Por: Roberto Schmalbach – agosto 18 de 2008
Luego de una encuesta realizada el 23 de abril por Coltejer a sus trabajadores, por medio de la cual la empresa les preguntaba si estaban de acuerdo con el plan de reconversión que presentó el inversionista mexicano Kaltex que consistía en entregar la empresa ‘cero kilómetros’, es decir, sin contratos de trabajo vigentes, ni convención colectiva, ni sindicato, en un extraño y coincidente resultado con las encuestas que se hacen de popularidad del presidente Uribe, el 78,6% de los trabajadores votaron a favor de esa propuesta.
Posteriormente, el 15 de mayo, en una asamblea general a la que asistieron todos los trabajadores, hasta los que nunca en su vida laboral habían participado en una asamblea, el 89% votó a favor de que los botaran y ese día los medios de comunicación, en particular RCN –cuyo dueño también lo era de Coltejer–, registraban como cada trabajador recibía un televisor como regalo de los inversionistas y de Coltejer.
Esta transacción fue un muy buen negocio del grupo Ardila Lülle, que vendió a Coltejer, y para el inversionista Kaltex, que la compró, pero pésimo para los trabajadores, que terminaron cediendo sus contratos de trabajo, la convención colectiva y su sindicato por un televisor. Ahora, Kaltex va a contratar 200 trabajadores, hasta llegar a 600 con salario mínimo legal, cuando antes estaban vinculados más de 1.500, con salarios de $958.863 pesos mensuales –2,07 salarios mínimos sin incluir prestaciones–, que tenían estabilidad laboral y un sindicato que defendía sus derechos. Es decir, los televisores que supuestamente obsequiaron Kaltex y Coltejer salieron de lo que perdieron los trabajadores. Como dicen los neoliberales, ‘no hay desayuno gratis’. En el caso de Coltejer, sus trabajadores compraron los televisores más caros del mundo.
Pero, como siempre, las cosas de la vida tienen dos caras. En este caso, hay un 11% de esos trabajadores que no mordieron el anzuelo y ahora le exigen a la nueva empresa y al Ministerio de Protección Social que se les respeten sus derechos, a la luz de la leyes aún vigentes en el país que, aunque precarias, son reconocidas por el derecho laboral internacional, que Colombia firmó con la OIT. Ese derecho consiste en que una convención colectiva firmada por un sindicato queda incorporada al contrato individual de trabajo que firmó cada trabajador con la empresa y, por consiguiente, una asamblea de trabajadores no puede decidir que renuncia de forma colectiva a una convención, sólo lo puede hacer individual y voluntariamente el trabajador que así lo determine.
La situación presentada en Coltejer también pone en cuestión si la confianza inversionista que apadrina el gobierno tiene patente de corso para exigir como condición la eliminación de los derechos laborales de los trabajadores colombianos.
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