Por: Andrés Gómez – julio 24 de 2013
Colombia ha vivido décadas de guerra, lo que se pretende resolver con los diálogos de paz en La Habana (Cuba) entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, la sociedad civil no participa en la mesa de negociaciones y existen varias inquietudes por parte de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos respecto a la impunidad de los crímenes cometidos por el Estado colombiano en contra de la población.
Olga Silva, defensora de derechos humanos e integrante de la Corporación Jurídica Humanidad Vigente, comentó a El Turbión sus impresiones en torno a la impunidad de los crímenes cometidos por la Fuerza Pública; la violecia sexual que viven niñas, niños y mujeres en el marco del conflicto armado; el paramilitarismo y los diálogos de paz.
Andrés Gómez: –¿Cuál es el objetivo de su gira por España, Suecia y Finlandia?
Olga Silva: –El objetivo de esta gira que hemos venido adelantando junto con la Asociación Campesina de Arauca y Humanidad Vigente, organización de la que hago parte en Colombia, es poder tener espacios de encuentro con sectores de la sociedad civil y de los Estados que vistamos, buscando posicionar la situación de derechos humanos que se vive en el país y expresar las inquietudes que tienen los campesinos en torno a las zonas de reserva campesina, así como varias preocupaciones de cara al proceso de paz alrededor de la justicia y la impunidad en graves casos de violaciones de derechos humanos, como son los casos de ejecuciones extrajudiciales; los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas en el marco del conflicto armado; y, sobre todo, teniendo en cuenta la reciente reforma constitucional que le da un mayor alcance al fuero penal militar en Colombia.
AG: –En materia de justicia, ¿cómo se han desarrollado los procesos judiciales por crímenes cometidos por las Fuerza Militares, especialmente los ejecutados contra niños, niñas y mujeres? ¿Cómo cambia esta situación con la ampliación del fuero militar?
OS: –En Colombia existe un 98% de impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales y los casos de violencia sexual.
En el primer caso, son procesos judiciales que se han quedado reducidos solamente a la responsabilidad de militares de bajo rango, en su calidad de autores materiales, pero ha sido muy difícil que se logre establecer la responsabilidad que le asiste a los altos mandos de la Fuerza Pública que han estado comprometidos con estas conductas criminales, que se han catalogado desde el Derecho Internacional como crímenes de lesa humanidad. Por lo menos, entre 2002 y 2010, la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa EE.UU. documentó cerca de 3.512 casos y la mayoría de éstos están en la impunidad.
La violencia sexual ha sido destacada en Colombia por la impunidad que asiste en este tipo de hechos criminales y porque [las investigaciones] se dificultan aún más por la estigmatización y revictimización que se hace de las víctimas. La violencia sexual es silenciada y muy invisivilizada, lo que afecta la posibilidad de que se pueda acceder a la verdad, justicia y reparación integral.
En el caso de las niñas y niños, hubo un caso emblemático por las circunstancias y gravedad. Fue el asesinato y violación de una niña y [el asesinato de] dos niños en el departamento de Arauca, en el municipio de Tame. Hay que decirlo: fue la presión internacional, la exigencia de justicia de parte de las comunidades, de las organizaciones de derechos humanos regionales y nacionales, y la gravedad misma del hecho que fue posicionada en los medios de comunicación lo que permitió que hoy contemos con un fallo judicial contra un suboficial del Ejército que fue hallado responsable con pruebas contundentes por una juez y, por lo tanto, condenado a la pena máxima. Pero es sólo un caso y tememos que en el país se cometen miles de este tipo de hechos que son todavía materia de investigación y son silenciados.
En el marco de los procesos que Humanidad Vigente acompaña como representante de víctimas, tenemos muchos casos [por crímenes] contra niños y mujeres que llevan más de seis, siete u ocho años y que siguen en investigación por parte de la Fiscalía, es decir, son investigaciones que se duermen en el tiempo y, con ello, se afecta la posibilidad de la prueba.
Recientemente, tuvimos el fallo de una juez administrativa en un caso de violencia sexual contra una niña que en su momento tenia once años y el fallo es bastante cuestionable, sobre todo proviniendo de una jueza de la República que negó las pretensiones en torno a la reparación al considerar que no había sido probado, dentro del proceso administrativo de una reparación indemnizatoria para las víctimas, que la relación sexual que hubiese tenido una niña de once años con un militar de veinticuatro o veinticinco años para la fecha de los hechos hubiese sido una relación no consentida. Digo que es cuestionable porque en Colombia es de público conocimiento que una relación sexual entre una niña de once años y una persona mayor de edad ya constituye un delito.
AG: –Colombia se negó a aceptar la recomendación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizada durante el Examen Periódico Universal (EPU), de reparar a las personas víctimas de violencia sexual en el marco de la guerra, ¿cómo afecta esto a las víctimas de las Fuerzas Militares?
OS: –Es grave para las víctimas, es grave para la justicia en Colombia y es grave para una sociedad que camina con las esperanza de un proceso de paz. La reparación en estos casos es fundamental y no es sólo una indemnización económica sino una reparación integral, de proceso de sanación, de reconocimiento de la responsabilidad, de atención adecuada a la víctima de delitos sexuales, de atención médica y psicológica. Es muy grave que no se quiera atender estas recomendaciones por parte del Estado colombiano, sobre todo cuando la violencia sexual es una de las expresiones de las múltiples violencias que se ejercen contra las mujeres en Colombia.
AG: –¿Ha cambiado en algo la situación de derechos humanos en el país desde que comenzó el proceso de diálogo entre las FARC y el gobierno del presidente Santos?
OS: –En el país creo que hay una expectativa grande por ese escenario que se abrió entre el gobierno y una de las guerrillas que hacen presencia en Colombia, pero las violaciones a los derechos humanos persisten con ese escenario de diálogo y es muy difícil mantener la esperanza en un proceso de construcción de paz cuando en La Habana se dialoga y en Colombia se bombardea y se mantiene la confrontación armada que agrava la crisis humanitaria que ya padece el país. Entonces, no ha cambiado mucho la situación en el país. Hay una expectativa, una esperanza de diversos sectores y se espera que en ese escenario se abra la posibilidad real y participativa de aportarle a un proceso de paz con justicia social para Colombia.
AG: –¿Qué opinión le merece que Santos hable de paz y al mismo tiempo le exiga a las Fuerzas Militares que arrecien la ofensiva?
OS: –Es gravísimo para el escenario de diálogo, pero también para la posibilidad de construcción de paz a la que he hecho referencia. Es muy grave porque eso, incluso, genera mucha desconfianza frente a la seriedad y voluntad de paz que tiene el gobierno colombiano. La paz es una petición desde diferentes sectores sociales y populares y ojalá las conversaciones se hagan en el marco de un cese de hostilidades, porque de lo contrario se agrava la crisis humanitaria que padece el país y el costo de vidas humanas es muy alto.
AG: –¿Qué opinión le merece, como defensora de derechos humanos, que en medio de los diálogos no se hable de los paramilitares, que siguen amenazando y asesinando defensores de derechos humanos, líderes sociales, sindicalistas y periodistas?
OS: –Hay una preocupación real frente al tema del paramilitarismo que el gobierno no quiere reconocer al decir que no existen, cuando hablan del supuesto programa de desmovilización que se hizo en 2005. Pero, la realidad es que estos grupos existen porque las estructuras económicas del paramilitarismo no fueron desmanteladas y un hecho que lo evidencia es que los grupos mantienen su presencia y su accionar criminal en diferentes zonas del país bajo otras denominaciones, como son la de Rastrojos o Urabeños.
Para muchos colombianos, que viven el conflicto en varias regiones del país, la presencia de estos grupos es clara: siguen mantenido presencia y siguen disputándose el control del territorio. Es complicado que no se esté planteando una mirada frente a ese tema en las conversaciones, pero en algún momento se tendrá que abordar si se pretende la construcción de una agenda para la paz con justicia social.
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