir vuelos para abandonar África en los días siguientes y la prolongación fuera de lo previsto de la cumbre. Entonces, las decisiones más preponderantes quedaron en manos de Rusia, la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, apoyados directamente por los nuevos gigantes económicos, como India y Brasil, y en contraposición de la mayoría de países en vía de desarrollo, como las naciones africanas que exigían respeto a la reunión y diligencia para llegar a un acuerdo general.
Los resultados más significativos de la cumbre fueron el retiro de Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Rusia del Protocolo de Kioto. Esas naciones manifiestan que sus economías dependen del uso de fuentes de energía derivadas de hidrocarburos y productoras de la mayoría del CO2 contaminante. La Unión Europea firmó el segundo período, pero con algunas condiciones, entre ellas la exigencia de buscar un nuevo acuerdo para 2020.
La cumbre, sin embargo, ratifica la creación del Fondo Verde del Clima (FVC), una nueva instancia creada en la COP16 de Cancún y manejada directamente por el Banco Mundial. Con un modesto presupuesto de apenas 50 millones de dólares para este año, aportado fundamentalmente por multinacionales e inversión privada, se proyecta que aumentará progresivamente hasta alcanzar, en 2020, cerca de 100.000 millones de dólares para la gestión de proyectos denominados REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada) y esfuerzos que ayuden a mitigar el cambio climático, los cuales estimulan a las comunidades asentadas a los largo y ancho del planeta a preservar los bosques a cambio de pequeños montos de dinero, pero, a la vez, exige y supedita a los pueblos a la perdida de autonomía sobre sus territorios, pues serán consultores externos quienes decidan el fin y uso de los recursos naturales presentes en lugares donde crecen bosques, como el agua.
El FVC es una perversa actualización de los llamados ‘mercados de carbono’, creados a finales del siglo pasado, en los cuales los países contaminantes pagan a quienes ofrecen como servicio ambiental la captura de CO2, mediante la conservación de bosques, que son sumideros de este gas contribuyente al efecto invernadero. En 2009, de 144.000 millones de dólares que se destinaron a los mercados de carbono sólo el 0,2% fue dirigido a proyectos concretos y el resto se gastó en sueldos de consultores, gastos de transacción e inversiones como la compra de tierras con ‘vocación ambiental’.
Aunado a lo anterior, la COP17 reafirmó el concepto de la ONU de 2005 respecto a la aprobación del uso de tecnologías como la captura de carbono y el almacenamiento de CO2, considerándolas como ‘Mecanismos de Desarrollo Limpio’ que separan el dióxido de carbono generado por la industria y la quema de combustibles de la atmósfera. En su informe, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Giecc) dice que “la captación de CO2 puede aplicarse a grandes fuentes puntuales, entonces, el CO2 sería comprimido y transportado para ser almacenado en formaciones geológicas, en el océano, en carbonatos minerales o para ser utilizado en procesos industriales”.
La aplicación de estas tecnologías consumirán buena parte del FVC y propiciarán la corrupción de gobernantes de países en desarrollo, los cuales por un poco de dinero permitirán que en sus territorios se ubiquen o desechen los resultados de la captura de carbono. Un ejemplo de esto se dio en 2011, cuando Haití recibió los desechos de la incineración de la basura de todo un año de la ciudad de Los Ángeles (California, Estados Unidos), a cambio de ayuda monetaria y supuestamente humanitaria después del sismo que sacudió este país caribeño.
El panorama que se genera después de la COP17 no puede ser menos alentador. EE.UU., sus aliados y las multinacionales han hecho del medio ambiente un lucrativo negocio y la mitigación del cambio climático ha generado todas las condiciones para quedarse con el pedazo más grande y jugoso de una gran torta que está en el patio trasero de las potencias. Esta situación se agrava a cada momento y puede poner en vilo la supervivencia de la vida en el planeta o al menos como la hemos conocido hasta hoy. Como siempre, los más afectados serán quienes no puedan pagar y acomodarse a estos cambios: los más marginados y pobres del planeta.
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* Ingeniero agrónomo, investigador del Grupo de Gestión y Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía de Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
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