Por: Juan Diego García
Las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP parecen desarrollarse con vigor y, aunque no se conoce el alcance de los posibles acuerdos entre los insurgentes y la delegación del presidente Santos en La Habana, todo indica que al menos en la cuestión agraria existe un punto de encuentro bastante significativo en relación a las formas más improductivas de la gran propiedad rural y la necesidad de su modernización. Eso explicaría la reacción airada del gremio ganadero, principal representante del estamento latifundista del país, que ve amenazados sus privilegios.
De la misma forma, se explican las demás reacciones adversas a estos diálogos de paz por parte de grupos que interpretan los supuestos avances como una amenaza para sus intereses: políticos agrupados en torno al expresidente Uribe, usurpadores de tierras, militares y militaristas, empresarios de la guerra y los ideólogos a sueldo de la extrema derecha.
Una solución exitosa favorecería sin duda a Juan Manuel Santos, ya sea que apueste a la reelección presidencial o que aspire a alguna designación importante a escala internacional –se rumora que podría ser propuesto como futuro secretario general de Naciones Unidas y recientemente fue prenominado al premio Nobel de la paz–. En todos estos casos, la perspectiva no puede ser más favorable si Santos consigue cerrar medio siglo de guerra civil y pasar a la historia regional como el presidente de la paz.
Para las FARC-EP los resultados, hasta el momento, son bastante alentadores, pues ha conseguido darle un sentido diferente a la agenda pactada. En efecto, en parte por iniciativa de la guerrilla y en parte por la misma dinámica vigorosa de los movimientos sociales, la cuestión de la paz ha ido ganando terreno en el debate público dentro del país, algo que no estaba dentro de los planes del gobierno. Por lo visto, las autoridades deseaban sacar el debate del territorio nacional, reducir al máximo el temario –según el delegado gubernamental casi nada importante estaba a debate– y exigían alcanzar los acuerdos en el menor tiempo posible, es decir, la llamada ‘paz express’.
Sin embargo, las cosas no han transcurrido según estos propósitos, pues si bien es conveniente ajustar los procesos a tiempos razonables éstos no deben llevar a precipitaciones irresponsables tratándose de un asunto de tanta trascendencia como poner fin a un conflicto armado de tan larga duración. Tampoco tiene mucho sentido desvincular los puntos de la agenda acordada del modelo económico, del sistema político o de la doctrina militar del país. Impedir o limitar la participación ciudadana puede entenderse como una táctica gubernamental para no dar ventajas a la guerrilla, pero ha sido inútil y la ciudadanía ha dado muestras de una enorme madurez democrática en las formas y bastante manejo de la problemática nacional, ofreciendo diagnósticos muy sólidos y soluciones bastante apegadas a la realidad. En este aspecto, el gobierno ha visto frustrados sus propósitos y es evidente que las FARC-EP han sabido aprovechar al máximo su oportunidad de interlocución con la sociedad.
En contraste con la idea difundida por los medios y por éste y anteriores gobiernos, los delegados de las FARC-EP dan muestras de un conocimiento muy sustentado de los problemas del país y utilizan un lenguaje de altura que nada tiene que ver con el discurso de un grupo de delincuentes comunes o con las soflamas incendiarias de terroristas desalmados. Además, y para sorpresa de quienes esperaban propuestas utópicas, en el peor sentido de la expresión, los delegados de la insurgencia han dado muestras de un gran realismo y disposición a los acuerdos en un asunto tan sensible como la cuestión agraria, de honda significación para un movimiento guerrillero de orígenes campesinos y que tiene en las zonas rurales sus principales apoyos.
Además, el cumplimiento de la tregua unilateral que decretó esa organización insurgente disipa las dudas sembradas por algunos sectores contrarios al proceso, según las cuales existirían divergencias en las filas de las FARC-EP. Exceptuando incidentes menores, los guerrilleros acataron satisfactoriamente las órdenes impartidas por sus dirigentes, demostrando que existe cohesión y una unidad de mando efectiva.
Pero, probablemente, la mayor victoria de las FARC-EP es precisamente haber sido aceptada como interlocutor válido, como entidad política, una consecuencia natural de la decisión inteligente de Santos cuando aceptó, desde el mismo comienzo de su mandato, que en el país existe un conflicto de naturaleza social social y política al que no se puede buscar solamente soluciones de tipo militar. Era apenas lógico que el paso siguiente fuese el que se ha dado: sentarse a dialogar con los interesados para buscar una salida civilizada, una negociación política del conflicto.
Cuando la delegación guerrillera en La Habana presenta diez propuesta para resolver la cuestión agraria, recogiendo en buena medida las propuesta de diversos sectores sociales ligados al campo, pero también de la academia, de asociaciones de productores, de iniciativas ciudadanas y hasta propuestas de gentes anónimas que hacen llegar a la capital cubana sus ideas y sugerencias, están dando forma concreta a su legitimidad como voceros de determinadas reivindicaciones de la población, con independencia de la dimensión efectiva de unos sectores sociales que así ven recogidas sus exigencias. O sea, están mostrando cómo podrían ejercer como fuerza política legal, que es precisamente otro de los puntos centrales de la agenda acordada en estos diálogos. En lugar de obstaculizar, criminalizando, estos contactos de la insurgencia con la ciudadanía, el gobierno debería en sana lógica propiciarlos dando todo tipo de facilidades y ofreciendo, a su vez, las soluciones que en su opinión resultan más ventajosas para el país.
El proceso ya no está solo en La Habana: su secretismo se ha roto, para bien del país, y crece la opinión de que si bien, por una parte, es necesario concretar acuerdos para no convertir las conversaciones en interminables diálogos de sordos, por otra parte, debe darse a estos delicados asuntos el tiempo que razonablemente exijan.
Los grupos afectados, sobre todo los terratenientes y ganaderos, están muy activos movilizando sus recursos, que son enormes, con la perspectiva de torpedear el desarrollo de los diálogos, conseguir que Santos se vea obligado a suspenderlos y renuncie a toda tentativa de reforma. Y si éstos culminan exitosamente, estos sectores buscarían hacer imposible su aplicación, como ya sucedió varias veces en el pasado con los proyectos de reforma agraria que provocaron la violenta reacción del gremio terrateniente, hundiendo al país en una guerra civil como la actual, que tiene sus raíces precisamente en la violenta respuesta del sistema a los reclamos de los campesinos.
El gobierno no debería perder los nervios cuando constata que las FARC-EP han hecho una gestión bastante exitosa de estos diálogos de paz en La Habana. Por el contrario, debería aprovechar la ocasión para concretar los avances y ganar el favor de la opinión pública nacional, cuando ya cuenta con un amplio apoyo internacional. En el debate abierto, su papel sería demostrar de manera fehaciente que sus propuestas son mejores que las que ofrece el movimiento guerrillero y sería nefasto que en una demostración de impotencia, producto de sus propias limitaciones y de las presiones de la extrema derecha, diera una patada a la mesa y se retirara alegando motivos secundarios, por lo general propiciados en forma de provocación por los mismos que ahora conspiran abiertamente contra el proceso.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
