Por: Ricardo Montenegro Vásquez
Ha hecho carrera en nuestro país que el señor procurador, Alejandro Ordóñez, cuestione reiteradamente las decisiones de los tribunales cuando no están acordes a su particular forma de interpretar la Ley aplicando los códigos morales de sus creencias religiosas ultraconservadoras y lefebvristas.
En el Auto 022 de 2013, al resolver una solicitud de nulidad radicada por el jefe del Ministerio Público contra la Tutela 716 de 2011, la Corte Constitucional de Colombia le recuerda al procurador que las parejas del mismo sexo constituyen familias. Este pronunciamiento debe leerse, en términos coloquiales, como un necesario ‘jalón de orejas’ de la corte al procurador, con el que lo invita a que respete sus decisiones y a que no se meta en terrenos que le son ajenos.
Hay que recordar al jefe del Ministerio Público que ha jurado, no en una sino en dos ocasiones, defender la Constitución y la Ley, y que eso implica acatar los fallos de las altas cortes.
Es entendible la molestia que se trasluce en la respuesta del alto tribunal, por cuanto el procurador se ha vuelto experto en cuestionar la acción de la justicia, interpretando, reinterpretando e indagando públicamente desde su propia óptica los fallos.
El procurador no puede saltarse una Constitución que desde el Título Primero es ampliamente garantista con los derechos de todos los ciudadanos, y eso incluye a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales que habitan en el territorio colombiano.
El Artículo 13 de la Constitución es muy claro al afirmar que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.
Y, por si fuera poco, el Artículo 16 de la Carta Magna reitera que “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.
Cumpla, pues, señor procurador con el ordenamiento jurídico que juró defender. No haga perder el tiempo a los tribunales preguntando tonterías y haga efectiva la labor que juró cumplir al asumir el Ministerio Público, entidad que, por demás, tiene la misión de promover la protección de los derechos fundamentales y velar por los derechos humanos de todos y todas.
Ahora, con este llamado de atención, el Congreso de la República queda en mora, aleccionado por ese mismo tribunal, de definir antes del 20 de junio de 2013 la suerte de las parejas del mismo sexo que esperan sea realidad el proyecto de matrimonio igualitario que cursa en el órgano Legislativo.
Si no cumple el procurador con la Constitución y la Ley, es mejor que deje, para bien del país, el cargo que tanta pantalla, importancia y burocracia le ha otorgado.
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