Por: Luciana Scaraffuni – febrero 25 de 2012
La justicia pasa por un momento difícil en Uruguay. Una decisión de la Suprema Corte de Justicia acabó con la carrera de la jueza Mariana Mota, quien sentenció a 30 años de prisión al exdictador Juan María Bordaberry y tenía a cargo alrededor de 50 causas relacionadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Entre 1973 y 1985 Uruguay sufrió uno de sus períodos más oscuros y dolorosos: la dictadura cívico militar, bajo el mandato de Juan María Bordaberry, dejó miles de víctimas y llevó ese país de ser el que tenía la tradición democrática más larga y duradera a ser considerado como “la cámara de tortura más grande de América Latina”.
Alrededor de 60.000 personas fueron puestas en prisión por razones políticas, posicionando a Uruguay como el país con la tasa más alta de detenidos per cápita en el mundo. Adicionalmente, más de 200 personas fueron desaparecidas y miles fueron sometidas a las más crudas torturas: son incontables los testimonios de uso de la picana eléctrica –choques eléctricos en los genitales–, ‘submarinos’ y sistemáticas violaciones sexuales contra las mujeres. También se han registrado numerosos casos de secuestro de niños nacidos en cautiverio, como el caso conocido de Macarena Gelman, nieta del escritor Juan Gelman, cuyos padres fueran detenidos y desaparecidos.
Por la misma época, los países del Cono Sur (Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile) vivían un período nefasto de regímenes dictatoriales instaurados entre los sesentas y los setentas en la región. Todo eso fue posible por la coordinación de operaciones y acciones diversas entre las cúpulas militares y las elites políticas de esos países, en el marco del Plan Cóndor, orquestado y vigilado por los Estados Unidos, que legitimaban estas violaciones a los derechos humanos basándose en su Doctrina de Seguridad Nacional y en el concepto del enemigo interno, que no era otro que la población civil, los sindicatos, las organizaciones sociales y los partidos políticos de izquierda, entre otros actores opuestos a sus intereses en la región.
La vuelta a la democracia en Uruguay significó la instauración de la Ley 15.848 de 1986 o “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, que pretende –ya que sigue vigente– que los crímenes de la dictadura no puedan ser debidamente juzgados, amparando así a los militares y policías responsables. Luego de dos referendos fallidos por su derogación, de una larga lucha de un cuarto de siglo de las organizaciones sociales y los defensores humanos por acabar con la ‘ley de amnistía e impunidad’, y de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la declarara inconstitucional, debido a su incompatibilidad con los diferentes tratados internacionales y de derechos humanos suscritos por el estado uruguayo, el Parlamento votó una Ley Interpretativa, la Ley 18.831, que dejó sin efecto la Ley de Caducidad para fines de 2011, permitiendo que la justicia investigue y sentencie a aquellos militares que cometieron torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones.
Artimañas contra la justicia
Luego de 28 años del fin de la dictadura, apenas un puñado de militares y policías han sido condenados por las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura. El más importante, el exdictador Juan María Bordaberry, fue condenado por la jueza Mariana Mota a una pena de 30 años de cárcel en 2010, convirtiéndose en un caso emblemático en la búsqueda de las víctimas de verdad y justicia, así como de garantías de no repetición de estos crímenes.
El pasado 13 de febrero, la Suprema Corte de Justicia decidió acabar con finalizar con la carrera y trayectoria de la jueza Mariana Mota, trasladándola del ámbito de lo penal, del Tribunal 7 de Montevideo, al ámbito de lo civil, al Tribunal 1 de Montevideo. Esta decisión pone en duda la independencia que pueda tener el alto tribunal respecto a los militares y a los intereses de las elites políticas y económicas más conservadoras, que aún ocupan importantes cargos de poder en Uruguay.
El no conocer los motivos reales del traslado de la jueza y, a raíz de esto, la obstaculización de los casos que tenía a cargo ha generado reacciones diversas de conmoción e indignación entre funcionarios de gobierno, como el canciller Luis Almagro, y un fuerte pronunciamiento de la comunidad académica internacional que se suma a esto las críticas de la prensa internacional hacia el gobierno del actual mandatario uruguayo, José Mujica.
Adicionalmente, este panorama de impunidad se agrava con otra decisión de la Suprema Corte de Justicia que, el pasado viernes 22 de febrero, declarara la inconstitucionalidad de la Ley Interpretativa de la Caducidad, lo que obliga a cerrar las causas judiciales que estaban abiertas en contra de los uniformados, señalando que estos crímenes no son de lesa humanidad sino delitos comunes y que ya prescribieron. Además de retomar argumentos de la Ley de Caducidad, el alto tribunal considera que la Ley Penal no puede ser aplicada retroactivamente, dado que ésta no puede proyectar sus efectos hacia el pasado.
Esto deja un panorama incierto en el camino por lograr la justicia y encontrar la verdad de los crímenes cometidos durante la dictadura, ya que ahora dependerá de que haya jueces y tribunales que sostengan la no prescripción de los delitos del terrorismo de Estado en base a la aplicación del derecho internacional.
Luego de 40 años de instaurado el golpe de Estado en Uruguay y de las atrocidades cometidas, éstas no pueden quedar impunes. ¿Qué le queda al pueblo uruguayo? Exigir justicia, apelando a los organismos internacionales, y darle visibilidad a esta situación buscando el apoyo internacional.
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