Dos sucesos han puesto en evidencia un hecho que es verdad a voces en corregimientos, municipios y demás rincones del país. Quizás el de mayor trascendencia sea la desaparición de 19 jóvenes en el sur de Bogotá, quienes posteriormente fueron registrados como muertos en combate en el Norte de Santander y depositados en una fosa común de Ocaña, acontecimiento que los medios de comunicación de los monopolios hicieron ver como un caso de reclutamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, ante las evidencias que los muestran como muertos en combate por parte de las fuerzas militares, se desataron muchos cuestionamientos que evidencian una grave situación sobre la cual existen varios pronunciamientos por parte de organismos internacionales de derechos humanos: las ejecuciones extrajudiciales.
Por otro lado, en el sector de La Boyera, ubicado en el municipio de Cumbal (Nariño), el Ejército arremetió contra la guardia indígena del pueblo de Los Pastos, que, el 19 de septiembre hacia las 9:00 pm, hacía vigilancia para evitar el robo de ganado. De esto la Fuerza Pública tenia pleno conocimiento, pues en días anteriores se había llegado a un acuerdo con miembros de la Policía, grupo de carabineros de Pasto, y las autoridades de la zona para realizar un trabajo conjunto. Pese a esto, miembros del Ejército Nacional dispararon contra 4 Indígenas, dejando como resultado a dos integrantes del cabildo asesinados, uno gravemente herido y otro que huyó, dando aviso al resto de la guardia y a la comunidad indígena.
Después de lo ocurrido, la comunidad impidió que el Ejército levantara los cuerpos, para evitar que se borraran las evidencias, y que los soldados involucrados abandonaran el sitio del homicidio. Además, los indígenas exigieron que se organice una comisión integrada por sus autoridades tradicionales, funcionarios de la Gobernación de Nariño, del municipio de Cumbal, de la Defensoria del Pueblo, de organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de los uniformados, en cabeza del teniente coronel Marco Vinicio Mayorga Niño, comandante del Grupo Mecanizado ‘Cabal’ Nº 3, quien manifestó que sus hombres asumirían “la responsabilidad total frente al homicidio de dos miembros de la comunidad indígena y del herido”, según consta en el acta de la reunión, firmada por el uniformado.
La comunidad exigió que se garantice atención medica al herido y protección al testigo presencial, dejando constancia de que no hubo combates en la zona, de que las victimas eran miembros de la comunidad Indígena y personas de bien, y de que la guardia no hace uso de armas de fuego, por lo cual no se hizo disparo alguno, ni antes ni durante la ocurrencia de los hechos.
Este suceso, distorsionado por algunos medios de comunicación, se convierte en un atentado contra la integridad del pueblo de los Pastos, que habita en esta parte del país.
Debido a esta tragedia, el 25 de septiembre, durante el consejo de seguridad realizado en la región, se denunció ante las autoridades competentes, organizaciones de derechos humanos y veedores internacionales que éste no es el primer caso en la zona y que otros dos miembros de esta comunidad han perdido su vida en circunstancias similares y que, lamentablemente, ellos sí fueron presentados como muertos en combate.
Estos hechos son sólo una muestra de otros tantos ocurridos en este último periodo de gobierno. Según el banco de datos del CINEP, “en el primer semestre de 2008 se han registrado 22 episodios de ‘falsos positivos’, que se proyectan en 33 víctimas de ejecución extrajudicial y una herida, de allí que la atención de organismos internacionales se centre en realizar recomendaciones encaminadas a proteger los DDHH, sin embargo, el Estado hace caso omiso y asesinatos como estos son muy frecuentes el país”.
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