Por: Camila Ramirez – febrero 28 de 2013
En Colombia, el movimiento obrero ha sufrido persecución, amenazas, asesinatos, exterminio por parte de grupos paramilitares y actores estatales, y una política antisindical de las transnacionales que operan en el país. El objetivo de estos actos ha sido generar miedo en los trabajadores para evitar que se afilien a sindicatos que defiendan sus derechos y, así, sabotear los procesos organizativos de los obreros que demandan trabajo y vida digna. Las centrales obreras han denunciado 2.900 asesinatos a sindicalistas desde 1986, crímenes que en su abrumadora mayoría permanecen impunes.
Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 28 de enero, cuando Juan Carlos Pérez Muñoz, líder sindical de los corteros de caña de azúcar fue asesinado a las 5 am en el municipio de Corinto (Cauca) mientras esperaba el bus que lo transportaría al ingenio La Cabaña, su lugar de trabajo. Dos hombres en una motocicleta se acercaron al paradero en el que se hallaba y, sin darle tiempo a reaccionar, le dispararon. Pérez hacía parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
El asesinato ocurrió en medio de despidos y persecución laboral por demandas de trabajo digno. Los corteros de caña presentaron su pliego de peticiones al ingenio La Cabaña el 17 de diciembre de 2012 y a comienzos de año, denunció Sintrainagro, se realizaron despidos masivos: el ingenio La Cabaña no renovó el contrato de 86 trabajadores, todos afiliados al sindicato. Además, el ingenio María Luisa despidió a 24 trabajadores, entre ellos los integranes de la junta directiva del sindicato donde Juan Carlos estaba liderando el proceso de negociación del pliego.
El movimiento de corteros de caña ha resistido a varios asesinatos. El 27 de abril de 2012 en Florida (Valle) fue asesinado Daniel Aguirre Piedrahíta, fundador de Sinalcorteros. Hacia las siete de la noche, Daniel salió de su casa para realizar una llamada, pero lo esperaba un sicario en una moto que realizó los tres disparos que le quitaron la vida. Aguirre, en 2004, participó de las negociaciones con los ingenios y fue uno de los líderes de las huelgas de 2005 y 2008. Las demandas de los trabajadores han sido la contratación directa, estabilidad laboral, inversiones para la comunidad y el derecho de asociarse en un sindicato.
Los corteros no han sido los únicos afectados por la violencia antisindical. El año 2012 se cerró con la lamentable noticia del asesinato de Milton Enrique Rivas Parra, inegrante de la Unión Sindical Obrera (USO), en la tarde del 11 de diciembre en Puerto Gaitán (Meta). Días antes, Milton había recibido una amenaza por dos hombres armados, los cuales le indicaron que si no abandonaba sus actividades sindicales lo iban a asesinar. Rivas era operador electricista de la empresa Termotécnica y fue uno de los líderes de las luchas obreras en la región, quienes demandan a la transnacional Pacific Rubiales Energy, condiciones dignas para los trabajadores y la comunidad.
Los obreros afiliados a la USO presentaron, el 14 de agosto de 2012, un pliego de peticiones a Termotécnica y Cepcolsa. En medio de la asamblea permanente y las protestas los trabajadores fueron agredidos por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, aumentando la persecución, los señalamientos y la represión contra el movimiento sindical que, desde 2011, viene exigiendo condiciones dignas de trabajo a Pacific Rubiales.
Rodolfo Vecino, presidente de la USO, afirmó respecto a las amenazas que “hay un hecho que es protuberante y que hace parte de una política nacional y se está dando en Puerto Gaitán: es claro que Pacific Rubiales, Ecopetrol, Oleoducto de los Llanos Orientales SA (ODL), Cepsa de Colombia, Cepcolsa, [las empresas] que están allí en la región, e inclusive la institucionalidad representada en el alcalde de Puerto Gaitán […] decidieron (sic.) que la Unión Sindical Obrera no podrá en esa región del país organizar a los trabajadores. Hoy hay una orden dada de asesinar dirigentes de la USO […] Esto (sic.) tiene un hilo conductor que es común, como política de las multinacionales y de Ecopetrol, en evitar que la USO logre organizar a los trabajadores del sector petrolero”.
2012: menos asesinatos, más amenazas
La Escuela Nacional Sindical (ENS), a principios de este año, dio a conocer que las centrales sindicales denuncian el incremento de amenazas y actos hostiles contra el movimiento sindical: “si bien en 2012 rebajó el número de homicidios de sindicalistas, 18 en total, el número de amenazas se incrementó [a] 359, según datos obtenidos en el Sistema de Información en Derechos Humanos de la ENS, de los que también se infiere que en los dos años y medio que lleva el gobierno de Juan Manuel Santos se han presentado 65 homicidios y 994 amenazas. Aunque su número puede ser mayor porque faltan casos por registrar”.
El 7 de noviembre de 2012 fue dejado en la puerta de la casa de Rafael Esquivel, expresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) seccional Bugalagrande y extrabajador de la multinacional Nestlé, un comunicado donde amenazan de muerte a varios dirigentes sindicales de Sinaltrinal y de la CUT seccional Valle. El mensaje está firmado por el autodenominado Comando Unificado Delegado Anticomunista de las AUC Aguilas Negras y en las amenazas se advierte que ”a partir del 2 de diciembre próximo verán correr sangre si los mencionados en el comunicado no desaparecen del Valle”.
Una semana antes varios integrantes de Sinaltrainal seccional Bugalagrande recibieron amenazas de muerte a través de mensajes de texto donde decía que serían objetivo militar por desarrollar su actividad sindical. Las amenazas las firmaba esta vez el grupo paramilitar conocido como los Urabeños. Ante esto, la CUT seccional Valle señaló que “es bastante preocupante la situación que estamos viviendo en el país en general y en el caso del Valle, porque de los 16 asesinatos que han ocurrido contra dirigentes sindicales en el país, 6 han sido en el Valle y 5 de ellos pertenecientes a la CUT”.
El 21 de enero de 2013 se realizó una reunión entre el ministro de Interior, Fernando Carrillo, y las principales centrales obreras, las cuales denunciaron la ola de amenazas y asesinatos que se vienen presentando. Ese mismo día la directiva nacional de la CUT recibió una amenaza por correo electrónico, donde se declara objetivo militar a la CUT Nacional, las seccionales de Atlántico, Bolívar, Caldas, Magdalena y Valle y los sindicatos Sinaltrainal, Sintramienergética, Sintraelecol, Sintraemsdes, Sintraunicol y Anthoc. En las amenazas acusan a los organizaciones gremiales de “practicar acciones que atentan contra la paz y el desarrollo de este país”. El comunicado está firmado, esta vez, por los comandos urbanos del grupo paramilitar de Los Rastrojos.
Las centrales obreras han denunciado la relación que hay entre las trasnacionales, los grupos paramilitares, la Fuerza Pública, empresarios de algunas regiones del país y el Estado. En mayo de 2012 se realizó el Tribunal Mundial de Libertad Sindical, el cual recogió denuncias de violaciones al derecho a organizarse y a la libertad sindical. Como conclusión, ese tribunal manifestó que “condenamos al Estado de la República de Colombia por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de libertad sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegitimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical”.
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Hoy vivimos cambios definitivos para los intereses de la clase obrera en Colombia, parece que el obrero paso a un segundo plano en la industria, es mas importante ofrecer resultados economicos e informes satisfactorios al inversionista y juntas directivas que el bienestar y estabilidad economica de la clase obrera. No menos indignante son los contratos de trabajo ha termino fijo como 3-6-12 meses y sin derechos de convencion colectiva de trabajo ni antiguedad. Para acabar de llenar las hazañas de los gobiernos que se jactan de promulgar la equidad social los empresarios ingresan nuevas estrategias de cambio pensional y reglamentaciones laborales con la alcahueteria de estado. El pueblo somos todos porque debemos soportar tanta injusticia social, DEBE HABER UN CAMBIO Y PRONTO.