Por: Miguel Ángel Herrera Zgaib – julio 5 de 2008
A la luz de las noticias en torno al gran acontecimiento de la liberación de 15 secuestrados rehenes de las FARC, que incluyen a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, cumplida por una operación comando de las Fuerzas Armadas de Colombia con el apoyo reconocido del gobierno estadounidense, no es menos claro que la operación se realizó con un ‘engaño’ que contraviene los postulados del Derecho Internacional Humanitario, el derecho de la guerra, porque se empleó en la operación de rescate una aeronave del Ejército Nacional de Colombia pintada de blanco y con las insignias de la Cruz Roja Internacional, un asunto de gravísimas implicaciones y sobre el cual han guardado silencio, en medio de la euforia, tanto Ingrid Betancourt, como otros rehenes militares entrevistados, las autoridades militares colombianas y el propio presidente Uribe, el embajador William Brownfield y el candidato republicano McCain, quien fue enterado de la operación un día antes que ésta ocurriera.
Tal hecho, que es violatorio del Derecho Internacional Humanitario al utilizar insignias de una organización internacional neutral –la Cruz Roja Internacional– en una acción de guerra, nos iguala con operaciones cumplidas en África y en Israel, y continúa una cadena de acciones ilegales cometidas por el gobierno colombiano, utilizando medios que se suponen permiten la obtención de fines altruistas. Esta operación, que se define como ‘perfecta e impecable’, no lo es para nada en materia jurídica, porque entraña una grave violación. Y ésta se une al reciente anuncio de la Corte Constitucional, el mismo día de la liberación, de que no revisará la decisión de exequibilidad, con un honroso salvamento de voto del Magistrado Araujo, hecha sobre el cambio constitucional que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe con un acto ilícito, perpetrado por la congresista Yidis Medina.
Se trata, ni más ni menos, del cohecho que implicó el compromiso con tal acto delictuoso de funcionarios del Ejecutivo nacional y del propio presidente, beneficiado con tal conducta criminal, que abrió la posibilidad de su segunda presidencia. A todo lo cual se une la prueba de la intervención ilegal del clientelismo armado en las dos elecciones presidenciales, tal y como está documentado por las investigaciones de la Corporación Nuevo Arcoiris y las contribuciones hechas por el equipo del que hacen parte León Valencia, Claudia López, Mauricio Romero y la joven investigadora Laura Bonilla, quien hoy se encuentra forzosamente fuera de Colombia, residiendo en Madrid.
Por lo dicho, es fundamental hoy apoyar a la Corte Suprema de Justicia, a lo cual se ha de unir el reclamo por la renuncia del presidente por haber sido reelegido utilizando una fórmula ilegal e inconstitucional para lograrlo. A lo anterior se debe unir una demanda ciudadana por el respeto al derecho interno y al Derecho Internacional Humanitario, que fue desconocido flagrantemente para obtener la liberación de los secuestrados, sobre lo cual la euforia del instante guarda silencio cómplice.
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