Por: Carlos Julio Díaz Lotero – octubre 16 de 2017
El sistema de pensiones en nuestro país no ha podido superar los problemas de baja cobertura y, adicionalmente, se plantean supuestas inequidades y dificultades de sostenibilidad que agravan el panorama fiscal del país.
La baja cobertura es un hecho incontrovertible, pues de los 22,5 millones de personas ocupadas solo cotizan al sistema 7,8 (34%) y probablemente solo alcanzarán a pensionarse 2 millones (el 10%), debido a la inestabilidad laboral y al bajo porcentaje de semanas que se cotiza por año.
Por otra parte, de los 5,5 millones de colombianos que están en edad de pensionarse solo 1,4 millones (25,5%) reciben una pensión a cargo del sistema público que administra Colpensiones, mientras 1,9 millones (35%) reciben un subsidio miserable de $40.000 a $70.000 mensuales por parte del Programa Colombia Mayor y hay 2,1 millones (39%) que no tienen ingresos ni fuerzas para trabajar y, probablemente, se encuentran en situación de pobreza extrema.
La causa de esta baja cobertura no está en el régimen público de pensiones ni en la Ley 100 de 1993 sino en el modelo económico y en una estructura empresarial que son responsables de las altas tasas de informalidad laboral que padecen 14,7 millones (65%) de trabajadores del país.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), en su “Guía para el reajuste del salario mínimo de 2018” de septiembre 19 de 2017, insiste en el refrito de que el desempleo y la informalidad son causados por la rigideces del “mercado laboral” y plantea que el próximo gobierno deberá estudiar cuidadosamente cómo superar dicha inflexibilidad. Según ANIF, los principales escollos son “los elevados costos no salariales, los cuales bordean el 50% aún después de la reducción de 13.5pp ordenada por la Ley 1607 de 2012” y los elevados costos de despido que enfrentan las firmas.
Para esta agremiación, que representa los intereses del capital financiero, parece ser que las políticas especulativas de altas tasas de interés y altos costos de los servicios financieros no tienen ninguna responsabilidad en la crisis económica ni en la baja rentabilidad o quiebra de muchas empresas. Adicionalmente, la política pública -impuestos, subsidios, compras- siempre ha favorecido a las grandes empresas multinacionales y grupos económicos, de manera particular a los financieros y minero energéticos, en detrimento de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor parte del empleo, pero que por su baja rentabilidad participan de un bajo porcentaje de la riqueza nacional. Esta estructura empresarial precaria explica en parte los altos niveles de precariedad laboral.
Es esta política económica y financiera neoliberal, procolonialista, usurera y antinacional la que ha concentrado la riqueza en grandes grupos articulados al capital financiero transnacional y la que ha impedido un desarrollo empresarial democrático basado en procesos tecnológicos avanzados, con altos niveles de productividad y de agregación de valor y conocimiento.
La formalización laboral no se promueve precarizando, como lo propone la ANIF, sino con una política pública que promueva el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto se logra aumentando su rentabilidad con crédito de fomento, compras públicas, descuentos tributarios, reinversión de parte de las utilidades en procesos de modernización, reducción de los costos del kilovatio hora de energía, rebaja del costo de la gasolina, inversión en infraestructura económica y social -carreteras, ferrocarriles, salud, educación, etc.-, inversión en ciencia y tecnología, un sistema de protección arancelario decreciente que nos prepare para una verdadera libertad comercial, integración comercial, fortalecimiento de las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo, y garantías a los derechos de libertad sindical.
En síntesis, la mejor reforma pensional es un programa de recuperación económica, desarrollo y democratización de la estructura empresarial para generar empleos bien remunerados, estables y vinculados al régimen contributivo de seguridad social.
La acusación de que el sistema público de pensiones -el régimen de prima media que gobierna Colpensiones- es regresivo y tiene un impacto negativo en la sostenibilidad fiscal -en 2018 el pago de las pensiones públicas costará $41,1 billones, o sea el 17,5% del presupuesto nacional-, hay que mirarla con cuidado.
Para empezar a desmontar el sesgo en la interpretación de los datos hay que precisar que de estos $41,14 billones solo $13,5 billones corresponden a Colpensiones, que es la entidad que más pensionados tiene (1,4 millones). El resto es para atender las pensiones de los regímenes excepcionales de los Congresistas, magistrados de las altas cortes, altos funcionarios del Estado en la rama Ejecutiva, los maestros y la Fuerza Púbica, la cual carga a su vez el lastre de la guerra interna que afortunadamente viene llegando a su fin. Exceptuando las pensiones de los maestros, el resto de regímenes requiere una revisión para evitar los abusos de personajes que cotizan muy poco y se benefician por periodos de hasta 40 años de pensiones estrambóticas.
Para descargar del presupuesto público la totalidad del pago de las pensiones del régimen de prima media, en vez de marchitarlo, como lo proponen ANIF y ASOFONDOS -gremio de las administradoras privadas de los fondos de pensiones de ahorro individual-, hay que fortalecerlo, garantizado que los nuevos trabajadores que se formalicen se afilien al sistema público que se basa en el principio de solidaridad intergeneracional, es decir, que los afiliados cotizan para pagar las pensiones y que entre más afiliados coticen al sistema menos recursos deberá aportar el presupuesto público.
La política, entonces, debe ser la contraria: marchitar el régimen privado y robustecer el régimen público. En Chile, que fue el país referente para adoptar el régimen privado de ahorro individual, hay marchas y presiones para acabarlo y establecer un régimen de reparto como el de Colpensiones porque el sistema privado es una estafa.
No obstante, se necesita un rediseño de la tributación en Colombia para que se ajuste a los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia. Las gabelas y beneficios tributarios que se le dan a las grandes empresas le cuestan al fisco más de $30 billones, la evasión de los impuestos de renta e IVA representan otros $30 billones, la corrupción en el gasto se apropia de unos $50 billones y un monto similar representa el servicio de la deuda al capital financiero. La causa del déficit fiscal no son las pensiones, en su mayoría de salario mínimo del régimen público, sino la tendencia recesiva de la economía, las gabelas tributarias, la evasión, la corrupción en el gasto y la subordinación del presupuesto público a las lógicas especulativas de capital financiero.
La propuesta de ANIF y Asofondos de aumentar en 5 años la edad de pensión, aumentar las semanas de cotización, rebajar en un 20% las mesadas pensionales, marchitar el régimen público y dejar al mercado financiero con el control total del sistema es decirle adiós de manera definitiva a la posibilidad de pensionarse en Colombia y alimentar hasta el fin de los tiempos la insaciable avaricia del capital financiero.
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* Analista de la Escuela Nacional Sindical (ENS). Publicado originalmente por la Agencia de Información Laboral.
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