Junio 20 de 2008
Luego de casi dos meses de movilizaciones contra el estatuto estudiantil y de las constantes negativas de la administración universitaria a negociar con los estudiantes, el pasado martes 17 de junio, miembros de la Universidad Nacional mantuvieron bloqueada la Avenida El Dorado de Bogotá durante casi cinco horas, generando un fuerte enfrentamiento con la policía que se extendió hasta las 4 de la tarde. Los motivos de la protesta, además de la denuncia a la intransigencia del rector, Moisés Wasserman, y su equipo para la discusión sobre el Estatuto Estudiantil del centro universitario, fueron la conmemoración del Día del Estudiante Caído, la denuncia de la violencia policial con la que se han reprimido los procesos de liberación de la Madre Tierra en el Cauca y los propósitos reeleccionistas de Álvaro Uribe Vélez.
Más de 200 agentes y siete tanquetas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía fueron movilizados hacia la sede Bogotá de la Universidad Nacional, con autorización expresa de ingresar al campus por parte del presidente de la República. Sin embargo, los agentes del cuerpo policial no lograron hacer un ingreso efectivo al Alma Máter luego de tres intentos repelidos por los estudiantes participantes en la protesta y de la oposición de parte de los defensores de derechos humanos presentes en el lugar, que emplazaron a las autoridades distritales a detener un operativo de ingreso masvo de policías que se estaba preparando a las tres y media de la tarde, por considerarlo de alto riesgo para la integridad física de la comunidad universitaria.
Recordando a los estudiantes asesinados
De acuerdo a un comunicado repartido al interior de la universidad por las organizaciones que iniciaron la protesta, “en este alzamiento de almas y piedras nos acompañan los caídos el 8 y 9 de junio de 1954, los que murieron el 16 de mayo de 1984, todos los estudiantes que han caído en estos 140 años de universidad y especialmente aquellos que han caído en durante la dictadura narcoparamilitrar”, denunciando la violencia con la que, históricamente, los gobiernos de turno han enfrentado al movimiento estudiantil en Colombia.
Según Aníbal*, uno de los organizadores de la protesta, “más de 16 estudiantes han sido asesinados durante los dos periodos de Uribe, por ejercer su derecho a la protesta, por eso nos encontramos hoy en la calle enfrentando a los responsables de esas muertes”. De acuerdo con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’, ninguna investigación sobre estos crímenes, cometidos por razones políticas a partir de 1929, ha dado resultados en la condena de los responsables o en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en muchos de ellos.
El ingreso de la policía
Durante la protesta, el coronel encargado del Esmad durante el operativo señaló a algunos de los periodistas presentes, así como a
funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Gobierno distrital, que los policías “estamos plenamente autorizados por el presidente para el ingreso a la universidad y lo haremos respetando nuestros procedimientos”, pidiendo luego a los periodistas que se retirasen del área “por su propia seguridad”.
Luego de que, el pasado 29 de mayo y luego de fuertes disturbios en la Universidad Pedagógica Nacional, el presidente señalara ante los estudiantes detenidos que “la Policía debe entrar a cualquier recinto universitario donde haya violencia y no permitir esa violencia y detener a todos los generadores de ella”, se ha generado un ambiente de tensión en las universidades públicas del país por la posibilidad de la militarización de las instalaciones de cualquiera de ellas. Un directivo de la Universidad Nacional, que pidió no ser identificado, señaló que “la situación es bien delicada para los estudiantes, sobre todo porque las directivas de la universidad no podemos hacer ni decir nada contra esa orden a la policía y se pueden presentar situaciones de violación a sus derechos fundamentales muy graves”.
Durante el operativo del pasado martes 17, la policía ingresó en tres ocasiones con tanquetas al claustro universitario, destruyendo las puertas de la calle 26 y causando graves daños en la zona de los disturbios. En un cuarto intento que prepararon, hacia las tres y media de la tarde, procedieron a lanzar gases lacrimógenos y granadas de dispersión a la zona aledaña donde se encontraban transeúntes, estudiantes que no participaban en la protesta y algunos periodistas, para que nadie pudiera observar el operativo. Sin embargo, este intento se frustró para la policía debido a la presión de algunos defensores de derechos humanos y miembros de la administración distrital para detener el ingreso de los agentes, con las consecuencias ya conocidas en otras operaciones de este estilo.
Hacia las cuatro de la tarde los estudiantes decidieron replegarse al interior de la universidad.
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